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Sentencia núm.Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo(Sección 3) 09-06-2009

 MARGINAL: TEDH200965
 TRIBUNAL: Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo
 FECHA: 2009-06-09
 JURISDICCIÓN: Protección Europea de Derechos Humanos
 PROCEDIMIENTO: Demanda núm.
 PONENTE: 

DERECHO A LA VIDA: Medidas de protección: violencia doméstica: fallecimiento de la madre de la recurrente asesinada por su ex-yerno: historial de agresiones y denuncias conocido por las autoridades que no actuaron con la diligencia debida para adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su vida: violación existente: Investigación de las agresiones: transcurso de más de seis años en el desarrollo de las diligencias penales: ausencia de respuesta rápida en la investigación: violación existente.PROHIBICION DE LA TORTURA: Ambito: violencia doméstica: fallecimiento de la madre de la recurrente asesinada por su ex-yerno: historial de agresiones y denuncias: insensibilidad y tolerancia mostradas por el Estado frente a los malos tratos físicos y psicológicos sufridos por la demandante y su madre a manos del marido de la primera: actitud megligente de las autoridades: violación existente.PROHIBICION DE DISCRIMINACION: Discriminaciones específicas: en razón de sexo: violencia doméstica: insuficiente protección de las mujeres en la legislación interna que carecen de amparo jurídico: ausencia de efecto disuario adecuado: violación existente. Demanda de ciudadana turca contra la República de Turquía presentada ante el Tribunal el 15-07-2002, por la ausencia de protección por parte de las autoridades contra los malos tratos sufridos por la demandante y su madre, que dieron lugar al asesinato de esta última. Violación de los arts. 2, 3 y 14 del Convenio: existencia: estimación de la demanda.

En el asunto Opuz contra Turquía

El Tribunal europeo de Derechos Humanos (Sección Tercera), constituido, en una Sala compuesta por los siguientes Jueces, Josep Casadevall, Presidente, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Isil Karakas, así como por Santiago Quesada, Secretario de Sección,

Después de haber deliberado en privado el 7 de octubre de 2008 y el 19 de mayo de 2009

Dicta la siguiente

SENTENCIA

El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 33401/02) dirigida contra la República de Turquía que una ciudadana turca, señora Nahide Opuz («la demandante»), había presentado el 15 de julio de 2002 ante el Tribunal con arreglo al artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (RCL 1999, 1190 y 1572) («el Convenio»).

La demandante estuvo representada por el señor M. Bestas, abogado colegiado en Diyarbakir. El Gobierno turco («el Gobierno») estuvo representado por su agente.

La demandante alegó, en concreto, que ella y su madre no habían recibido protección por parte de las autoridades estatales contra la violencia doméstica, lo que había dado lugar al fallecimiento de su madre y a que ella sufriera maltrato.

El 28 de noviembre de 2006, el Tribunal decidió comunicar la demanda al Gobierno. Asimismo, decidió en aplicación del artículo 29.3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) dictaminar al mismo tiempo la admisibilidad y fundamentos de la misma.

Se recibieron observaciones de terceras partes, en concreto de la organización Interights, a quien el Presidente había dado permiso para intervenir en el procedimiento (artículos 36.2 del Convenio [RCL 1999, 1190 y 1572] y 44.2 del Reglamento del Tribunal). El Gobierno respondió a estos comentarios (artículo 44.5 del Reglamento).

Se celebró una vista pública para examinar la admisibilidad y el fundamento del asunto en la sede del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el 7 de octubre de 2008 (artículo 59.3 del Reglamento del Tribunal).

Comparecieron ante el Tribunal:

a) por el Gobierno demandado

señora Deniz Akçay, Coagente

señora ESra. Demir,

señora Zeynep Göksen Acar,

señor Gürçay Seker,

señora Gülsün Büker,

señora Elif Ercan,

Señor Murat Yardimci, Asesores;

b) Por el demandante

señor Mesut Bestas,

señora Arzu Baser, abogados;

c) por la tercera parte interviniente, Interights

señora Andrea Coomber, Abogada Principal

señora Doina Iona Straisteanu, Abogada.

