El personal de los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España recuerda que asumir nuevas funciones no entra en su Convenio Colectivo, recientemente firmado.
Partiendo del hecho de que las insuficiencias de funcionamiento y el alto número de quejas ha llevado al Ministerio de Justicia a desjudicializar el Registro Civil para optimizar su dinámica y descargar a las sedes judiciales, parece que la institución no encuentra un acomodo definitivo tras haber sido ofrecida y prácticamente aceptada por los Registradores, posteriormente rechazada por la negativa del Ministerio a que se cobrasen aranceles por ciertos servicios, y ahora estar siendo “cortejada” por los Secretarios Judiciales, con el apoyo de los Notarios…y de nuevo por los Registradores.
El concepto del Registro Civil del que parte el Plan estratégico de modernización de la justicia 2009-2012 del Ministerio de Justicia, en su Programa de actuación nº 3, deja al margen la función jurídica que desempeña el Registro Civil en España y la materia trascendental sobre la que recae la función registral.
En el texto en el que está trabajando el Ministerio figura que el Registro Civil queda en manos de los Registradores, "con plena capacidad autoorganizativa del colectivo", pero sin percibir una contraprestación económica por ello, cosa que hace aproximadamente mes y medio provocó que se rompieran las negociaciones entre Ministerio de Justicia y Colegio de Registradores porque estos últimos veían necesario cobrar unos treinta euros por trámite que el Ministerio querría gratuitos o a lo sumo a coste de 5 euros.
Según informa el Sindicato de Funcionarios CSI-F, el Ministerio de Justicia ha retomado las negociaciones con el colectivo de Registradores de la Propiedad para entregarles la gestión del Registro Civil. CSI-F reclama al Ministerio de Justicia que "deje de jugar a la subasta con el Registro Civil y se siente a negociar con los sindicatos, por respeto a los más de 3.000 funcionarios de toda España que hoy todavía ven con incertidumbre su futuro". Para CSI-F, "la única alternativa pasa por un Registro Civil de gestión pública servido por funcionarios de Justicia especializados, ya que son ellos los que cuentan con la formación, experiencia y potencial necesarios para asumir el reto de la modernización de este servicio público".
El personal de los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España, "manifiesta su más profundo y sincero rechazo a la asunción de nuevas funciones, como es el Registro Civil, no reguladas o contempladas en el actual II Convenio Colectivo firmado recientemente y máxime cuando dichas nuevas funciones puedan contribuir a precarizar todavía aún más las condiciones laborales del personal laboral, en beneficio de los Registradores".
A la vez, el colectivo de los Secretarios Judiciales se ha ofrecido a llevar también el Registro Civil, oferta que se ha "hecho pública" en una reunión de Notarios y secretarios judiciales (primera desde hace 150 años), celebrada para debatir varios temas de actualidad como el Anteproyecto de jurisdicción voluntaria, el Registro y las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. El presidente de los secretarios judiciales, Rafael Lara, sostiene que "el colectivo de secretarios judiciales está dispuesto a encargase de su llevanza, dada su preparación y en beneficio de todos", ofrecimiento que el Notariado considera positivo".
Rafael Lara recordó que el año pasado hicieron entrega a Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, "una propuesta muy fundamentada" donde defendían que el Secretario Judicial era el empleado más idóneo para gestionar el servicio público del Registro Civil, propuesta que en la práctica parece ser ignorada, dado que el Ministerio retoma unas negociaciones que se deban por descartadas. En este sentido, tal y como ya expresaron el mes pasado cuando estaban vigentes las negociaciones de los Registradores con el Ministerio de Justicia "en el caso de permanecer en el ámbito de la administración de justicia, los secretarios judiciales constituimos un Cuerpo superior jurídico con formación equivalente a la de todos los demás Cuerpos superiores, y por tanto capacitado para dirigir las oficinas de un Registro Civil público, universal y gratuito".
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil
La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, publicada el 22 de julio del mismo 2011 aún no ha entrado en vigor. Su Disposición final décima establece que la Ley entrará en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación. Éstas se refieren a la puesta a disposición de los datos de identificación personal de nacionales y extranjeros, la Inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura, la adquisición de la personalidad, que ha pasado a ser en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno y la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura.
La Ley especifica en su Disposición final décima que hasta su entrada en vigor, el Ministerio de Justicia adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles dentro del proceso de modernización de la Justicia, y ahí entraría esta novedad de los Registradores.
