Los criterios ecológicos estarán presentes en la contratación pública. Al menos ese es el objetivo que se ha marcado el Gobierno por medio de la aprobación de un Real Decreto mediante el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de dichos criterios en los contratos con la Administración.
La Comisión se constituirá como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Su principal función será la de velar para que la contratación pública ecológica (CPE) "sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles, para lo que se requiere una cooperación eficaz entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado, ya que las responsabilidades en materia de contratación se encuentran divididas entre todos ellos". El Gobierno, que aprobó el Real Decreto en su reunión del pasado viernes, también informó de que "tendrá una especial consideración los aspectos relativos a la huella de carbono en la línea de reducir los impactos medioambientales de la actividad de la organización".
Ley de Contratos del Sector Público
La norma verá la luz apenas dos meses después de que el BOE publicase la tan esperada Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Se trata de una reforma legislativa de gran importancia por razón de la materia, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Al hilo con este marco normativo, el Ejecutivo afirma que la Administración General del Estado "lleva trabajando varios años, incorporando en las distintas fases de la contratación elementos de eficiencia energética o de utilización adecuada de los residuos y reducción de su generación".
La ‘Agenda 2030' como desafío del futuro inmediato
Todo ello se enmarca dentro de una estrategia internacional que tiene como objetivo fundamental crecer de forma sostenible y dentro de la cual destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se reconoce que éste es uno de los mayores desafíos del futuro inmediato. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad común y universal. Cada Estado fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dentro del ámbito de la Unión Europea, hay que tener en cuenta su vinculación directa con la Estrategia Española de Economía Circular, que actualmente se está elaborando, y que, entre otras cuestiones, incorpora la Contratación Pública Ecológica como elemento fundamental.