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Límites a la libertad de expresión en una polémica entre periodistas radiofónicos

Dos periodista radiofónicos ya fallecidos, uno de la cadena COPE y el otro de la cadena SER, se enzarzaron en un cruce dialéctico en sus respectivos programas.
Uno de ellos consideraba que un caso sobre escuchas del CESID era más grave que el golpe de Estado del 23-F, mientras que el otro manifestó en su programa que el primero "tal vez estuviera intentando exorcizar el pasado de su apellido y restar gravedad a aquellos hechos".
La segunda alusión estaba motivada porque el padre del primero dirigía una agencia de prensa que publicó en los prolegómenos del golpe de estado un manifiesto relacionado con la trama civil de la asonada. Tanto las sentencias de instancia como el Tribunal Supremo condenaron al comunicador de la cadena SER por intromisión ilegítima en el honor del de la COPE al considerar que "lo que se pretendió no fue otra cosa que relacionar al referido periodista con el Golpe del 23-F".
En la presente resolución el Tribunal Constitucional declara nulas las sentencias anteriores por considerar que la polémica "se trataba de un «diálogo» (conflictivo) entre locutores de radio acerca de la gravedad del citado golpe de Estado", por lo que "la alusión al pasado profesional del padre del primero en relación con la actividad periodística sobre el golpe no puede calificarse de absolutamente ajena al debate". El Tribunal Constitucional recuerda en la Sentencia que «el derecho a la libertad de expresión, al referirse a la formulación de pensamientos, ideas y opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas».

Sentencia del Tribunal Constitucional, de 4 octubre 2010

Límites a la libertad de expresión en una polémica entre periodistas radiofónicos

 MARGINAL: JUR2010351754
 TRIBUNAL: Tribunal Constitucional Madrid
 FECHA: 2010-10-04
 JURISDICCIÓN: Constitucional
 PROCEDIMIENTO: Recurso de Amparo núm. 5001/2004
 PONENTE: Excmo. Sr. D. Guillermo Jiménez Sánchez

DERECHOS FUNDAMENTALES A COMUNICAR O RECIBIR LIBREMENTE INFORMACION VERAZ POR CUALQUIER MEDIO DE DIFUSION Y A LA LIBERTAD DE EXPRESION: Colisión con el derecho al honor: opiniones vertidas por el Director del programa "Hora 25" de la cadena Ser en réplica a unas previas declaraciones realizadas en un programa de la Cadena Cope, en el curso del cual se comparó el golpe de Estado del 23-F con el caso de las escuchas del CESID: inexistente ataque al honor de periodista fallecido del que se insinuó una cercanía ideológica con los participantesen dicho golpe: palabras que no pueden ser tachadas de formalmente vejatorias, humillantes o injuriosas a la vista del fragor del debate: intercambio de opiniones entre periodistas que no exceden los límites constitucionales tolerables en un debate público: vulneración existente.

PROV2010351754

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas y don Pascual Sala Sánchez, Magistrados, ha pronunciado


EN NOMBRE DEL REY


la siguiente


SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 5001/2004, interpuesto por don C. L. G. y por la Sociedad Española de Radiodifusión, SA (Cadena Ser), representados por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y asistidos por el Letrado don Diego Córdoba Gracia, contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2004 (RJ 20044951) , que desestimó recurso de casación formulado contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de enero de 2000 (AC 20001238) , que a su vez había desestimado recurso de apelación planteado frente a la Sentencia del titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de los de Madrid de fecha 22 de abril de 1996, que estimó parcialmente la demanda interpuesta contra los ahora recurrentes. Han intervenido el Ministerio Fiscal y, en su condición de herederos de don A. H. L., doña C. L. L., doña L. H. L. y los causahabientes de don A. H. L., don C., don A., doña C. y don L. H. P.. Representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado y asistidos por el Letrado don José Manuel Villar Uribarri. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.

I. ANTECEDENTES

1 Mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de julio de 2004 se interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales de que se deja hecho mérito en el encabezamiento.

2 Los hechos en que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) El 14 de junio de 1995 don C. L. G., periodista y Director del Programa «Hora 25» de la emisora Sociedad Española de Radiodifusión, SA (en adelante «Cadena Ser»), difundió la siguiente noticia: «Ha habido un lumbreras de radio, de esos que en los Estados Unidos seguramente lideraría una secta, que ha dicho que el asunto del espionaje del CESID es más grave que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Ese lumbreras se llama A. H.. Creo que ese señor que dice que lo de las escuchas es más grave que lo de Tejero desde luego sabe de lo que está hablando. Su padre era el responsable de la Agencia Europa Press. que difundió íntegro "El Manifiesto de los cien" apoyando aquel golpe y mantuvo conversaciones con uno de los responsables de la trama civil. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ciudadano voluminoso, G. C. ? Aparece en el sumario por aquella intentona golpista, así que tal vez esté intentando exorcizar ese pasado de su apellido y restar gravedad a aquellos hechos. Señor H., yo no sé con quién habla usted para conspirar».

b) Como consecuencia de la emisión del citado relato, los herederos del Sr. H. L., su esposa doña C. L. L. y sus hijos don J. M., doña L., don A. y doña C. H. L., interpusieron demanda, al amparo de la Ley 1/1982, de 5 de mayo (RCL 19821197) , de Protección civil del derecho al honor, a la imagen personal y familiar y a la propia imagen, para la defensa del derecho al honor del Sr. H. L., frente a don C. L. G. y la «Cadena Ser», al considerar que la información antes señalada tenía un claro contenido vejatorio del honor y prestigio de don A. H. L..

