La medida, similar a las introducidas en Estados Unidos, Canadá, Irlanda o Portugal pretende reducir el stock de viviendas. Está dirigida al mercado chino y ruso. La propuesta ha suscitado el rechazo de la oposición, la abogacía o las asociaciones de inmigrantes
El Gobierno estudia conceder el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en nuestro país por un importe superior a 160.000 euros para reactivar la demanda externa de vivienda, en un momento en el que la demanda nacional está paralizada y apenas se da salida al excedente de pisos construidos sin vender.
El Secretario de Estado de Comerció, Jaime García Legaz, anunció ayer, durante un desayuno informativo, la intención del Gobierno de realizar en "algunas semanas" un cambio normativo en materia de extranjería que permita otorgar el permiso de residencia a aquello extranjeros que adquieran viviendas de un importe superior a 160.000 euros en España
El precio mínimo de 160.000 euros pretende ser un "nivel equilibrado" que no de "lugar a una demanda masiva de permisos de residencia".
Este incentivo a la compra de pisos por inversores extranjeros ya había sido avanzada por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado miércoles, 14 de noviembre, donde avanzó que el Gobierno estaba acelerando los permisos de residencia de los extranjeros que adquieren inmuebles en España… recibiendo escasa atención, eclipsada por la huelga general y por la tramitación por el procedimiento de urgencia en la Comisión de Justicia del Senado de la controvertida Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.
La medida, similar a las adoptadas en países de nuestro entorno europeo como Irlanda y Portugal, así como en Estados Unidos y Canadá, se halla dirigida principalmente a los mercados chino y ruso.
El Presidente del Gobierno, en una rueda de prensa conjunta con Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, declaró que "no hay tomada ninguna decisión por parte del Gobierno. Queremos que salgan a la venta las viviendas que hay en stock a precios razonables".
Los ministerios afectados -Interior, Exteriores, Fomento, Empleo, Economía y Hacienda- en principio tienen previsto reunirse hoypara diseñar el cambio normativo con el que se pretende reducir el actual stock de viviendas aprovechando la demanda del sector inmobiliario existente fuera de España y la atractiva situación que ofrece el mercado de viviendas español ante la considerable caída de precios que ha sufrido.
Ante las críticas a la medida, García Legaz defendió la propuesta en el programa Hora 25 de la Cadena SER insistiendo en que "la idea es proponer soluciones al stock de viviendas" y que la medida afecta a ciudadanos extranjeros con niveles de renta elevados, y explicando que la obtención de este permiso de residencia no permitiría trabajar en España, ni escolarizar a los hijos o acceder a la sanidad pública.
El PSOE tacha la medida de "inverosímil" y considera que se "mercantiliza·el permiso de residencia
La vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano ha señalado que en los términos en que se ha formulado "no parece ni siquiera verosímil", mientras que la secretaria de Cooperación e Inmigración, Marisol Pérez Domínguez, ha acusado al Ejecutivo de "mercantilizar" el permiso de residencia y de "meterse a comercial de los promotores inmobiliarios".
La abogacía ve arbitrariedad, amiguismo o corporativismo
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, pese no conocer esta propuesta del Gobierno de reforma de la Ley de Extranjería, la ha calificado de "parche" que sólo serviría para "solucionar situaciones muy concretas en las que cabría incluso cierta arbitrariedad o amiguismo o corporativismo", afirmando que "la solución tiene que venir de la mano de leyes generales que resuelvan problemas generales".
Las asociaciones de inmigrantes la consideran discriminatoria
La medida, para el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), Víctor Sáez, es una "medida desesperada" y "supone una vulneración de derechos", ya que implica "condicionar un derecho", como es el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada, al dinero.
Por su parte, el presidente de la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, considera que la propuesta está destinada a "captar a cierto tipo" de inmigrante, pero no a la mayoría.
