Sólo el presidente tendrá dedicación exclusiva. Los veinte vocales seguirán ejerciendo su profesión y únicamente percibirán dietas por participar en las sesiones del Consejo que les correspondan. El presupuesto se hará en base cero, por lo que se tendrán que justificar todas las necesidades de la institución para prepararlo.
Ruiz Gallardón sigue anunciando reformas: el Código Penal, el Mercantil -nuevo, no modificación-, nacionalidad, quizá el acceso a la judicatura…pero el viernes y el fin de semana ha hablado de una que no se esperaba, que implica cambiar el Poder Judicial. ¿Puede vincularse a los escándalos de Dívar? Difícilmente. Sí al paulatino descrédito que asedia al órgano de gobierno de los jueces, desde luego politizado, porque así se quiso, y sumergido en su realidad interna y desatenta a lo que pasa en los juzgados a lo largo y ancho del país, tal y como dicen muchos.
Lo que el Ministro de Justicia quiere fundamentalmente atajar con la reforma de la LOPJ -que desde su fecha de aprobación ha tenido 42 modificaciones- es, tal y como dijo el viernes por la tarde en el campus FAES, "la politización de la Justicia y el daño que hace a la separación de poderes". Se quiere abundar en la "eficiencia y en la transparencia".
No es un secreto que no tanto los sueldos sino la profunda politización del CGPJ es un tema recurrente de crítica al órgano. En cuanto a los sueldos, sólo el Presidente tendrá un sueldo fijo, los demás serán remunerados a base de dietas. La politización, fruto del sistema por el que son elegidos se solucionaría cambiando el modo en que se accede al Consejo: los doce vocales de procedencia judicial serán presumiblemente elegidos de modo directo por parte de lo jueces y magistrados, y el Parlamento elegirá a los ocho restantes entre "juristas de reconocido prestigio". Esto era así hasta que en 1982 el Partido Socialista, en el poder, lo modificó.
El anuncio de la reforma de la LOPJ sobre todo en lo que respecta al órgano de gobierno de los jueces ha sido muy mal acogido por el colectivo judicial. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha dicho en un comunicado que "no puedo por menos que dejar constancia del drástico cambio de modelo para el funcionamiento del órgano de gobierno del tercer poder del Estado que se propone, cuyo encaje constitucional deberá ser estudiado". El portavoz de la asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria ha afirmado que el fruto de la reforma es, prácticamente, dejar sin competencias al Consejo. En el mismo sentido se han manifestado las tradicionalmente opuestas Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia.
Competencias
El órgano de gobierno de los jueces mantendría, con la reforma que se vislumbra, las competencias que la Constitución le encomienda:
- nombramientos,
- ascensos, y
- régimen disciplinario
Las decisiones relevantes seguirán en manos del Pleno, que dejará de estudiar los recursos de alzada presentados contra decisiones de la Comisión Permanente. La potestad reglamentaria quedará circunscrita a la esfera interna. Su actividad internacional deberá estar coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El informe propone que las resoluciones que adopte la Comisión Permanente agoten la vía administrativa y sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Supremo. Esta Comisión asumirá las competencias que en la actualidad se repartían una quincena de comisiones, salvo las que correspondan a la Comisión Disciplinaria y a la de Igualdad. Para que ello sea posible se potenciarán los servicios del Consejo General del Poder Judicial.
Exclusividad
Sólo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial tendrá dedicación exclusiva. Los veinte vocales seguirán ejerciendo su profesión y únicamente percibirán dietas por participar en las sesiones del Consejo que les correspondan. De ese modo, aparte de un ahorro al Estado de dos millones de euros según dijo Gallardón en el campus Faes, "no se pierde el contacto con la realidad" y se homologa con órganos similares, como es el Consejo Fiscal.
El presidente desarrollará su labor auxiliado por un vicepresidente del Tribunal Supremo, elegido por el Pleno entre la terna que proponga el primero. El vicepresidente, que no forma parte del Consejo General del Poder Judicial, le sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad. El Presidente sólo podrá ser elegido entre magistrados del Tribunal Supremo que lleven al menos tres años en el Alto Tribunal o juristas con más de 25 años de ejercicio.
El informe que ha acogido el Ministro de Justicia también propone la creación de la figura del promotor de la Acción Disciplinaria, que será un magistrado de amplia experiencia que instruirá los expedientes y acusará ante la Comisión Disciplinaria, que actuará como tribunal.
Presupuesto en base cero
El presupuesto del órgano de gobierno de los jueces se hará en base cero, por lo que se tendrán que justificar todas las necesidades de la institución para prepararlo. El Consejo General del Poder Judicial mantendrá autonomía presupuestaria, aunque no podrá fijar retribuciones o dietas y, en cualquier caso, estará sometido al control de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.
