Cuando el Código de Comercio de 1885 fijó el nuevo rumbo de la publicidad registral en el ámbito mercantil, alumbrando un renovado Registro que sustituía al anterior "registro público de Comercio", que en la práctica era una mera matrícula de comerciantes, hubo de plantearse a quién encomendar su llevanza. El artículo 32 zanjó la polémica desatada por los trabajos preparatorios, donde alternativamente se pasaba de la autoridad administrativa a la judicial, al asignarla a unos nuevos funcionarios independientes cuyos puestos habrían de proveerse por oposición.