Se dirigieron al Tribunal la señora Akçay, el señor Bestas y la señora Coomber.

La demandante nació en 1972 y reside en Diyarbakir.

La madre de la demandante contrajo matrimonio con A. O. mediante ceremonia religiosa. En 1990 la demandante y H. O., hijo de A. O. iniciaron una relación y se fueron a vivir juntos. Se casaron el 12 de noviembre de 1995. Tuvieron tres hijos, en 1993, 1994 y 1996. La demandante y H. O. tuvieron acaloradas discusiones desde el principio de su relación. El Gobierno no discutió los hechos expuestos a continuación.

El 10 de abril de 1995, la demandante y su madre presentaron una demanda ante la Fiscalía de Diyarbakir, alegando que H. O. y A. O. les habían pedido dinero, y les habían pegado y amenazado de muerte. También afirmaron que H. O. y su padre querían llevar otros hombres a casa.

El mismo día, la demandante y su madre fueron examinadas por un médico. El informe médico de la demandante señalaba que tenía moratones en el cuerpo, un hematoma e hinchazón en la ceja izquierda y arañazos en la zona del cuello. El informe médico de la madre de la demandante también señalaba moratones y hematomas en el cuerpo. El 20 de abril de 1995, los informes definitivos fueron emitidos, corroborando las afirmaciones del primer informe y emitiendo sendos partes de baja para la demandante y para su madre para cinco días.

El 25 de abril de 1995, el Fiscal presentó acusación contra H. O. y A. O. por amenazas de muerte y daños físicos reales. El 15 de junio de 1995, el Tribunal de Primera Instancia de lo Penal de Diyarbakir suspendió la causa de agresión, al retirar sus demandas la recurrente y su madre, eliminado, de este modo, los fundamentos para el procedimiento considerando el artículo 456.4 del Código Penal.

El 11 de septiembre de 1995, el Tribunal de Segunda Instancia de lo Penal de Diyarbakir absolvió también a los acusados de las amenazas basándose en la falta de pruebas, y suspendió de nuevo la causa de agresión, señalando que había sido previamente oída por el Tribunal de Primera Instancia de lo Penal de Diyarbakir.

El 11 de abril de 2006, durante una pelea, H. O. golpeó a la demandante gravemente. El informe médico redactado en esta ocasión hacía constar la existencia de una hemorragia en el ojo derecho, así como en su oído derecho, un hematoma en su hombro izquierdo y dolor de espalda. El informe concluía que las gravedad de las heridas de la demandante ponían en peligro su vida. El mismo día, a solicitud del Fiscal, un Juez decretó prisión preventiva para H. O.

El 12 de abril de 1996, el Fiscal presentó una solicitud de procesamiento ante el Juzgado de lo Penal de Diyarbakir, acusando a H. O de causar daños físicos graves de acuerdo con los artículo s 456.2 y 457.1 del Código Penal.

El 15 de abril de 1996, H. O. presentó una petición ante la Presidencia del Tribunal de Primera Instancia de lo Penal, solicitando su puesta en libertad condicional. Explicó que durante una discusión con su mujer se había enfadado y la había abofeteado dos o tres veces. A continuación, su suegra, que trabajaba en un hospital, había conseguido un informe médico para su mujer y este informe había llevado a su arresto sin razón. Declaró que no quería perder a su familia ni su trabajo y que sentía haber golpeado a su esposa.

El 16 de abril de 1996, el Tribunal de Segunda Instancia de lo Penal rechazó la solicitud de libertad condicional de H. O. y decidió que debía continuar en prisión preventiva.

En la vista de 14 de mayo de 1996, la recurrente reiteró su demanda. El Fiscal solicitó la puesta en libertad condicional de H. O., considerando la naturaleza del delito y el hecho de que la recurrente había recuperado su salud. En consecuencia, el Tribunal puso en libertad a H. O.

En la vista de 13 de junio de 1996, la recurrente retiró su demanda, declarando que ella y su esposo se habían reconciliado.

