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06/05/2024. 04:43:34

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Más protección para los consumidores europeos ‘online’

Periodista jurídica

En la actualidad, más de ciento cincuenta millones de ciudadanos de la Unión Europea realizan compras a través de Internet. Sin embargo, sólo treinta millones de esos ciudadanos realizaron compras transfronterizas. Para salvar esta diferencia, la Unión Europea aprobó el pasado octubre una Directiva sobre los derechos de los consumidores con las que se pretende proteger sus derechos en las operaciones transnacionales que se celebren a través de Internet y aumentar así la confianza en un mercado que genera más de 25.000 millones de euros al año.

Icono de compra por internet

Y todo ello en un momento como el actual en el que como la propia Comisión europea reconoce "el poder adquisitivo es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos". Aunque la Directiva también permitirá ahorrar a los propios vendedores: se calcula que se reducirá hasta un 97% de los costes que sufren para adaptarse a las diferentes normas nacionales.

Pero, sin duda, el comprador es el gran beneficiado, a través de, fundamentalmente, de cinco grandes novedades.

1.    Derecho de desistimiento hasta los 14 días.

La principal novedad de esta Directiva es la introducción de un plazo de 14 días (frente a los 7 días previstos actualmente) para devolver cualquier producto comprado a distancia. Durante estas dos semanas – comenzará a contarse desde que el consumidor reciba la mercancía, y no desde el momento en que se celebra el contrato, como sucede actualmente – el consumidor podrá devolver el producto sin tener que indicar los motivos de su decisión ni sin que sea penalizado. Además, la Directiva incluye una garantía más: en los casos en que el vendedor no informe al cliente sobre este derecho de desistimiento, el periodo se ampliará hasta un año.    

2.    Derecho de reembolso

Por su parte, el comerciante deberá devolver a los consumidores el dinero del producto en el plazo de 14 días a partir del desistimiento, incluidos los gastos de entrega. Para facilitar aún más este desistimiento, la Directiva incluye un modelo de formulario que el consumidor podrán utilizar (aunque no estarán obligados a ello). Sin embargo, desde las asociaciones de consumidores españoles han señalado un punto negativo de la nueva regulación: y es que la Directiva impone los costes de devolución al consumidor, salvo si el comerciante ha optado por asumir dicho.

3.    Aumento de claridad en los precios

A partir de ahora, los vendedores deberán informar de forma clara el coste total del producto, de forma que el comprador no tendrá que pagar aquellos gastos de los que no haya sido informado.  Además, la comisión que se aplique por el uso de un determinado medio de pago, por ejemplo, por la utilización de tarjetas, no podrá ser superior al coste que tiene para el vendedor el uso de dicho medio.

4.    Prohibición de "casillas marcadas"

Al comprar en línea, por ejemplo, al comprar un billete de avión, se suele ofrecer a los consumidos servicios adicionales, como seguros o alquiler de coche a través de una serie de casillas que suelen estar marcadas de antemano. Pero esta situación se acabó: a partir de ahora estará prohibido que estas casillas ya estén marcadas, intentando evitar así que el consumidor asuma algo que no ha contratado.

5.    Más información

Por otro lado, la propuesta de Directiva establece que la información mínima que el vendedor deberá proporcionar al consumidor deberá ser suficientemente clara y comprensible y estar adaptada al medio de comunicación utilizado. Así, el vendedor deberá proporcionar una serie de información mínima que incluye el precio incluidos todos los impuestos y gastos de transporte; las modalidades de pago, entrega y funcionamiento; la existencia de garantías comerciales; la duración del contrato o las obligaciones del consumidor derivadas del contrato.

Sin embargo, aún le queda un largo camino a esta Directiva para que los recién adquiridos derechos de los consumidores sean efectivos: la Directiva se publicará en el Diario Oficial antes de finales de año y los Estados tendrán hasta dos años para incorporarlos a sus ordenamientos jurídicos. Todo para dar un paso más en la armonización de los derechos y potenciar así un mercado en auge.

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