Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, STAJ, CIJ y ELA y el Ministerio de Justicia comenzaron este miércoles las negociaciones para poner fin al conflicto laboral iniciado el año pasado por los funcionarios del sector y han acordado crear dos grupos de trabajo que se reunirán a lo largo de enero para hablar de las nuevas funciones contempladas en las ‘leyes de eficiencia’ y teletrabajo, pero no han abordado la principal reivindicación del colectivo, que pasa por una subida salarial.
Según ha informado CCOO en un comunicado al término de la reunión, que se ha prolongado unas dos horas y media, la propuesta aprobada ha sido la lanzada inicialmente por el Ministerio de Félix Bolaños para «analizar el impacto de las nuevas leyes de eficiencia en el trabajo que realizan los funcionarios» y «determinar el contenido reglamentario básico» sobre el teletrabajo.
Los dos grupos de trabajo creados al efecto se reunirán todos los martes y jueves de enero a partir del próximo día 16, ha detallado CCOO, que ha exigido a Justicia que previamente a las mismas envíe sus propuestas sobre dichas materias.
El Ministerio ha hecho una «valoración positiva» del encuentro, que por parte de Justicia ha estado encabezado por la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, Sofía Puente.
En una nota de prensa, ha enfatizado que «este encuentro profundiza la línea de diálogo con todos los profesionales de la Justicia» señalada por Bolaños y que «da continuidad al compromiso expresado por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, (…) de alcanzar un gran acuerdo de legislatura que sirva para resolver los retos actuales y futuros del servicio público de Justicia».
CCOO también pretendía que se creara un tercer grupo de trabajo simultáneo para negociar la subida salarial. Los funcionarios fueron a la huelga el pasado abril, suspendiéndola después por el adelanto electoral al 23-J, para exigir un incremento retributivo en línea con el conseguido por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), de hasta 450 euros brutos al mes, tras protagonizar durante tres meses su propia huelga.
En concreto, ha propuesto empezar a trabajar ya en una «subida retributiva generalizada para todos los cuerpos en todos los territorios, con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2023», en la «eliminación al alza de las diferencias retributivas por grupos de población» y en un «complemento de productividad a quienes participaron en la huelga en la misma cuantía que la descontada por la sobrecarga de trabajo que supone la puesta al día de los asuntos atrasados».
También ha planteado que el grupo de trabajo relativo a las ‘leyes de eficiencia’ «no esté limitado a las funciones, sino también a todas las condiciones de trabajo, con especial significación de los centros de destino, la movilidad siempre voluntaria y la mejora de los procesos de promoción interna».
Asimismo, ha abogado por abrir las negociaciones sobre la carrera profesional, las relaciones y los sistemas extraordinarios de provisión de puestos de trabajo, las ofertas de empleo público y procesos selectivos, los concursos de traslado y el Reglamento del Registro Civil.
Sin embargo, «todas estas propuestas han sido rechazadas, con la protesta expresa de CCOO», que subsidiariamente ha solicitado convocar la Mesa Sectorial para la primera semana de febrero con el fin de «analizar las conclusiones de los dos grupos de trabajo y dar comienzo a la negociación retributiva y de otras materias», una oferta a la que «el Ministerio no ha contestado».
AMENAZAN CON REACTIVAR EL CONFLICTO
Por su parte, CSIF –el sindicato mayoritario en la administración de justicia– ha valorado de «manera positiva» la «voluntad del Ministerio», asegurando que trabajará para «acercar posturas con sentido de Estado, en favor del servicio público de la Justicia, pero siempre que se incluya en el acuerdo también una oferta de retribuciones y otras condiciones laborales».
En un comunicado, CSIF ha destacado que, aunque Justicia pretendía celebrar solo una reunión semanal de los dos grupos de trabajo acordados, lo que «llevaría la negociación a mediados de febrero», finalmente se ha aceptado a propuesta del sindicato que sean dos encuentros por semana. «De esta forma, CSIF pretende que la negociación de las retribuciones se produzca cuanto antes», explica.
En cuanto al resto de cuestiones pendientes, que «son más complejas», CSIF ha indicado que «el Ministerio no ve inconveniente en que se puedan incluir algunas como el contenido de un acuerdo de legislatura posterior». El sindicato cree que, «una vez alcanzado un buen acuerdo y solucionado el conflicto» laboral, sería posible ese acuerdo de legislatura o al menos que «este acuerdo de fin del conflicto pudiera contener una ‘hoja de ruta’ de negociación para toda la legislatura».
Con todo, CSIF ha dejado claro que «apuesta por la negociación en tanto en cuanto se mantenga el objetivo de alcanzar un acuerdo de subida salarial para todo el personal de cuerpos generales y especiales de Justicia», insistiendo en que, «en caso de que se detecte cualquier desviación en este objetivo», no dudará en «tomar las iniciativas y medidas de presión oportunas».
En la misma línea, STAJ ha advertido de que «todo ello debe culminar en un incremento retributivo», avisando de que no suscribirá «ningún acuerdo» –sobre funciones o teletrabajo– que no incluya una subida salarial «suficiente de aplicación en todo el Estado», al considerar que «se trata de cuestiones indivisibles».
«Exigimos reconocimiento legal y retributivo de las funciones que desempeñamos, y de cualquier otra que se nos quiera atribuir bajo la excusa de la transformación digital de la administración de justicia», ha sostenido en un comunicado.
STAJ ha manifestado igualmente de que, si Justicia y Hacienda atienden esta y las demás reivindicaciones señaladas, habrá acuerdo, pero si se niegan a dicho reconocimiento legal y retributivo y a la negociación de la Ley de eficiencia organizativa, les tendrá «enfrente» y «el conflicto se reactivará».
ARRANCAN LAS NEGOCIACIONES
En los meses que duró la huelga, las negociaciones entre los sindicatos y los ministerios de Justicia y Hacienda no llegaron a arrancar, pero con la formación del nuevo Gobierno el secretario de Estado de Justicia les convocó a reuniones individuales el pasado 20 de diciembre para una primera toma de contacto que acabó con el compromiso de «abrir» las conversaciones formales este enero.
Fue la semana pasada cuando el departamento de Bolaños convocó a los cuatro sindicatos para este 10 de enero para constituir la mesa de negociaciones en base a la propuesta que finalmente ha sido aprobada.
Entonces, desde CCOO ya afearon a Justicia que en este primer encuentro soslayara las principales reivindicaciones, entre ellas la mejora salarial, y avanzaron que retomarían las movilizaciones si el Ministerio no atiende con carácter «inmediato y preferente» el núcleo duro de sus demandas.
Cabe recordar que el incremento retributivo que reclaman los 45.000 funcionarios de la administración de justicia representaría unos 200 millones de euros, frente a los 46,7 millones que supuso la subida salarial conseguida por los cerca de 8.000 jueces y fiscales –que amenazaron con una huelga que no llegaron a materializar– y los 22,7 millones que obtuvieron los 4.000 LAJ tras tres meses de parón.