El 18 de julio de 1996, el Tribunal consideró que el delito entraba en el ámbito del artículo 456.4 del Código Penal, según el cual se requería la demanda de la recurrente para continuar con el procedimiento. Por consiguiente, la causa fue suspendida ya que la recurrente había retirado su demanda.

El 5 de febrero de 1998, la demandante, su madre, su hermana y H. O. tuvieron una pelea en la que H. O. sacó una navaja a la demandante. H. O., la demandante y su madre recibieron heridas. Los informes médicos certificaron las heridas y se emitieron sendos partes de baja por siete, tres y cinco días respectivamente.

El 6 de marzo de 1998, el Fiscal decidió no iniciar ningún procedimiento penal contra nadie por este incidente. Concluyó que no había suficientes pruebas para procesar a H. O. en relación con la agresión con navaja, y que los otros delitos de agresión y daños contra la propiedad podían ser objeto de procesos civiles. Por tanto, no había interés general en continuar con esta causa.

La demandante se fue a vivir con su madre.

El 4 de marzo de 1998, H. O. atropelló a la demandante y su madre. La madre de la demandante sufrió heridas de gravedad. En la comisaría, H. O. mantuvo que el incidente había sido un accidente. Sólo pretendía darles una vuelta en el coche, lo que ellas rechazaron y continuaron andando. Entonces se lanzaron delante del coche. La madre de la demandante afirmó que H. O. les había dicho que se montaran en el coche y que, si se negaban, las mataría. Como no quisieron montarse y empezaron a caminar, H. O. atropelló a la demandante que cayó al suelo. Mientras su madre trataba de ayudarla, H. O. dio marcha atrás y empujó, en esta ocasión, a la madre. La madre de la demandante recobró la consciencia en el hospital. En su declaración a la policía la demandante confirmó la declaración de su madre y alegó que su marido había tratado de matarlas con el coche.

El 5 de marzo de 1998, un Juez del Tribunal inferior de lo Penal de Diyarbakir decretó prisión provisional para H. O.

El 19 de marzo de 1998, el Fiscal inició diligencias penales contra H. O. en el Tribunal de Tercera Instancia de lo Penal de Diyarbakir por las amenazas de muerte y los graves daños físicos causados. El mismo día, el Instituto Médico Forense presentó un informe médico indicando la existencia de rasguños en la rodilla de la demandante. El informe concluía que las heridas de la demandante le obligaban a estar cinco días de baja.

El 20 de marzo de 1998, la demandante inició un proceso de divorcio contra H. O. como consecuencia de las fuertes discrepancias entre ellos. Alegó que su marido evadía sus responsabilidades de esposo y padre. Como demostraban los informes médicos, la estaba maltratando. También afirmó que su marido llevaba a otras mujeres a casa. La demandante declaró que había retrasado el divorcio debido a las amenazas y a la presión de su marido.

El 2 de abril de 1998, la demandante y su madre presentaron una petición ante la Fiscalía General de Diyarbakir, solicitando a las autoridades medidas de protección a causa de las amenazas de muerte lanzadas por H. O. y su padre.

El 2 y 3 de abril de 1998, la policía tomó declaración a la demandante, a su madre, a su hermano y a la esposa de este último, así como a H. O. y a su padre. La demandante y su madre declararon que H. O. había intentado matarles con su coche y que les había amenazado de muerte si la demandante no volvía con él. Señalaron que la demandante había iniciado el proceso de divorcio y que no quería volver a vivir con H. O. El hermano de la demandante y su mujer afirmaron que la madre se oponía a que la demandante volviera con su marido y que no sabían nada sobre las amenazas de H. O. y de su padre. H. O. mantenía que su única intención era mantener unida a la familia, pero que su suegra estaba tratando de impedirlo. También afirmó que había pedido ayuda al hermano de la demandante y a los mayores de la familia pero que fue en vano. Sostenía que nunca había amenazado a la demandante ni a su madre y que sus acusaciones eran calumnias. El padre de H. O. mantenía que la madre de la demandante quería que su hija se divorciara de H. O. y que se casara con otra persona.