c) El titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de los de Madrid, mediante Sentencia de 22 de abril de 1997, estimó parcialmente la demanda al considerar que, analizando las palabras del Sr. L. G., se desprende un «importante mensaje difamatorio», ya que, además de relatar hechos objetivos, como que la Agencia Europa Press. difundió íntegro el «Manifiesto de los cien» y que el Sr. H. L. mantuvo conversaciones el 23 de febrero de 1981 con el Sr. G. C., el Sr. L. G. «de manera extremadamente sutil, trasmite a la audiencia la idea de simpatía del Sr. H. L. con el movimiento o trama en relación al intento de golpe de Estado del 23-F», lo que considera vejatorio y difamante en el entorno social y profesional del Sr. H. L.. Estima la Sentencia que, al relacionar el apellido «H.» con los acontecimientos del 23-F, la audiencia de la emisora recibió tales afirmaciones «con indudable merma de respeto y consideración social y profesional en la persona de D. A. H. L.». Relata la resolución judicial las diversas testifícales que se llevaron a cabo, destacando el testimonio de «alguien tan poco sospechoso de ideología ultraconservadora como D. M. C. A. que manifestó de forma rotunda la buena disposición del Sr. H. L., en todo momento, incluso durante el régimen anterior, para difundir hechos relativos al movimiento sindical y en la lucha por los derechos y libertades».

En definitiva, se consideró que se produjo una intromisión ilegítima en el honor del Sr. H. no amparada por el derecho a la información y libertad de expresión, puesto que, bajo el pretexto de dar una información, el Sr. L. G. expresó opiniones y creencias determinantes de desprestigio social y profesional del Sr. H. L. innecesarias en el contexto de la información y carentes de interés general. Afirma por último la Sentencia que «en las palabras del Sr. L. G. denunciadas en la demanda se revela preponderantemente el elemento valorativo sobre el informativo, y no se limita el primero a la expresión de ideas o pensamientos en el marco de la simple opinión, sino que se introducen matices y se trasmiten mensajes de claro contenido difamatorio». Y se estimó la demanda parcialmente al considerar que se había producido una intromisión ilegítima en el honor del Sr. H. L.; pero al tratarse del honor de una persona fallecida se otorgó una indemnización simbólica, sensiblemente inferior a la solicitada por los demandantes.

d) Don C. L. G. y la «Cadena Ser» interpusieron frente a la anterior Sentencia recurso de apelación. La Audiencia Provincial de Madrid, mediante Sentencia de 17 de enero de 2000, desestimó el recurso planteado razonando, en relación a la libertad de información y de expresión alegada por la parte demandante, que en las frases emitidas coexiste información junto con expresiones no tolerables. Se destacaba la expresión del Sr. L. G.: «así que tal vez esté intentando exorcizar ese pasado de su apellido y restar gravedad a aquellos hechos», considerando que esa afirmación, lejos de aportar información sobre hecho alguno, consiste en una emisión de opinión propia, por lo que el debate debe centrarse en el plano de la libertad de expresión frente al derecho al honor.

La Audiencia manifestó que «coincide plenamente con el Juez a quo en considerar que las expresiones utilizadas por el periodista transgreden los límites ya expuestos de la libertad de expresión, pues los términos "… así que tal vez esté intentando exorcizar ese pasado de su apellido y restar gravedad a aquellos hechos", máxime si se ponen en relación con las manifestaciones anteriores, relacionando al señor H. L. con la divulgación del "manifiesto de los cien" y con el señor G. C. y el "juicio del 23-F", no sólo se califican por sí mismas de innecesarias ante los hechos manifestados, e implican una vejación en su sentido vulgar o coloquial, sin necesidad de acudir a cómo conceptúa la Real Academia Española de la Lengua el término "exorcizar", sino que, además, poniendo tales expresiones en relación con los hechos anterior e inmediatamente difundidos (transcurridos muchos años atrás) dejan entrever, sin lugar a la duda, que el Sr. L. G. efectuó insinuaciones insidiosas respecto al señor H. L. pretendiendo que la opinión pública lo relacionase –con todas sus consecuencias, que no hace falta explicitar– con el golpe de estado del "23-F" y con el "manifiesto de los cien" y no propiamente como profesional de la información, pues en tal supuesto las últimas expresiones efectuadas no tenían que haber sido realizadas, reflejando las mismas un claro ánimo vejatorio del que su máxima expresión se refleja en la utilización de términos tales como "tal vez esté intentando exorcizar ese pasado de su apellido y restar gravedad a aquellos hechos", afirmaciones que implican un "añadido" a la información que no sólo conlleva a la sencilla separación de éstas de los elementos informativos ya expuestos, sino que, siendo innecesarias para la labor informativa, suponen un daño injustificado a la dignidad del señor H. L.».

