La primera reunión de los abogados de los Afectados tuvo lugar esta mañana con Andrés Ayala, Portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Popular.
Andrés Ayala, Portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Popular, recibió esta mañana a Elena Fuente, Presidenta de la Agrupación de Afectados, Luis Martí Mingarro, Ex Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Manuel Balado, Director de la Cátedra de Ciencias Políticas y Administración y un equipo de letrados de la firma Cremades & Calvo-Sotelo encabezado por Juan Ortiz Úrculo, ex Fiscal General del Estado, que representa a la Agrupación de más de 8.000 Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo español los días 3 y 4 de diciembre del pasado año.
Luis Vericat, abogado y portavoz del equipo de letrados de Cremades & Calvo-Sotelo, explicó que "en la reunión se ha solicitado el apoyo de los diferentes Grupos Parlamentarios a una moción destinada a que AENA ofrezca una solución justa y sin dilaciones en el tiempo a los reclamantes por los daños y perjuicios causados".
La Agrupación ha anunciado que reclamará ante AENA 10.000 euros por afectado por los daños morales causados ante la imposibilidad de utilizar el espacio aeroportuario español durante más de 48 horas. El primer grupo de 8.000 afectados presentará su reclamación en las próximas semanas y, debido a que los afectados tienen de plazo para reclamar hasta el 3 de diciembre de 2011, los abogados de la Agrupación anunciaron que otros dos grupos de afectados se sumarán a la reclamación en los meses de octubre y diciembre de este año.
Al terminar esta primera reunión, Luis Vericat también señaló que "queremos proponer a los Grupos Parlamentarios modificaciones concretas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas para que no vuelva a repetirse una situación como la vivida por varios cientos de miles de españoles".
Cierre del espacio aéreo
Miles de personas que desde el viernes 3 de diciembre tenían que viajar no pudieron hacerlo por la huelga encubierta de los controladores aéreos. Muchos viajeros que ya habían embarcado fueron obligados a descender del avión y quienes aún se encontraban en el aeropuerto esperando la señal de embarque fueron avisados de que sus vuelos no saldrían, y los aviones que ya habían despegado y que tenían que aterrizar en algún aeropuerto español fueron desviados a aeropuertos de otros países. Además, aviones que procedían de otros países con destino a España no pudieron aterrizar en aeropuertos españoles.
Las autoridades decían que todo lo que estaba sucediendo se debía a un problema con los controladores que se habían ausentado de sus puestos de trabajo y AENA, la agencia estatal responsable del control del tráfico aéreo decidió cerrar el espacio en todo el país.
Al día siguiente el Gobierno declaró el Estado de Alarma. Unos meses después AENA y los controladores llegaban a un acuerdo entre ellos, mientras que miles de viajeros que fueron obligados arbitrariamente por decisión de AENA a no poder viajar en esos días siguen, a día de hoy, sin ser indemnizados por los daños.
Los representantes de la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, que agrupa al mayor número de perjudicados, han señalado que "no estamos dispuestos a permitir que violen impunemente nuestros derechos ni a que se nos vuelva a tomar como rehenes".
La presidenta de la Agrupación Elena Fuente, matizó que "ya somos un grupo enorme de 10.000 demandantes y seremos muchos más, pues hay plazo para reclamar hasta el 3 de diciembre. Estamos convencidos que esta vez sí se hará justicia y que los graves incidentes significarán un antes y un después en la responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos".