En un informe de 3 de abril de 1998, el Director del Departamento de la Ley y el Orden de la Dirección de Seguridad de Diyarbakir informó a la Fiscalía General del resultado de la investigación sobre las acusaciones hechas por la demandante y su madre. Concluía que la demandante había abandonado a su marido y se había ido a vivir con su madre. Las repetidas peticiones de H. O. a su esposa para que volviera habían sido rechazadas por su madre y ésta le había insultado y había hecho declaraciones de que H. O. le había amenazado de muerte. H. O. había pasado 25 días en prisión por atropellar a su suegra y, tras su puesta en libertad, había pedido a varios mediadores que convencieran a su mujer de que volviera a casa. Sin embargo, la madre no permitía que la demandante volviera con H. O. Ambas partes se habían amenazado mutuamente. Asimismo, la madre había tratado de separar a su hija de H. O. para vengarse de su ex-marido, había hecho constantemente declaraciones difamatorias y también había «hecho perder el tiempo» a las fuerzas de seguridad.

El 14 de abril de 1998, la Fiscalía General de Diyarbakir imputó a H. O. y a su padre A. O. y les acusó de amenazar de muerte a la demandante y a su madre, violando el artículo 188.1 del Código Penal.

El 30 de abril de 1998, el Tribunal de lo Penal de Diyarbakir decretó libertad condicional para H. O. Posteriormente declaró que no tenía jurisdicción sobre el caso y remitió el expediente al Tribunal Superior de lo Penal de Diyarbakir.

El 11 de mayo de 1998, el Tribunal Superior de lo Penal clasificó el delito de intento de asesinato. Durante la vista de 9 de julio de 1998, H. O. reiteró que el incidente había sido un accidente; la puerta del coche estaba abierta y, había golpeado accidentalmente a la demandante y a su madre cuando movió el coche. La demandante y su madre confirmaron la declaración de H. O y declararon que no querían continuar con el procedimiento.

El 23 de junio de 1998, el Tribunal Superior de lo Penal de Diyarbakir absolvió a H. O. y a su padre de los cargos de haber proferido amenazas de muerte por falta de pruebas. El Tribunal señaló que el imputado había negado las acusaciones y las recurrentes habían retirado la demandas. La recurrente fue de nuevo a vivir con H. O.

El 9 de julio de 1998, se emitió un nuevo informe médico de la madre de la demandante en el que se consideraba que las heridas no eran muy graves pero que debería estar 25 días de baja.

En la vista de 8 de octubre de 1998, la recurrente y su madre retiraron sus demandas. Declararon que la puerta del coche había sido abierta y que H. O. las golpeó accidentalmente. Cuando les preguntaron sobre las demandas contra H. O., la demandante y su madre afirmaron que habían tenido una pelea con H. O. y que habían hechos esas declaraciones por el enfado.

El 17 de noviembre de 1998, el Tribunal Superior de lo Penal de Diyarbakir concluyó que el caso en relación con el delito contra la recurrente debía ser interrumpido puesto que ella había retirado la demanda. Sin embrago, decidió que, aunque la madre de la demandante también había retirado su demanda, H. O. debía seguir preso por ese delito, ya que las heridas de la madre eran más graves. Posteriormente, el Tribunal condenó a H. O. a tres meses de prisión y a una multa; la pena de prisión fue, más tarde, conmutada por una multa.

El 29 de octubre de 2001, la demandante fue a visitar a su madre. Más tarde, H. O. telefoneó y dijo a la demandante que volviera a casa. La demandante, preocupada porque su marido fuera de nuevo violento con ella, dijo a su madre «este hombre me va a destrozar». La madre de la demandante animó a la demandante a volver a casa con sus hijos. Tres cuartos de hora más tarde uno de los hijos regresó a casa de la madre diciendo que su padre había apuñalado y matado a su madre. La madre de la demandante fue corriendo a casa de la demandante. Vio que estaba tendida en el suelo sangrando. Con ayuda de los vecinos, metió a la demandante en un taxi y la llevó al Hospital Estatal de Diyarbakir. Las autoridades médicas le dijeron que la situación de la demandante era grave y la transfirieron al Hospital Universitario de Dicle, mejor equipado. El informe médico de la demandante señaló que tenía siete puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, las heridas no fueron calificadas de muy graves.

