El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cree necesaria la creación de un órgano autorregulador de la profesión que permita establecer criterios uniformes para diferenciar las situaciones en las que sea necesaria la colaboración de los abogados en los casos de blanqueo de dinero.
Sánchez-Stewart ha señalado que la normativa es "confusa" porque para un abogado resulta "enormemente difícil" comunicar un caso de posible blanqueo de capitales si ha llegado a su conocimiento cuando un cliente le ha pedido asesoramiento, ya que se cruzan otros principios como el secreto profesional o el de preservar la identidad de la persona.
Ha informado de que durante el año pasado, en el que se produjeron unas 6.000 comunicaciones de posibles casos de blanqueo de dinero, sólo veinticinco procedían de abogados, y que en su mayoría eran del sector financiero -notarios y registradores-.
Este asunto se tratará en el primer congreso nacional sobre la prevención y represión del blanqueo de dinero que se celebrará en Málaga a partir del 25 de junio, ha manifestado el decano del Colegio de Abogados malagueño, Manuel Camas.
En simposio reunirá a abogados de toda España que asistirán a las ponencias de profesionales de prestigio -letrados, magistrados, fiscales o catedráticos de diferentes universidades-.
"La sociedad española y europea puede tener la tranquilidad de que cuenta con una abogacía concienciada con la lucha contra el blanqueo de capitales", ha añadido Camas.
Por su parte, el profesor de derecho penal de la Universidad de Compostela Miguel Abel Souto, que será relator del simposio, ha explicado que no se trata de un fenómeno novedoso, pero que ahora ha tomado mayor envergadura por su dimensión internacional.
Ha asegurado que los señalamientos del Tribunal Superior son muy "dispares" y que normalmente tienen como paso previo el delito por drogas, aunque "esa tendencia está cambiando" y el origen cada vez es más amplio.