e) Interpuesto recurso de casación por la «Cadena Ser» y don C. L. G. contra la reseñada Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 14 de julio de 2004 (RJ 20044951) , declaró haber lugar al recurso de casación, casando y anulando la particular decisión de la imposición de las costas de la primera instancia a los recurrentes, si bien confirmando el resto de los pronunciamientos de la Sentencia recurrida. Consideró que la noticia estaba integrada por dos informaciones que aparecen claramente diferenciadas, una que relata hechos veraces, que tuvieron lugar con constancia histórica, y son los referentes a que la Agencia Europa Press. había difundido el 5 de diciembre de 1981 el texto íntegro del Manifiesto de los Cien, apoyando el golpe de Estado, y a que se habían mantenido conversaciones con uno de los responsables. Pero el Tribunal Supremo resalta que: «Ha de tenerse muy en cuenta que la noticia también atribuyó al periodista fallecido, haber dicho que el asunto del espionaje del CESID era más grave que el fallido Golpe del 23-F (segunda información). La cuestión nuclear de la impugnación casacional está referida a la última parte de la comunicación ya que se desvía de dar cuenta de hechos veraces, para abandonar la objetividad y transmitir de modo que resulta bien perceptible a la audiencia un mensaje con relevancia difamatoria para el honor del fallecido, pues se presenta bien patente que se quiso destacar junto a la no censura de don A. H. L. al Golpe de Estado del 23-F, también que sus ideas, si no totalmente favorables, eran más bien proclives y corresponsales con la referida intentona de cambiar el orden democrático que el país había alcanzado, al recalcarse que pretendía exorcizar ese pasado de su apellido lo que equivale a estar afirmando que lo que se trataba era de desendiablar o desendemoniar el mismo en relación al Golpe del 23-F, y restar gravedad a dicha intentona golpista».

Según la Sentencia del Tribunal Supremo, «de esta forma se señaló a don A. H. L. ante la opinión pública, rebasándose de forma voluntaria e innecesaria el contenido objetivo de la información retransmitida por el periodista recurrente, pues la añadió y amplió por su cuenta y la vino a cargar de contenido difamante y vejatorio hacia una persona fallecida, compañero de profesión, carente de justificación, salvo la decidida de causar intromisión en el honor ajeno, aprovechándose de una audiencia de oyentes numerosa, a la que indudablemente se les impactó en forma nada favorable para el prestigio y dignidad de don A. H. L., con clara trasgresión de los límites de libertad de expresión, que deja de ser libertad cuando se utiliza indebidamente para atacar el honor de los demás con la publicación de insinuaciones difamantes. Se presenta claro y notorio que lo que se pretendió no fue otra cosa que, de modo sutil pero suficientemente directo y expresivo, relacionar al referido periodista fallecido con el Golpe del 23-F-1982».

En definitiva, continúa afirmando el Tribunal Supremo, «la retransmisión revela por sí misma la innecesariedad de las expresiones vejatorias vertidas, con el sólo propósito de descalificar, teniendo en cuenta el contexto íntegro de la transmisión y la intención bien expresada del mensaje radiofónico en cuanto a la adición que se introdujo, que rebasa lo que ha de entenderse por crítica objetiva, que deja de ser protegida constitucionalmente cuando su contenido es difamatorio relevante, innecesario e injusto a la memoria de don A. H. L., la que exige el máximo respeto como el de todas las personas fallecidas, pues la libertad de expresión está sujeta a los límites que impone de mantener intacto el honor de los demás, ya que, en otro caso, la fama de las personas quedaría a merced de un uso indebido o abusivo de aquella libertad, que así dejaría de ser instrumento útil y apto para el desarrollo democrático y en casos como el presente se impone la prevalencia del derecho al honor».

3 Se alega en la demanda de amparo, como motivo único, la vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión y de información reconocidos en el art. 20 CE (RCL 19782836) .

Considera la parte recurrente que las Sentencias dictadas en instancia, apelación y casación han vulnerado su derecho a la libertad de expresión y de información, opinión que comparte el Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo, como puso de manifiesto en su dictamen.

Argumenta que la información objeto del debate consta de dos párrafos separados, el primero de los cuales alude exclusivamente a don A. H. L., hijo del Sr. H. L., y un segundo que es el que, a juicio de las Sentencias citadas, contiene afirmaciones lesivas del derecho al honor del Sr. H. L.. Este último párrafo dice: «Su padre era el responsable de la Agencia Europa Press. que difundió íntegro «El Manifiesto de los cien» apoyando aquel golpe y mantuvo conversaciones con uno de los responsables de la trama civil. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ciudadano voluminoso, G. C. ? Aparece en el sumario por aquella intentona golpista, así que tal vez esté intentando exorcizar ese pasado de su apellido y restar gravedad a aquellos hechos. Señor H., yo no sé con quién habla usted para conspirar». En él la Sentencia del Tribunal Supremo diferenció dos partes: la primera relata hechos veraces, con constancia histórica, que se refieren a la Agencia Europa Press, a la difusión del «Manifiesto de los cien» y a la conversación con el Sr. G. C.; la segunda, supuestamente lesiva del derecho al honor, es la que incluye la siguiente afirmación: «así que tal vez esté intentando exorcizar ese pasado de su apellido y restar gravedad a aquellos hechos. Señor H., yo no sé con quién habla usted para conspirar».

Las palabras discutidas constituyen, a juicio de la parte demandante, una información de interés general y se refieren a un personaje público; dicha información viene provocada porque don A. H. L., en aquellas fechas locutor de la «Cadena Cope», había comparado el asunto de espionaje del CESID con el golpe de Estado del 23F, «reduciendo la importancia del golpe de Estado en aras del CESID». A juicio de los recurrentes esa comparación, «evidentemente desacertada entre uno y otro acontecimiento», sitúa la información del Sr. L. G. en el plano de interés general «si se tiene presente que don A. H. L. fue director de la Agencia Europa Press. y durante su mandato, por los teletipos de su agencia se difundió el ‘Manifiesto de los cien’, que en ese momento histórico tuvo una extraordinaria relevancia». Al efecto los demandantes de amparo ponen de manifiesto que el Ministerio Fiscal, tanto en la vista del juicio celebrado en primera instancia como en el informe emitido ante el Tribunal Supremo, calificó la información «de interés general» por razón de la materia y de la persona concernidas.