Hacia las 11,30 horas p.m. del mismo día, H. O. se entregó a la policía. La policía confiscó el cuchillo que había utilizado en el incidente. H. O. explicó que su mujer y sus hijos no estaban en casa cuando volvió a las 6 p.m. Les telefoneó y les pidió que volvieran. A su regreso, preguntó a la demandante «¿Por qué estabas fuera? ¿Por qué no me has hecho la cena?» ¡La demandante respondió «Estábamos en casa de mi madre» y le dio un plato de fruta. Continuaron discutiendo. Él le dijo, «¿Por qué vas tan a menudo a casa de tu madre?! No vayas tanto, quédate en casa y cuida de los niños!» La discusión fue en aumento. En un momento dado, la demandante le atacó con un tenedor. Empezaron a pelear y él perdió el control, cogió el cuchillo de la fruta y la apuñaló; no recordaba cuantas veces. Alegó que su mujer era más grande que él por lo que tuvo que responder a su ataque. Añadió que su esposa no era mala persona y que habían vivido juntos pacíficamente hasta dos años antes. Sin embargo, habían empezado a pelearse al comenzar a interferir, la madre de la demandante, en su matrimonio. Declaró que sentía lo que había hecho. H. O. fue puesto en libertad condicional tras tomarle declaración.

El 31 de octubre de 2001, la abogada de la madre de la recurrente presentó una demanda en la Fiscalía de Diyarbakir. En ella señalaba que la madre de la recurrente le había contado que H. O. había pegado a su hija gravemente unos cinco años atrás, tras lo que fue detenido y encarcelado. Sin embargo, fue puesto en libertad en la primera vista. Mantenía que su cliente y la recurrente habían sido obligadas a retirar sus demandas por las continuas amenazas y la presión que sufrían por parte de H. O. Posteriormente, declaró que había rumores de que H. O. estaba envuelto en asuntos de tráfico de mujeres. Finalmente, se refirió al incidente de 4 de marzo de 1998 (ver arriba), argumentando que, tras este grave incidente, la puesta en libertad de H. O. fue éticamente perjudicial y solicitó su prisión preventiva.

El 2 de noviembre de 2001, el abogado de la demandante presentó una objeción ante la Fiscalía General contra el informe médico del Hospital de la Facultad de Medicina de Dicle, que concluyó que las heridas de la demandante no eran muy graves. El abogado solicitó un nuevo examen médico.

El 9 de noviembre de 2001, la demandante presentó una demanda ante la Fiscalía General de Diyarbakir, quejándose de que H. O. le había asestado varias puñaladas a consecuencia de una pelea. Pedía al Fiscal que le enviara al Instituto Forense para un nuevo examen médico.

El 8 de noviembre de 2001, la demandante fue sometida a un nuevo examen médico en el Instituto Forense de Diyarbakir cumpliendo órdenes del Fiscal. El médico forense señaló la presencia de heridas causadas por un cuchillo en la muñeca izquierda (3 cm. de largo), en la cadera izquierda (5 cm. de profundidad), otra herida de 2 cm. de profundidad en la misma cadera y otra herida justo encima de la rodilla izquierda. Bajo su punto de vista no eran heridas de gran gravedad pero la demandante debería estar de baja siete días.

El 12 de diciembre d 2001, el Fiscal presentó una solicitud de procesamiento ante el Tribunal inferior de lo Penal de Diyarbakir, acusando a H. O. de agresión con arma blanca de conformidad con los artículos 456.4 y 457.1 del Código Penal.

Mediante Sentencia de 23 mayo 2002, el Tribunal de Segunda Instancia de lo Penal impuso una multa de 839.957.040 liras turcas a H. O. por la agresión con arma blanca a la demandante. Decidió que podía abonar la multa en ocho plazos.

