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02/10/2022. 02:09:23

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Recapacitando dos meses de actividad del Consejo General del Poder Judicial

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En sesenta días de andadura, el órgano de gobierno de los jueces se ha ido ganando una imagen de seriedad ante la ciudadanía; que también, por otro lado, refuerza expresamente con sucesivas convocatorias y declaraciones públicas. La coyuntura de crisis económica y casos de llamativos errores judiciales han propiciado que el CGPJ esté más en primera línea que de costumbre.

Recapacitando dos meses de actividad del Consejo General del Poder Judicial

A finales del mes de septiembre se concluyó un proceso que se antojaba infinito. Fue tras mucho tiempo de interinidad y ataques públicos y privados cuando, tras el encuentro entre Gobierno y oposición de julio,  todo echo más o menos a andar. El nombramiento como Presidente de un magistrado que, aunque con gran responsabilidad, había pasado desapercibido a la prensa, en contra de todo pronóstico fue el primer paso para un período de mandato que se vislumbra tranquilo, a pesar de la frustración que provocó el nombramiento de los nuevos vocales del Pleno del CGPJ.

En el ejercicio de sus funciones, el nuevo Consejo ha impulsado, en colaboración con el Gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas y los restantes órganos de gobierno del Poder Judicial, un Plan de Modernización de la Administración de Justicia. También ha adoptado medidas concretas y urgentes, esencialmente de refuerzo de órganos judiciales con problemas de funcionamiento o en vías de saturación,  para mejorar el servicio público que se presta a los ciudadanos y las condiciones profesionales de Jueces y Magistrados.

El Consejo General del Poder Judicial considera que en estos dos meses desde su constitución ha dado muestras visibles de su apuesta por mejorar las deficiencias de todo tipo que, desde hace años, aquejan a los juzgados y tribunales. Para ello ha iniciado una política de diálogo y colaboración con las Administraciones Públicas y con los representantes del colectivo judicial, a través de las asociaciones profesionales y de los órganos de gobierno del Poder Judicial.

Frente a la situación que se está viviendo al respecto de huelgas encubiertas de jueces, tras el estado que se creó el 21 de octubre, el Consejo General del Poder Judicial confía en la responsabilidad personal e institucional y en el sentido común de los jueces y magistrados, como integrantes que son de un Poder del Estado, para que la celebración de las Juntas, no afecte a los señalamientos ni a las actuaciones judiciales ni, por tanto, al normal funcionamiento del servicio público. El Consejo adoptará, en el legítimo ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias para asegurar la legalidad de los acuerdos adoptados en las Juntas de Jueces y para garantizar que las demandas de los ciudadanos sean atendidas de forma inmediata.

El Pleno del Consejo aprobó ayer un completo paquete de actuaciones, a corto y medio plazo, para que los Juzgados Mercantiles puedan hacer frente y dar un tratamiento adecuado al aumento de carga de trabajo derivado de la actual crisis financiera. Del paquete de medidas, destacan varias destinadas -a corto plazo- a reforzar los medios personales (Jueces, Secretarios Judiciales y personal al servicio de la Administración de Justicia) para los órganos mercantiles de todo el territorio del Estado, que dependen del específico incremento del trabajo previsto para cada uno de ellos. En aquellos lugares donde el aumento sea mayor se crearán "Juzgados Bis". Asimismo, la constitución de Servicios Comunes Concursales, u Oficinas de Información Concursales, destinadas a dar un apoyo específico a los Juzgados Mercantiles, lo que permitirá mejorar los trámites con los acreedores (recepción de escritos, comunicaciones a las partes, entrega de copias, información, etc.). También se contempla la posibilidad de que la información concursal pueda ser consultada, por acreedores y demás interesados, a través del acceso a una página Web.

Por último, también hay que destacar que el CGPJ apoya la creación de un nuevo Servicio de Mediación entre empresas y acreedores, que resolvería aquellos conflictos de naturaleza mercantil que sea posible solventar sin la intervención judicial.

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