Comienza un nuevo episodio en la estafa de Bernard Madoff. Entran en acción las defensas de los afectados. Los primeros en mover ficha en España han sido M&B (Morenés y Botín), la firma de inversión y asesoramiento fundada por Guillermo Morenés y Javier Botín, que han contratado los servicios de dos importantes despachos para la defensa de sus intereses.
Desde esta misma semana, el despacho español Uría Menéndez, históricamente vinculado a la familia Botín y asesor jurídico de cabecera del Banco Santander, y el bufete estadounidense Backer & McKenzie serán los encargados de tratar de obtener algún tipo de compensación por el agujero de 157 millones de euros provocado por el caso Madoff.
Según han explicado a este diario desde M&B, los despachos tratarán de determinar cuáles son las responsabilidades jurídicas que han existido en la cadena de la estafa hasta la fase de comercialización, desde el propio Madoff como broker/gestor, como posteriormente la SEC en su papel de regulador y Friehling & Horowitz en el de auditor.
Fuentes jurídicas han señalado a este diario que existen posibilidades de demandar a la SEC por su negligencia en las tareas de supervisión. De hecho, el propio secretario de estado de Economía, David Vegara, anunció esta misma semana que el Gobierno español pedirá explicaciones a la SEC -equivalente a la CNMV- sobre la estafa piramidal.
"La batalla legal tiene que plantearse en EEUU", explica el socio de una firma internacional española. "Los inversores afectados tendrán que encomendarse a un despacho español para su defensa, pero siempre se necesita una contraparte local, en este caso un bufete con base en Nueva York que sea referencia en derecho financiero y en derecho penal".
Primeras acciones legales
En Nueva York, los primeros despachos en entrar en acción ya tienen nombre. La firma legal Zwerling, Schachter & Zwerling ha sido elegida por inversores y entidades afectados por Madoff para defender sus intereses. Como ha explicado uno de sus socios, debe estudiarse la implicación de terceras partes, incluyendo firmas financieras y otras instituciones que podrían haber desempeñado un papel clave en el esquema.
En una carta remitida a sus clientes, uno de los principales afectados por la estafa, el grupo Fairfield Greenwich, se ha comprometido a emprender las acciones jurídicas que se estimen oportunas para poder recuperar el dinero de sus inversores. En su caso, las pérdidas estimadas ascienden a 7.500 millones de dólares, de los cuales 65 millones se corresponden a inversores españoles.
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