Se afirma por los recurrentes que don A. H. L. era un personaje público, y que la información no revelaba «ningún hecho o circunstancia personal de su esfera personal, es decir, de su intimidad». Sólo se informaba sobre su actividad pública de periodista y presidente de una Agencia de noticias, por ello el debate debe centrarse en la veracidad de la noticia y en los límites a la crítica y a la opinión, es decir, en la libertad de expresión. Defienden la veracidad de la información emitida, afirmando que los hechos a que en ella se hace referencia, no sólo son veraces, sino también verdaderos: don A. H. L. fue director de la Agencia Europa Press; durante su mandato se difundió el «Manifiesto de los cien»; y tuvo amistad y se entrevistó con el Sr. G. C., interviniente en el golpe de Estado del 23-F.

El Sr. L. G. entiende que al proporcionar dicha información en nada atenta contra la memoria del Sr. H. L., ni de ello resulta intromisión ilegítima en su honor. Por otra parte, ya dentro del ámbito de la libertad de expresión, se analiza en la demanda de amparo la frase «exorcizar ese pasado de su apellido», aduciendo que para calificar una frase de insultante o vejatoria se ha de tener en cuenta el contexto en el que es pronunciada. En el caso concreto el periodista don A. H. L., en su programa de la «Cadena Cope» comparó el golpe de Estado con un asunto del CESID; el recurrente Sr. L. G. no compartía esa comparación y criticó a don A. H. L., apuntando como disculpa a esa comparación tan desdichada que tal vez pretendiera, de algún modo, justificar la conducta de su padre, don A. H. L..

Admite que la expresión «exorcizar ese pasado de su apellido» pudo ser desafortunada, pero no traspasó los límites del derecho a la libertad de expresión. Deja constancia de que el Sr. H. L., por aquel tiempo, arremetía una y otra vez contra directivos y periodistas de la «Cadena Ser»; es en ese contexto en el que el Sr. L. G. replica al Sr. H. L.. En definitiva, la crítica era referida al Sr. H. L., no a su padre, don A. H. L.. Y solicita, finalmente, la estimación de la demanda.

4 Por providencia de 3 de julio de 2006 la Sección Tercera de este Tribunal acordó abrir el trámite previsto en el art. 50.3 LOTCRCL 19792383) . Tanto la parte recurrente como el Ministerio Fiscal consideraron que la demanda no carecía de contenido constitucional.

5 La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 26 de octubre de 2006, admitió a trámite la demanda y acordó requerir a los órganos judiciales para que remitieran testimonio de las actuaciones del proceso tramitado ante ellos y para que se emplazaran a quienes hubieran sido parte en el mismo, excepto a los recurrentes en amparo, para que, si así lo deseasen, comparecieran en este proceso constitucional en el plazo de diez días. Mediante escrito de 23 de noviembre de 2006 se personaron la esposa e hijos del Sr. H. L., doña C. L. L., doña L. y don A. H. L., todos ellos bajo al representación procesal del Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado.

6 Por providencia de 24 de septiembre de 2008 se tuvo por personadas a las personas antes citadas y, con base en el art. 52 LOTC (RCL 19792383) , se acordó otorgar plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para alegaciones.

Después de diversas vicisitudes procesales determinadas por los fallecimientos del Sr. L. G. y del Sr. H. L., quedó como parte demandante en el presente recurso de amparo únicamente la «Cadena Ser», puesto, que tras la defunción del Sr. L. G., decayó el derecho de sus herederos a sustituirle en su posición procesal. Como personados en el procedimiento constitucional se unieron a los herederos del Sr. H. L. (doña C. L. L. y doña L. H. L.) los causahabientes de don A. H. L. (don C., don A., doña C. y don L. H. P.).

7 La parte demandante, mediante escrito de 27 de octubre de 2008, remitiéndose a su recurso de amparo, reiteró su solicitud de estimación del mismo.

8 Los herederos del Sr. H. L. personados formularon sus alegaciones mediante escrito de 21 de octubre de 2008.

Se opusieron a la demanda de amparo en base a los siguientes argumentos. En primer lugar, además de resaltar la impecable trayectoria profesional del Sr. H. L., y con independencia de la supuesta veracidad de la información emitida por la parte recurrente, consideran que se vertieron juicios de valor lesivos del honor del Sr. H. L., ya que se le atribuyó «una conducta de connivencia, simpatía e, incluso, participación en el intento del golpe de Estado que tuvo lugar el 23 de febrero de 1981». Así lo han considerado todos los órganos judiciales hasta el momento. Al afirmarse que «así que tal vez esté intentando exorcizar ese pasado de su apellido y restar gravedad a aquellos hechos. Señor H., yo no sé con quién habla usted para conspirar», el Sr. L. G. sobrepasó los límites de la libertad de expresión, puesto que, si no estaba de acuerdo con la comparación que realizó el Sr. H. L. en su programa de la «Cadena Cope» entre las escuchas del CESID y el intento de golpe de Estado del 23-F, pudo disentir sin «injuriar la memoria del padre» del Sr. H. L..

Tampoco desde la perspectiva de la libertad de información puede, a juicio de los citados herederos, considerarse de interés general dar noticia alguna sobre el citado golpe de Estado ocurrido en el año 1981. Además la supuesta veracidad de los hechos descritos en el primer párrafo de la interlocución del Sr. L. G. en nada afecta al tema central de la información vertida, es decir, «la malintencionada mezcla de la información acerca de la divulgación por parte de Europa Press. del «manifiesto de los cien» con la insinuación de que el Sr. H. L. apoyaba la trama civil del 23-F».