El 14 de noviembre de 2001, la recurrente presentó una denuncia ante la Fiscalía de Diyarbakir, alegando que H. O. le había estado amenazado.

El 11 de marzo de 2002, el Fiscal decidió que no había pruebas concretas para procesar a H. O. aparte de las acusaciones hechas por la demandante.

El 19 de noviembre de 2001, la madre de la recurrente presentó una demanda ante el Fiscal. En ella, declaraba que H. O., A. O. y sus familiares les habían estado amenazando sistemáticamente a ella y a su hija. En concreto, H. O. le dijo, «Te voy a matar, a ti, a tu hija y a toda tu familia!» Además le hostigaba y violaba su privacidad paseándose alrededor de su domicilio llevando navajas y pistolas. Señaló que H. O. debería ser declarado responsable si algún incidente les ocurría a ella o a su familia. También se refirió a los acontecimientos de 29 de octubre de 2001, cuando H. O. apuñaló a la demandante (ver arriba). En respuesta a su demanda, el 22 de noviembre de 2002, el Fiscal escribió una carta a la Dirección de Seguridad de Diyarbakir solicitando que tomaran declaración a la madre de la demandante y a H. O. y presentaran en su oficina un informe de la investigación.

Mientras tanto, el 14 de diciembre de 2001, la demandante inició un nuevo proceso de divorcio en el Tribunal de lo Civil de Diyarbakir.

El 23 de diciembre de 2001, la policía tomó declaración a H. O. en relación a las acusaciones de la madre de la demandante. H. O. negó estas acusaciones y alegó que su suegra, que había estado interfiriendo en su matrimonio e influenciando en su mujer para llevar una vida inmoral, le había amenazado a él. Posteriormente, el 5 de enero de 2002, la policía tomó declaración a la madre de la demandante. Señaló que H. O. había estado yendo a su puerta cada día, mostrándole un cuchillo o una pistola y amenazándoles de muerte a ella, a su hija y a sus nietos.

El 10 de enero de 2002, H. O. fue acusado de conformidad con el artículo 191.1 del Código Penal por proferir amenazas de muerte.

El 27 de febrero de 2002, la madre de la recurrente presentó una demanda ante la Fiscalía de Diyarbakir. Señaló que las amenazas de H. O. se habían intensificado. H. O. junto con sus amigos, habían estado hostigándole, amenazándole e insultándole por teléfono. Declaró que su vida corría inminente peligro y solicitó que la policía interviniera su teléfono y tomara medidas contra H. O. El mismo día, la Fiscalía ordenó a la Dirección de Telecom de Turquía en Diyarbakir que presentara en su oficina un listado de todos los números que telefonearan a la línea de la madre de la demandante durante el próximo mes. En ausencia de respuesta, el Fiscal reiteró su solicitud el 3 de abril de 2002.

El 16 de abril de 2002, el Tribunal inferior de lo Penal de Diyarbakir interrogó a H. O. en relación a su agresión con arma blanca contra su suegra. Repitió la declaración que había hecho en la policía, añadiendo que no quería que su esposa visitara a su madre porque ésta había llevado una vida inmoral.

La demandante había estado viviendo con su madre desde el incidente de 29 de octubre de 2001.

En una fecha sin determinar, la madre de la demandante contrató a una empresa de transportes el traslado de sus muebles a Izmir. H. O se enteró de esto y supuestamente dijo, «¡Vayáis donde vayáis, os encontraré y os mataré!». A pesar de las amenazas, el 11 de marzo de 2002 los muebles fueron cargados en el camión de la empresa de transportes. El camión hizo dos viajes entre la sede de la empresa de transportes y la casa. En su tercer viaje, la madre de la demandante pidió al conductor que le llevara hasta la sede de la empresa. Se sentó en el asiento de delante, al lado del conductor. En el camino, un taxi paró delante del camión y le hizo señas. El conductor del camión, creyendo que el taxista le iba a preguntar alguna dirección, paró. H. O. salió del taxi. Abrió la puerta del asiento donde iba montada la madre de la demandante, gritó algo como, «¿Dónde te llevas los muebles?» y le disparó. La madre de la demandante murió en el acto.

