De los 767 procedimientos sancionadores resueltos a entidades del sector privado en 2010, 591 resoluciones finalizaron con una sanción. El montante total de las sanciones económicas ha alcanzado 17,4 millones de euros, descendiendo casi un 30% respecto al año anterior.
La Memoria 2010 de la Agencia Española de Protección de Datos, presentada la semana pasada, refleja que los ámbitos que acumularon un mayor número de actuaciones de investigación son las telecomunicaciones, con 1.170 actuaciones de inspección iniciadas, y el sector de la videovigilancia, con 819; lo que significa un incremento porcentual cercano al 29% y al 14% respectivamente. Le siguen entidades financieras (691), sector que tradicionalmente se ubicaba en segunda posición, Internet (168), y las comunicaciones comerciales no solicitadas, spam (126).
Entre los principales motivos de denuncia y reclamación registrados en 2010, como en años anteriores, destacan las relativas al tratamiento de datos en la esfera de la morosidad, con cerca de 900 actuaciones previas de investigación -principalmente vinculadas a los sectores de telecomunicaciones, financiero y suministros de energía-, por cuestiones como la inclusión indebida de datos en ficheros de morosidad, cesión de datos a empresas para el recobro de deudas, vulneración del deber de secreto al intentar cobrar la deuda, divulgando la supuesta cuantía a familiares y allegados para forzar el cobro, o la utilización de datos para la contratación fraudulenta de servicios.
En la esfera de la morosidad, destaca asimismo que en 2010, la AEPD inició 311 procedimientos de tutela de derechos que tenían relación con el derecho de cancelación, alegando una indebida inclusión en ficheros de morosos. Asimismo, se multiplicaron las consultas a la Agencia sobre ficheros de morosos, destacando el aumento de preguntas relativas al cobro de deudas por terceros distintos del acreedor, como despachos de abogados o empresas de recobro.
Entre las reclamaciones relacionadas con el ámbito de la videovigilancia, que se consolida como una inquietud habitual de los ciudadanos, destacan las reclamaciones sobre la ausencia de carteles informativos, la grabación o captación de imágenes de la vía pública, y la instalación de cámaras en espacios comunes en comunidades de propietarios y garajes.
La Memoria evidencia también la consolidación de la relevancia adquirida por Internet. En concreto, se iniciaron 168 actuaciones de investigación relacionadas con servicios prestados a través de Internet, y vinculadas principalmente a casos de insuficiente implantación de medidas de seguridad, difusión no autorizada de datos y suplantación de identidad.
Entre los servicios que aglutinaron mayor número de denuncias se encuentran las redes sociales, con una tendencia creciente de denuncias y tutelas; la difusión de datos en foros o blogs; portales de video, y portales de contactos personales; los servicios de correo electrónico, por no utilizar la copia oculta en el campo de direcciones; y Servicios de Comercio Electrónico y Administración Electrónica, por vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de los datos. Asimismo, se han registrado denuncias relativas a servicios de localización de información personal – con datos personales no actualizados relativos a nombre y apellidos, domicilio, teléfono y operador incorporándose un mapa-callejero del domicilio, en directorios o buscadores de personas.
Cabe destacar las investigaciones iniciadas de oficio a grandes compañías del sector de Internet como Google,-por el servicio Street View-, y Facebook y Myspace, por supuesta transmisión de datos de perfiles a anunciantes y otras empresas.
Junto a ello, el llamado derecho al olvido en internet, se ha configurado como un derecho cada vez mas reclamado por los ciudadanos. Las solicitudes de ciudadanos pidiendo que se cancelen sus datos en Internet, u oponiéndose a que éstos sean recuperados por buscadores, se han incrementado.
En concreto las solicitudes para que la AEPD tutelase los derechos de cancelación y oposición, por la publicación de datos personales, principalmente, en diarios oficiales, medios de comunicaciones digitales y sentencias, y su indexación por parte de buscadores se han incrementado en un 56%,- aproximándose al centenar en 2010- (frente a las 57 recibidas en 2009, las 18 en 2008 y en 2007 sólo 3). Asimismo, la Agencia resolvió en este ámbito en torno a 110 tutelas en 2010- frente a las 24 de 2009-, de las cuales 98 se refirieron al derecho de cancelación y oposición de ciudadanos respecto a la indexación por buscadores de Internet de datos. El 75,5% de las resoluciones estimaron las reclamaciones de los ciudadanos.
