Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, comenta a Legal Today que: "Las reticencias culturales y resistencias históricas al arbitraje desde hace varios años no son tales, sino todo lo contrario.
Joaquín de Fuentes Bardají, Abogado General del Estado, acompañado por Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, y Alberto Dorrego de Carlos, presidente del Tribunal de Arbitraje para la Contratación Pública (Tacop), participó en un desayuno de trabajo patrocinado por Aeade en el Hotel Hesperia Madrid.
El Abogado General del Estado explicó que el problema de que en España no se incluya el arbitraje en los pliegos de contratación pública es fundamentalmente "cultural y de diseño", que es "necesario trasladar al accionista" la inquietud-necesidad en el uso del arbitraje, ya que "la solución pronta que aporta el arbitraje es un valor que se reflejará en la cuenta de resultados".
"Los ADR's son la mejor alternativa a la justicia ordinaria": De Fuentes Bardají comenzó su ponencia presentándola como "una reflexión desde lo público", dada su experiencia en el ámbito del asesoramiento para, partiendo de las premisas: "Con una Ley buena-la de 2003-, con un buen ejemplo como el del propio Tacop y con un buen sistema, ¿por qué el arbitraje no funciona? Sobre todo, por un principio de resistencia y reticencia histórica de las Administraciones Públicas y sus responsables que les ha llevado a renunciar al principio de autotutela, con independencia del Gobierno de turno", añadir que "el fracaso en la práctica del arbitraje ha hecho que se disparen las instituciones mediadoras". Y explicó la necesidad de que la sociedad española vea en los ADR's (medios alternativos de resolución de conflictos) "la mejor solución alternativa a la justicia ordinaria."
"El juez en contraposición al árbitro no es especialista"
De Fuentes Bardají introdujo como gran ventaja del arbitraje "el plazo, sin duda, sí es una ventaja competitiva (dada la utilidad de tener una solución inmediata), puesto que se trata de seis u ocho meses en el caso del arbitraje frente a los tres o cuatro años de un pleito, lo que conlleva una serie de desventajas: después de cuatro años puede haber cambiado incluso el juez; y la especialización, el juez no es un árbitro especializado en comparación con el plantel de árbitros del Tacop -gente de altísima cualificación, de construcción intelectual perfecta para cada materia." Y añadió que "los jueces no son especialistas en todo, ellos mismos confiesan que, en ocasiones, se pierden."
Abogó por la utilización de los ADR's y, especialmente, haciendo referencia al Tacop "cuando se trata de tribunales especializados con personalidades con gran conocimiento de lo público."
"No tendría inconveniente en someterme a arbitraje"
De Fuentes Bardají declaró que "no tendría inconveniente en someterme a arbitraje" y defendió el trabajo de las instituciones de arbitraje en relación con "impulsar el uso del arbitraje ante la aparición de conflictos, y fomentar que las partes sepan que pueden recurrir a este mecanismo; además, animó a explorar de nuevo mecanismos de mediación no exitosos hasta el momento"; dado que la sociedad, tarde o temprano "buscará este tipo de fórmulas."
Según el Abogado General del Estado: "En diez años, desde 1998 a 2008 sólo un Juzgado de lo Contencioso ha intentado procesos de mediación. Lo que demuestra que la capacidad de búsqueda de acuerdo sigue coja." En relación con la utilización del arbitraje aludió a que un total de "172 entidades-sólo estatales-están dentro de la órbita de someter a arbitraje sus discrepancias contractuales con el sector privado".
Abogó por la utilización de los ADR's y, especialmente, haciendo referencia al Tacop "cuando se trata de tribunales especializados con personalidades con gran conocimiento de lo público."
Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, comenta a Legal Today que: "Las reticencias culturales y resistencias históricas al arbitraje desde hace varios años no son tales, sino todo lo contrario. Simplemente, esta posibilidad, que aplauden los responsables jurídicos de los organismos, entes y sociedades públicas, muchos de ellos Abogados del Estado, no ha sido considerada al no existir una institución y unos expertos que garanticen experiencia, especialización y certidumbre. La redacción del la Ley de Contratos del Estado, la relación de expertos que ofrece Aeade, a través del Tribunal De Arbitraje para la Contratación Pública, Tacop, y el análisis escrupuloso de las circunstancias del árbitro a fin de evitar la mínima duda sobre el conflicto de intereses, están llevando a las sociedades públicas a apostar por esta herramienta."
Y añade: "Es cierto que el uso del arbitraje en contratación pública ha brillado por su ausencia por el simple hecho de que no se han planteado hacerlo, pero una vez analizados los pros y los contras el apoyo es mayoritario."
