La Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), con sede en Bélgica, es una cooperativa a la que están adheridas unas ocho mil entidades bancarias, gestoras de valores y clientes corporativos a través de la que el sector financiero hace sus operaciones de modo seguro. Tras los atentados de Nueva York, y para prevenir posibles ataques a través del análisis de los movimientos bancarios –cada uno de los movimientos, también por ejemplo cuando usted ingresa la renta de su plaza de garaje-, ese inmenso banco de datos se somete a almacenamiento y eventual análisis en Estados Unidos. Estos días, la Eurocámara está repensando la situación. Por el momento todo indica que se retirará el acuerdo de transferencia de datos.
A la vuelta del verano ya hablábamos del asunto SWIFT, pero estos días -ayer comenzaron los debates, y la votación será previsiblemente mañana- los eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo se han posicionado en contra de la transferencia de datos bancarios a las autoridades estadounidenses. La empresa SWIFT maneja información sobre millones de transacciones monetarias a diario de más de doscientos países. Gran parte de la vida de los ciudadanos europeos pasa, por tanto, por sus oficinas.
Hay que tener en cuanta que ya los ministros de Justicia y Asuntos de Interior de los veintisiete firmaron un nuevo acuerdo de transferencia de datos bancarios con Estados Unidos el pasado 30 de noviembre, justo un día antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que aumenta los poderes del Parlamento Europeo en materia de acuerdos internacionales.
La Unión Europea -la Comisión sobre todo- prevé renovar el acuerdo que permite a Estados Unidos realizar un seguimiento de las operaciones bancarias, siguiendo la ley antiterrorista estadounidense, básicamente la famosa Patriot Act. Sin embargo, desde el jueves pasado 4 de febrero los eurodiputados congelaron el acuerdo, al apoyar la posición de la ponente, la parlamentaria liberal holandesa Jeanine Hennis-Plasschaert. Hennis-Plasschaert se muestra partidaria de retirar el apoyo al nuevo acuerdo, por considerar que "viola los principios más básicos de la ley de protección de datos, como los de necesidad y proporcionalidad".
Hasta que la Eurocámara no de luz verde al sistema, SWIF ha interrumpido las transmisiones de datos. Si el pleno de la Cámara ratifica la posición adoptada por la comisión parlamentaria de Libertades, el acuerdo provisional no entraría en vigor; sería la primera vez que el Parlamento Europeo haría ejercicio del derecho a veto otorgado por el Tratado de Lisboa.