En definitiva, ha existido una clara intención de imputar maliciosamente al Sr. H. L. una cierta relación con la trama civil del golpe, lo que rebasa los límites de la libertad de expresión.

Tampoco el contexto de la noticia justifica el mencionado ataque. El Sr. L. G. pudo manifestar que no estaba de acuerdo con la comparación efectuada por el Sr. H. L. sin necesidad de aludir a su padre, ya fallecido, ni a la trayectoria profesional de éste, atribuyéndole cierta ideología que simpatizaba con el golpe de Estado.

Recuerdan que «exorcizar» significa «desendemoniar»; es decir, se está expresando que el Sr. H. L. estaba intentando desendemoniar el pasado del apellido de su padre. El insulto es patente, además de desproporcionado e innecesario para rebatir las opiniones vertidas por el Sr. H. L. sobre las escuchas del CESID. No parece necesario atribuir alguna participación, directa o indirecta, o al menos una simpatía con el golpe de Estado al padre del Sr. H. L. para rebatir sus opiniones.

En cuanto a la alegación expresada por la parte demandante de que las afirmaciones vertidas se referían exclusivamente frente al Sr. H. L. y no frente a su padre el Sr. H. L., lo cierto es que se «vilipendió la memoria de una persona ajena a la controversia, don A. H. L., insinuando torticeramente a la audiencia del programa que este periodista estuvo implicado en el golpe de Estado del 23-F».

Por último no puede acogerse la pretendida justificación de las afirmaciones vertidas en que el Sr. H. L. venía criticando duramente a la «Cadena Ser» y a sus directivos y periodistas, ya que esa circunstancia no ampara la intromisión en el honor del padre del citado periodista.

Se solicita la desestimación del presente recurso de amparo.

9 El Ministerio Fiscal, mediante escrito de 5 de noviembre de 2008, formuló sus alegaciones solicitando la estimación de la demanda. Con una nutrida cita de la jurisprudencia de este Tribunal, entre otras, las SSTC 216/2006 (RTC 2006216) y 9/2007 (RTC 20079) , considera que en el presente caso, las expresiones del demandante de amparo Sr. L. G. sobre el Sr. H. L., aunque pudieran ser calificadas como inconvenientes, se contextualizaban dentro de una controversia radiofónica, con «evidentes conexiones políticas de fondo, en relación con hechos históricos polémicos», y no pueden considerarse lesivas del derecho al honor del Sr. H. L., pues están amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Estima que las resoluciones judiciales impugnadas no han realizado, desde el punto de vista constitucional, una correcta ponderación de los derechos fundamentales en juego, el derecho al honor y a la libertad de expresión. A su juicio los órganos judiciales no han tenido en cuenta las concretas circunstancias en las que se produjo la intervención radiofónica del Sr. L. G., «en un áspero debate entre periodistas en el marco de una discusión de alcance político, los denominados papeles del CESID, y en el que este asunto se comparó con los sucesos del golpe de Estado del 23-F». Dicho contexto y debate periodístico no fue ponderado en las Sentencias recurridas, sino que se centraron únicamente en el «sentido peyorativo y desvalorizador» de las afirmaciones vertidas.

Por todo ello solicita la estimación del recurso de amparo con la consiguiente declaración de nulidad de las Sentencias recurridas.

10 Por providencia de 30 de septiembre de 2010 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 4 de octubre del mismo año.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1 Para la resolución del presente recurso de amparo hemos de determinar si las decisiones judiciales impugnadas (la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2004 [ RJ 20044951] que desestimó el recurso de casación formulado contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de enero de 2000 [AC 20001238] , que a su vez había desestimado el recurso de apelación planteado frente a la Sentencia del titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de los de Madrid de fecha 22 de abril de 1996), en la medida en que condenaron al Sr. L. G. y a la «Cadena Ser» por intromisión ilegítima en el honor del Sr. H. L., han vulnerado los derechos a la libertad de expresión e información [art. 20.1 a) y d) CE (RCL 19782836) ]. Durante la tramitación del presente recurso se produjo el fallecimiento del Sr. L. G., y sus herederos, aunque fueron emplazados, no se personaron en el procedimiento, por lo que la «Cadena Ser» ha quedado como única parte recurrente.

2 Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el problema se centra en las palabras que el Sr. L. G. difundió dentro del programa «Hora 25» de la «Cadena Ser» el 14 de junio de 1995:

«Ha habido un lumbreras de radio, de esos que en los Estados Unidos seguramente lideraría una secta, que ha dicho que el asunto del espionaje del CESID es más grave que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Ese lumbreras se llama A. H.. Creo que ese señor que dice que lo de las escuchas es más grave que lo de Tejero desde luego sabe de lo que está hablando. Su padre era el responsable de la Agencia Europa Press. que difundió íntegro "El Manifiesto de los cien" apoyando aquel golpe y mantuvo conversaciones con uno de los responsables de la trama civil. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ciudadano voluminoso, G. C. ? Aparece en el sumario por aquella intentona golpista, así que tal vez esté intentando exorcizar ese pasado de su apellido y restar gravedad a aquellos hechos. Señor H., yo no sé con quién habla usted para conspirar».

