La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España por no comunicar su legislación nacional por la que se transponen las normas de la UE destinadas a proteger a los trabajadores de las sustancias químicas cancerígenas (Directiva 2017/2398). Esta Directiva es la primera revisión de la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos (2004/37/CE) y fija valores límite nuevos o revisados para la exposición de los trabajadores a trece sustancias cancerígenas. Los Estados miembros debían transponer la primera actualización de la Directiva y comunicar las medidas nacionales de transposición a la Comisión a más tardar el 17 de enero de 2020. En mayo de 2020, la Comisión ya envió una carta de emplazamiento a España, y ahora da seguimiento a este procedimiento mediante un dictamen motivado. España dispone de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión, de no hacerlo así, la Comisión podría optar por llevarla ante el TJUE.
Asimismo, la Comisión Europea ha decidido enviar un dictamen motivado a España, entre otros Estados miembros por no cumplir todos los requisitos de la Directiva 2004/54/CE. En la Directiva se establecen medidas mínimas de seguridad en relación con la infraestructura y el funcionamiento de los túneles. Se aplica a todos los túneles de la red transeuropea de carreteras de longitud superior a 500 metros. España dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir esta situación; de no hacerlo, la Comisión podría optar por recurrir al TJUE.
Por último, la Comisión Europea pide a España que refuerce la protección de la tórtola común, tal como exige la Directiva sobre aves (Directiva 2009/147/CE). Tanto el Pacto Verde Europeo como la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad indican que es fundamental que la UE ponga fin a la pérdida de biodiversidad y que la proteja y la restablezca. España acoge a más de la mitad de la población reproductora de tórtola común de la UE. Por consiguiente, el territorio español es de vital importancia para la conservación de esta especie. Dado que España no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la protección de los hábitats y la caza sostenible de esta especie, la Comisión le envió una carta de emplazamiento en 2019. Las autoridades españolas no han respondido satisfactoriamente, por lo que la Comisión envía un dictamen motivado a España, la cual tiene dos meses para actuar; de no hacerlo, la Comisión podría optar por recurrir al TJUE.
Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_2142
