Todos los partidos mencionan y se ocupan del tapón en los juzgados. Que el Consejo General del Poder Judicial está politizado no es un secreto. Tampoco, que ni siquiera los políticos están cómodos con sus propios frutos. El PP prevé la cadena perpetua revisable. CiU diseña un esquema judicial autonómico para Cataluña. PSOE, IU y PP hablan de reformar el acceso a juez y fiscal, sustituyendo la oposición "memorística"
La Justicia preocupa, y más que nunca en unos momentos en los que la crisis económica, se ve acentuada en parte por la incapacidad de los tribunales por dar salida a los asuntos con un ritmo aceptable a pesar de la puesta en marcha del plan de modernización de la Justicia, con un despliegue económico digno de momentos de abundancia. En estas elecciones no sólo el plano económico es el punto fuerte de los programas electorales de los partidos: también la Justicia tiene su papel, y es lo que vamos a exponerles aquí.
De la concepción que se tenga de la Justicia dependen muchos votos. En política son naturales las diferentes concepciones de la Justicia: se hace una política judicial, del mismo modo que se hace una de pensiones, o educativa. Estudiando los programas electorales de los partidos políticos se ve que los problemas que se identifican son aproximadamente los mismos, lo que puede llevar a razonar por qué siguen pesando, año tras año, en la sociedad.
Conciencia del CGPG y de la Abogacía de que la Justicia tiene un peso grande en la calle
Carlos Dívar, presidente del TS y del CGPJ decía en la inauguración de este año judicial "Las difíciles circunstancias económicas inciden en los tribunales desde una doble perspectiva: por una parte aumentan los conflictos, y su complejidad en algunos órdenes jurisdiccionales y, por otra, limitan los recursos destinados a modernizar la administración de justicia y a adecuar los medios humanos y materiales a las necesidades del momento actual y a las del futuro previsible". Para ir hacia una mejora, continuaba Dívar, "estoy seguro de que todos comprenderán y compartirán que la necesidad de contar con una estructura judicial y con unas leyes procesales estables, fruto de un acuerdo político lo más amplio posible es fundamental pues a todos beneficia el correcto funcionamiento de la justicia, igual que su mal funcionamiento comporta unos perjuicios generalizados, entre otros, mayores costes".
Y a finales de octubre, Carlos Carnicer, inaugurando el X Congreso de la Abogacía, en Cádiz, decía que "se ha parcheado muchísimas veces la estructura, pero el sistema para la Administración de Justicia no consigue coger el paso de la sociedad a la que sirve. Y leyes tan vitales para impartir Justicia como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882) o el Código Civil (1889), pensados para la sociedad del siglo XIX, siguen vigentes en pleno siglo XXI". Continuaba diciendo que "el servicio público de Justicia no ha funcionado ni a satisfacción de sus demandantes, los ciudadanos, ni de los profesionales que en ella actuamos", pidiendo a continuación "oíd a los abogados no sólo en el juzgado"
Reforma del acceso a la Carrera Judicial
El Ministro Caamaño ha dicho muchas veces que hay que cambiar el acceso a la judicatura desde erradicación de la prueba memorística. Esta medida tiene sus adeptos: la oposición está rozando niveles de saturación en todos los sentidos- pero también detractores. De hecho, en enero de este año el CGPJ dio el visto bueno a un informe del Grupo de Estudios sobre los modelos de acceso a la Carrera Judicial que también iba en este sentido. Así que quizá le quede poco a las oposiciones.
Hay planes concretos tanto en PSOE como en IU:
- Sustitución del sistema clásico de acceso por oposición por un aprueba de acceso a la escuela judicial en la que los aspirantes accedan por examen en base a temario que no esté basado en ejercicios únicamente memorísticos y otros por medio de acreditación de méritos.
- Instauración, en lugar de las clásicas oposiciones, de un postgrado unido pruebas en los juzgados y con un período de prácticas de al menos un año bajo la supervisión de un juez titular. Planificación de becas para ese postgrado.
- Posibilidad de solicitar, previa habilitación por una comisión, incorporarse como especialista a un determinado orden jurisdiccional.
El PP hace una declaración más genérica: "Mejoraremos la selección, la formación y la carrera de jueces y magistrados, dotándoles de garantías de objetividad y competencia"
Independencia judicial
Que el Consejo General del Poder Judicial está politizado no es un secreto. Tampoco, que ni siquiera los políticos están cómodos con sus propios frutos: los partidos se ocupan de ello:
El PP ha programado reformar el sistema de elección de los Vocales del CGPJ para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por Jueces y Magistrados de todas las categorías Judiciales.
En el mismo sentido, Izquierda Unida quiere un régimen de incompatibilidades y requisitos para garantizar que los vocales del Consejo General del Poder Judicial actúan de forma autónoma, sin vínculos ni relaciones de dependencia con otras instancias o poderes. Para IU, el Consejo General del Poder Judicial tendrá como actuación prioritaria la defensa de la independencia de los jueces, mediante una regulación que proteja a los miembros de la judicatura que sean atacados en sus funciones de forma infundada.