Como consecuencia de dichas palabras el Sr. L. G. y la «Cadena Ser» fueron condenados en primera instancia, en apelación y en casación por haber lesionado el honor del Sr. H. L., padre del periodista de la «Cadena Cope» don A. H. L.. Dicha condena ha vulnerado, a juicio de la parte recurrente, su derecho a la libertad de expresión y de información, reconocidos en el art. 20 CE (RCL 19782836) . Esta opinión es compartida por el Ministerio Fiscal, que al formular las correspondientes alegaciones ha solicitado la estimación de la demanda de amparo. Por su parte los causahabientes del Sr. H. L. comparecidos en este procedimiento constitucional, que denunciaron la lesión del honor de su causante y que obtuvieron pronunciamientos judiciales favorables a su pretensión, han defendido el acierto de las resoluciones judiciales impugnadas, argumentando que, efectivamente, las palabras del Sr. L. G. lesionaron el honor de don A. H. L..

3 Nos encontramos, por tanto, ante un conflicto entre los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de información y el derecho fundamental al honor.

Como punto de partida debe señalarse que hemos recordado, entre otras en la STC 139/2007, de 4 de junio (RTC 2007139) , F. 5, que la función de este Tribunal en los casos de colisión de derechos fundamentales sustantivos no se limita a examinar la suficiente motivación de las resoluciones judiciales frente a los que se demanda su amparo desde el prisma del art. 24 CE (RCL 19782836) . En el ejercicio de su competencia como garante máximo de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, en supuestos como el presente, debe resolver el eventual conflicto entre el derecho a comunicar información veraz o el de expresarse libremente y el derecho al honor, determinando si, efectivamente, se han vulnerado aquellos derechos atendiendo al contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos, aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los aplicados por los órganos judiciales, ya que sus razones no vinculan a este Tribunal ni reducen su jurisdicción a la simple revisión de la motivación de las resoluciones que hayan pronunciado.

4 Con esta perspectiva, el primer problema ante el que hemos de pronunciarnos es el de analizar si estamos en el ámbito del derecho a la libertad de expresión o en el del derecho a la libertad de información, ya que los parámetros que han de presidir nuestro análisis serán diferentes según nos hallemos ante uno u otro derecho. A este respecto hemos afirmado desde la STC 104/1986, de 17 de julioRTC 1986104) , hasta la reciente STC 29/2009, de 26 de enero (RTC 200929) , la necesidad de distinguir conceptualmente entre los derechos que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones, incluyendo las apreciaciones y los juicios de valor, y el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de hechos que merecen ser considerados noticiables. Hemos considerado que esta distinción tiene importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades: mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que en el texto del art. 20.1 d) CERCL 19782836) ha añadido al término «información» el adjetivo «veraz».

Ahora bien, asimismo hemos reconocido que, en la casuística que propone la realidad del ejercicio práctico de estas libertades, no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos; como dijimos en la STC 29/2009, de 26 de enero (RTC 200929) , F. 2, «la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de opinión» (STC 6/1988, de 21 de enero [RTC 19886] , F. 5)».

Sin perjuicio de reconocer la dificultad evidente de la operación de separar la información de la mera opinión en la intervención del Sr. L. G. en su programa, dentro de dicha intervención se pueden llegar a diferenciar, a efectos del presente proceso (además de una introducción, en la que el locutor se refiere al Sr. H. L.), dos partes. En una primera se relatan hechos en relación con el Sr. H. L., padre del Sr. H. L., aportándose determinada información, mientras que en otra segunda, final del discurso, que en realidad ha sido el objeto principal de la discusión procesal, se expresan opiniones que pudieran afectar al honor del Sr. H. L..

Centrado así el problema debemos analizar si la primera parte del relato estuvo amparada por el derecho a la libertad de información y la segunda por el derecho a la libertad de expresión.

5 Respecto a la libertad de información hemos recordado (por todas, STC 29/2009, de 26 de enero (RTC 200929) , F. 4) que «forma parte ya del acervo doctrinal de este Tribunal el criterio de que la comunicación que la Constitución protege es la que transmite información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública (por todas, STC 28/1996, de 26 de febrero [RTC 199628] , FJ2). Han de concurrir, pues, en principio los dos mencionados requisitos: que se trate de difundir información sobre hechos noticiosos o noticiables por su interés público y que la información sobre estos hechos sea veraz». Y «con relación al requisito de la veracidad de la información este Tribunal ha señalado que la libertad reconocida en el art. 20.1 d) CE (RCL 19782836) no se erige únicamente en derecho propio de su titular, sino en una pieza esencial en la configuración del Estado democrático, garantizando la formación de una opinión pública libre y la realización del pluralismo como principio básico de convivencia». Es esta garantía la que justifica la exigencia constitucional de la veracidad en el legítimo ejercicio de la libertad de información atendiendo al recíproco derecho de los ciudadanos de recibir aquélla, rechazando como tal derecho constitucional la trasmisión de rumores, invenciones o insinuaciones insidiosas, así como la de noticias gratuitas o infundadas (STC 199/1999, de 8 de noviembre [RTC 1999199] , F. 2).

Hemos también insistido reiteradamente en que el concepto de veracidad no coincide con el de la verdad de lo publicado o difundido, ya que, cuando la Constitución requiere que la información sea «veraz», no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas como estableciendo un deber de diligencia sobre el informador, a quien se puede y debe exigir que los que transmite como «hechos» hayan sido objeto de previo contraste con datos objetivos. De este modo el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de la información (SSTC 21/2000, de 31 de enero [RTC 200021] , F. 5; STC 29/2009, de 26 de enero [ RTC 200929] , F. 4).

