Casi dos años ha tardado en renovarse el CGPJ, cuyo mandato concluyó el 7 de noviembre de 2006, dando lugar a un bloqueo calificado de histórico, revelador de la crisis institucional que muestra la Justicia en nuestro país y una situación poco edificante desde el prisma de la cultura política o calidad democrática. Asimismo, muestra la interferencia del Poder político en el Poder judicial, ya que nuestros representantes del Congreso y Senado no han cumplido con su deber constitucional de renovar la institución en plazo, de modo transparente y ágil, en tiempo y forma y, por tanto, desvinculada de calendarios políticos.