Proceso: legislación y litigiosidad
El programa del PSOE alude a una lista de espera judicial de asuntos, que será pública. La ley determinará qué se considerará como lista de espera judicial excesiva.
En esos casos, el titular del juzgado, o tribunal, elaborará un plan para la reducción de su lista de espera judicial, y la Ley determinará los efectos que el eventual incumplimiento del Plan tendrá en el desarrollo de la carrera del juez y, en su caso, en términos de eventuales sanciones.
El PP también se fija en el tapón de los tribunales. De hecho, programa un replanteamiento de los plazos en los procesos judiciales y la coordinación tecnológica entre tribunales: la modernización no está siendo un milagro en el interior de las sedes de la Justicia. Además, prevé reforzar el principio de oralidad y revisar el sistema de recursos, cuantías y costas procesales. Juicios rápidos en lo civil, fortalecimiento de los títulos ejecutivos y de la ejecución de sentencias.
Respecto a la legislación procesal, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. A un texto nuevo también apunta CiU, incluyendo la posibilidad de juicios penales exprés y mediación penal.
UPyD mete el dedo en la yaga: dice que derogará la normativa procesal que, bajo términos como "agilización" o "modernización", suponga una restricción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al suprimir o reducir la posibilidad de recurrir en apelación o casación, con la consiguiente inseguridad jurídica derivada de disparidad de criterios, incluso en la misma provincia, y el consiguiente incremento de la litigiosidad. Se refiere, sin duda, a la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
El PNV contiene en su programa varias medidas en cuanto a legislación de corte procesal. Concretamente, dos derogaciones. Programa:
1.-Derogación de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo.
2.-Derogación de la legislación antiterrorista y persecución inmediata de los casos de malos tratos y torturas que se pudieran producir en centros de detención.
Diseño judicial autonómico
Nos fijamos en CiU y PNV, pero el PSOE también alude a ello: "la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la administración de justicia al Estado autonómico de acuerdo con las reformas de los Estatutos de Autonomía aprobados durante estas dos últimas legislaturas."
CiU quiere:
- Modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer posible que Barcelona disponga de un juzgado de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios y una Sección de la Audiencia, rompiendo el actual sistema de un único juzgado para todo el Estado y en la línea del resto de Estados de Europa.
- Implantar juzgados mercantiles en Cataluña de acuerdo con la estructura económica, poblacional y volumen de asuntos catalana.
- Modificar la categoría de Gerona, Tarragona y Lerida en los grupos poblacionales previstos en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, para adecuar la retribución de fiscales, jueces y magistrados al tamaño de estas sedes.
- Establecer medidas para dar la estabilidad a los órganos de la Administración de Justicia en Cataluña para reducir la elevada rotación de personal que sufren.
- El PNV es más escueto, también porque el País Vasco tiene ya a nivel autonómico muchas competencias de Justicia trasferidas:
- Fijar que la organización judicial culmine, en cada Comunidad Autónoma, en los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad. Ante ellos se agotarán las sucesivas instancias procesales, incluidos los recursos de casación o la última instancia que proceda en todos los órdenes de la jurisdicción. con la única excepción, en el conjunto del Estado, de la jurisdicción del Tribunal Supremo.
- Limitar el poder del CGPJ en las autonomías: que el gobierno del poder judicial en el ámbito de cada comunidad autónoma corresponderá al correspondiente Consejo de Justicia.
- Aumentar las competencias de la policía autonómica: que las policías autonómicas, como la Ertzaintza, que tengan el carácter de integrales serán a todos los efectos la policía judicial en el ámbito de la correspondiente comunidad autónoma.
Cadena perpetua con posibilidad de dar marcha atrás o "prisión permamente revisable": el PP lo incluye
Tras los casos que podemos ver en televisión, y la campaña que surgió sobre todo tras el triste "Caso Mariluz", se perdió el miedo a hablar de meter en la cárcel a alguien para siempre, o en principio para siempre. El PP introduce la prisión permanente revisable en su programa.
En realidad, instaurar esta medida es una de tantas: el Partido Popular tiene en el horno una profunda reforma del sistema de penas previstas en el Código Penal.
Menos sensación de dificultad del ciudadano de a pie al plantearse ir a la Justicia: UPyD
UPyD quiere despejar la vista a quien quiera ir a juicio, y en su programa establece:
- Promover el uso de un lenguaje claro en el ámbito judicial en su relación con los ciudadanos, de modo que los procedimientos judiciales sean comprensibles sin necesidad de asesoría profesional.
- Acabar con la proliferación normativa injustificada y con las reformas efímeras de leyes que precisan estabilidad para potenciar la seguridad jurídica y consolidar criterios jurisprudenciales.
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