Por lo que hace a la relevancia hemos afirmado (STC 29/2009, de 26 de enero, F. 4) que «la Constitución sólo protege la transmisión de hechos «noticiables», en el sentido de que se hace necesario verificar, con carácter previo, el interés social de la información, ya sea por el carácter público de la persona a la que se refiere o por el hecho en sí en que esa persona se haya visto involucrada. Sólo tras haber constatado la concurrencia de estas circunstancias resulta posible afirmar que la información de que se trate está especialmente protegida por ser susceptible de encuadrarse dentro del espacio que a una prensa libre debe ser asegurado en un sistema democrático». Y hemos precisado que la protección constitucional de los derechos de que se trata «alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción» (STC 105/1990, de 6 de junio [RTC 1990105] , F. 4).

6 Aplicando la citada doctrina al caso que nos ocupa ha de concluirse que del relato antes señalado se deduce que la primera parte pone de relieve una serie de datos sobre la trayectoria profesional del Sr. H. L.: que fue director de la Agencia Europa Press. en la fecha del golpe de Estado del 23-F; que durante ese tiempo se difundió por la citada Agencia el llamado «manifiesto de los cien»; y que el Sr. H. L. entrevistó a un personaje que aparecía en el sumario abierto como consecuencia de la trama civil del citado golpe de Estado. El relato de estos hechos, desde el punto de vista constitucional, supera el canon de veracidad tal y como lo hemos definido antes, ya que se refiere a datos que no fueron discutidos por las partes en los procesos de los que trae causa el presente recurso de amparo. Los herederos del Sr. H. L. han centrado sus quejas en que se pretendía atribuir al Sr. H. L. una cierta connivencia con el Golpe de Estado a través de un relato de su trayectoria profesional, sin que discutieran la veracidad de los propios datos señalados.

Una vez constatado que los hechos sobre la carrera periodística del Sr. H. L. no han sido cuestionados, corresponde realizar la ponderación sobre el interés público de la noticia en el contexto en el cual se produjo su emisión, dentro de una polémica entre dos importantes medios de comunicación radiofónicos. Debe recordarse que, como se pone de manifiesto en los antecedentes, el Sr. L. G., periodista de la «Cadena Ser», en su discurso trataba de contestar unas determinadas opiniones del Sr. H. L., periodista de la «Cadena Cope», sobre el golpe de Estado del 23-F, así que se trataba de un «diálogo» (conflictivo) entre locutores de radio acerca de la gravedad del citado golpe de Estado, por lo que la alusión al pasado profesional del padre de don A. H. L. en relación con la actividad periodística sobre el golpe de Estado no puede calificarse de absolutamente ajena al «debate» que mantenían ambos profesionales en el análisis de un hecho sin duda relevante para la opinión pública, como fue el intento de golpe de Estado. Se trataba, en definitiva, de una réplica efectuada por el Sr. L. G. a las manifestaciones vertidas en su programa radiofónico por el Sr. H. L., quien fue el que inició el polémico debate al comparar la gravedad de asunto del espionaje del CESID con el golpe de Estado del 23-F.

Por tanto debe concluirse que la información emitida, a la luz de lo expuesto, está amparada en el ámbito de la libertad de información reconocida en el art. 20.1.d) CE (RCL 19782836) , ya que su contenido reúne los dos requisitos analizados en el presente fundamento, tanto la veracidad como el interés público de la noticia.

7 La segunda parte del relato, que, como antes hemos señalado, ha sido el eje fundamental de la queja inicialmente planteada por los herederos del Sr. H. L., y que ha sido reconocida por los órganos judiciales como lesiva del honor de su causante, se refiere a la siguiente frase pronunciada por el Sr. L. G.: «así que tal vez esté intentando exorcizar ese pasado de su apellido y restar gravedad a aquellos hechos». No estamos ante información alguna, sino que esta parte final de las palabras emitidas en su programa por el Sr. L. G. expresan una opinión personal sobre el Sr. H. L.. Aunque podría entenderse que las palabras aluden solamente al Sr. H. L., el honor supuestamente lesionado por las mismas ha sido el de su padre, el Sr. H. L., y así fue denunciado por sus herederos y considerado por los órganos judiciales.

Alega la parte recurrente en el presente recurso de amparo que, al haber sido condenada por los órganos judiciales en consideración a dichas palabras, se ha lesionado su derecho a la libertad de expresión [art. 20 1.a) CE (RCL 19782836) ]. Este Tribunal ha sistematizado recientemente su doctrina sobre la libertad de expresión en la STC 7/2009, de 15 de enero (RTC 20097) , F. 4, en la cual, a propósito de un conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión, hemos afirmado que la colisión entre estos derechos debe resolverse a través de una adecuada ponderación, teniendo en cuenta la peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión y la necesidad de que ésta goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones. Se recuerda en esta Sentencia que la libertad de expresión es uno de los fundamentos indiscutibles del orden constitucional, colocada en una posición preferente, objeto de especial protección y necesitada de un amplio espacio exento de coacción, lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor.

También hemos dicho en la citada STC 7/2009, de 15 de enero, F. 4, que «el derecho a la libertad de expresión, al referirse a la formulación de pensamientos, ideas y opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas».

Además de la valoración objetiva de las palabras pronunciadas, recordamos en la STC 160/2003, de 15 de septiembre (RTC 2003160) , que en la ponderación del derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor deben tenerse en cuenta las circunstancias, el contexto, la relevancia pública del asunto y el carácter de personaje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión.

8 Para que la libertad de expresión ampare la opinión emitida por el Sr. L. G., ésta ha de adecuarse a los parámetros contemplados en la doctrina reseñada.

