Planteada y defendida por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en enero de 2010, con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
El Consejo de Ministros de Justicia de la UE ha aprobado en Bruselas, por unanimidad, la Orden Europea de Protección, presentada en enero de 2010 por el ministro de Justicia de España, Francisco Caamaño, con el apoyo de otros once países miembros (Bélgica, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia).
El objetivo de esta iniciativa, una de las propuestas prioritarias de España durante su presidencia del Consejo de la UE, es que todos los países de la Unión apliquen a las víctimas de cualquier otro Estado las mismas medidas de protección que se hayan dictado en su país de origen; caso, por ejemplo, de una orden de alejamiento para un maltratador. A partir de ahora, por tanto, las víctimas estarán más protegidas.
La Orden de Protección, primer instrumento de reconocimiento mutuo de la Unión Europea dirigido a las víctimas, responde de manera eficaz a la necesidad de prevenir las conductas delictivas que pudiera volver a cometer un agresor contra su víctima en otro país al que ésta se hubiera desplazado, asegurando de este modo que la libertad de desplazamiento, una de las libertades básicas de la Unión Europea, no entrañe para ella una merma de su seguridad.
La aprobación de la Orden Europea de Protección ha exigido numerosos esfuerzos por parte del Ministerio de Justicia, con el apoyo también del entonces Ministerio de Igualdad y el eficaz trabajo desarrollado por las eurodiputadas ponentes Carmen Romero y Teresa Jiménez-Becerril. El primer obstáculo -motivado por las discrepancias planteadas por la Comisión- se salvó con el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) celebrado en junio de 2010; posteriormente, en diciembre de ese año, el Pleno del Parlamento Europeo declaró su fuerte respaldo, que ahora cristaliza con el apoyo del Consejo.
El Ministerio de Justicia implanta el primer protocolo medico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género
El Ministerio de Justicia implantará el primer protocolo medico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, a partir del 26 de septiembre, en los Institutos de Medicina Legal del territorio ministerial. Se trata de un procedimiento destinado a los médicos forenses que prestan servicio en las Unidades de Valoración Forense Integral de los Institutos de Medicina Legal, mediante el cual, y a petición judicial, se determina una valoración de riesgo en menos de 72 horas, tiempo máximo de que dispone la autoridad judicial para adoptar medidas cautelares contra la persona acusada.
El pasado 6 de julio de 2011, el Ministerio de Justicia presentó el borrador del documento, elaborado a instancias de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y con la participación de directores de Institutos de Medicina Legal del territorio ministerial así como con aportaciones de reconocidos expertos en la materia.
Tras su presentación pública y remisión a las Comunidades Autónomas, Institutos de Medicina Legal y otras asociaciones e instituciones, se abrió un período para recibir aportaciones y sugerencias que permitieran enriquecerlo. Transcurrido dicho período, desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se ha procedido a ultimar el protocolo con las sugerencias y aportaciones recibidas, por lo que comenzará su implantación en los Institutos de Medicina Legal del territorio ministerial.
También será remitido a los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia por si consideran oportuno incorporarlo a sus protocolos de trabajo. En esta misma línea de colegiación de esfuerzos y puesta en común entre instituciones, este protocolo se trasladará al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado.
La versión definitiva del protocolo estará disponible en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) y, además de incorporarlo al nuevo aplicativo de los Institutos de Medicina Legal que está en desarrollo, próximamente está prevista su edición digital a través del servicio de publicaciones de este departamento.