Como ya hemos apuntado, el Sr. L. G. emitió su opinión sobre el Sr. H. L. y su hijo don A. H. L. en el programa de la «Cadena Ser» «Hora 25», del que era director. Su intervención intentaba replicar a unas previas declaraciones del Sr. H. L. realizadas en un programa radiofónico de la «Cadena Cope», en el curso del cual comparó el golpe de Estado del 23-F con el caso de las escuchas del CESID, que, a su juicio, era un acontecimiento más grave que el citado intento de golpe de Estado. Como ha manifestado el Ministerio Público en sus alegaciones, la opinión emitida debe encuadrarse, por tanto, dentro del vivo debate entre periodistas en el marco de una discusión de alcance político, relativo a los denominados «papeles del CESID», y en el que este asunto se comparó con los sucesos del golpe de Estado del 23-F. En este contexto de libre competencia de los citados medios de comunicación, el Sr. L. G. contestó a unas previas declaraciones del Sr. H. L., lo que pone de manifiesto que, en principio, el contexto y las circunstancias son las naturales para el intercambio de opiniones, ya que el cruce de expresiones vertidas por ambos profesionales del periodismo se llevó a cabo en el marco de la disputa por la audiencia entre emisoras radiofónicas, utilizando cada uno su programa de radio para expresar las opiniones ahora analizadas, aspecto que no fue ponderado adecuadamente en las Sentencias recurridas, que se centraron, únicamente, en el sentido peyorativo de las afirmaciones vertidas.

La opinión emitida tiene relevancia pública, de acuerdo con los criterios establecidos en la STC 134/1999 (RTC 1999134) , F. 8, donde afirmamos que una información posee relevancia pública cuando sirve al interés general en la información y lo hace por referirse a un asunto público; es decir, a unos hechos o a un acontecimiento que afecta al conjunto de los ciudadanos. La aplicación de esta doctrina conlleva a apreciar la relevancia pública de la opinión discutida, que se contextualizaba dentro de una controversia radiofónica, con evidentes conexiones políticas de fondo, en relación con hechos históricos polémicos, lo que evidencia el interés público del tema. Además no debe olvidarse que el Sr. H. L. era un personaje público, siendo doctrina de este Tribunal que los denominados «personajes públicos» deben soportar, en su condición de tales, el que sus palabras y hechos se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública (STC 192/1999 [RTC 1999192] , F. 7).

Según advierte el Fiscal en sus alegaciones, las palabras utilizadas, aunque pudieran ser calificadas de inconvenientes o desafortunadas, no pueden ser tachadas de «formalmente vejatorias o humillantes» a la vista del fragor del debate y del contexto antes señalado. Como dijimos en la STC 232/2002 (RTC 2002232) , F. 4, si bien el derecho a expresar libremente opiniones no otorga un derecho al insulto, «la Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas, aun cuando, desde luego, de la protección constitucional que otorga el art. 20.1 a) CE (RCL 19782836) están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es decir, aquéllas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate».

En el caso ahora sometido a nuestro enjuiciamiento resulta evidente que, con la expresión analizada, al hilo de la información trasmitida se pretendía dejar entrever una presunta cercanía ideológica del Sr. H. L. con los participantes en el golpe de Estado, pero ello no puede considerarse que exceda de los límites constitucionales tolerables en un debate público de las características del planteado, dadas las circunstancias de la emisión y los demás factores anteriormente analizados. En definitiva, las palabras emitidas por el Sr. L. G. sobre el Sr. H. L. no pueden calificarse de «indudablemente injuriosas», ya que no pueden considerarse como objetivamente lesivas de su honor a luz de la doctrina sentada por este Tribunal, más aun cuando las expresiones fueron vertidas por un profesional del periodismo dentro de un programa radiofónico y estaban encaminadas a contestar unas previas declaraciones en las que el Sr. H. L., también profesional de los medios de comunicación, había comparado, por su gravedad, el asunto del espionaje del CESID con el golpe de Estado del 23-F.

Por tanto, de acuerdo con lo mantenido por el Ministerio Fiscal, las resoluciones judiciales impugnadas no han realizado, desde el punto de vista constitucional, una correcta ponderación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al honor, lo que determina que la demanda de amparo haya de ser estimada, ya que, sin perjuicio de que la opinión emitida sea más o menos afortunada o criticable, debe considerarse amparada por el derecho a la libertad de expresión, resultando además especialmente relevante en el caso, como antes hemos señalado, el dato de que los sujetos activo y pasivo de la opinión eran profesionales del periodismo, ámbito en el cual este derecho debe tener una peculiar protección, como ya afirmamos en la STC 105/1990, de 6 de junio (RTC 1990105) , F. 4, al señalar que la defensa constitucional de los derechos de que se trata «alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción».

9 En definitiva, las palabras emitidas por el Sr. L. G. en su programa de la «Cadena Ser» estuvieron amparadas por los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información, sin que, conforme a la ponderación realizada en los anteriores fundamentos, se pueda apreciar que lesionaran el derecho fundamental al honor del Sr. H. L..

FALLO


En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,


Ha decidido


Otorgar el amparo solicitado por la «Cadena Ser» y, en consecuencia,

Declarar que han sido vulnerados los derechos fundamentales de la demandante a comunicar libremente información veraz y a la libertad de expresión [art. 20.1 a) y d) CE (RCL 19782836) ].

Restablecerla en la integridad de sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia del titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de los de Madrid de fecha 22 de abril de 1996, de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de enero de 2000 (AC 20001238) y de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2004 (RJ 20044951) .

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a cuatro de octubre de dos mil diez.–Guillermo Jiménez Sánchez.–Vicente Conde Martín de Hijas.–Elisa Pérez Vera.–Eugeni Gay Montalvo.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pascual Sala Sánchez.–Firmado y rubricado.

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