El 13 de marzo de 2002, el Fiscal de Diyarbakir presentó una solicitud de procesamiento ante el Tribunal Superior de lo Penal de Diyarbakir, acusando a H. O. de asesinato intencionado de conformidad con el artículo 449.1 del Código Penal.

En sus declaraciones a la policía, al Fiscal y al Tribunal, H. O. afirmó que había asesinado a la madre de la demandante porque había inducido a su esposa a llevar una vida inmoral, como ella había hecho, y se había llevado a su esposa y a sus hijos lejos de él. Asimismo alegó que el día del incidente, cuando preguntó a la fallecida dónde se llevaba los muebles y dónde estaba su mujer, ella le respondió «J., me llevo lejos a tu mujer y voy a hacer que se venda». Declaró que había perdido los nervios y le había disparado por su honor y por el bien de los niños.

En una Sentencia firme de 26 marzo 2008, el Tribunal Superior de lo Penal de Diyarbakir acusó a H. O. de asesinato y posesión ilegal de arma de fuego. Le condenó a cadena perpetua. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que el acusado había cometido el delito como consecuencia de una provocación de la fallecida y de su buena conducta durante el juicio el Tribunal mitigó la condena inicial, cambiándola a 15 años y 10 meses de prisión y una multa de 180 nuevas liras turcas. En vista del tiempo transcurrido por el convicto en prisión preventiva y del hecho de que la Sentencia iba a ser examinada en apelación, el Tribunal ordenó la puesta en libertad condicional de H. O.

El recurso de apelación sigue pendiente ante el Tribunal de Casación.

En un escrito de 15 de abril de 2008, la recurrente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Kemalpasa, en Izmir, para su propuesta ante la Fiscalía General de Diyarbakir, y pidió a las autoridades que adoptaran medidas para proteger su vida. Señaló que su ex-marido, H. O., había sido puesto en libertad condicional y que a principios de abril había ido a ver a su novio M. M., que trabajaba en una obra en Diyarbakir, y le había preguntado sobre su paradero. Como M. M. se negó a darle su dirección, H. O. le amenazó y le dijo que les iba a matar, a él y a la demandante. La demandante alegaba que H. O. ya había matado a su madre y que no iba a dudar en matarle a ella también. Había estado constantemente cambiando de dirección para que H. O. no pudiera encontrarla. Por último, pidió a la Fiscalía que mantuviera su dirección, indicada en la petición, y el nombre de su novio en secreto y que responsabilizara a H. O. si cualquier cosa les ocurría a ella o a su familia.

En una fecha sin especificar tras el asesinato de su madre, la demandante obtuvo el divorcio de su marido.

El 14 de mayo de 2008, el representante de la demandante informó al Tribunal de que el marido de la demandante había sido puesto en libertad condicional y que de nuevo amenazaba a la demandante. Se quejó de que no se hubieran adoptado medidas a pesar de la solicitud de la demandante. Por tanto, pidió al Tribunal que solicitara al Gobierno que le proporcionara la protección necesaria.

En una carta fechada el 16 de mayo de 2008, el Registro transmitió la solicitud de la demandante al Gobierno y le pidió que informara al Tribunal de las medidas que adoptaran las autoridades.

El 26 de mayo de 2008, el Director del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales adjuntó a un fax para el Ministerio de Justicia una carta para la Fiscalía General de Diyarbakir en relación con las quejas de la demandante ante Tribunal europeo de Derechos Humanos. Informaba a la Fiscalía General de la demanda de la recurrente pendiente ante el Tribunal y pedía que le proporcionara información con respecto a la denuncia presentada por la recurrente ante la Fiscalía General de Kemalpasa en Izmir y las medidas adoptadas para proteger su vida.

El mismo día, un Fiscal de Diyarbakir escribió a la Oficina del Gobernador de Diyarbakir solicitándole la adopción de medidas para la protección de la demandante.

Mediante carta de 28 mayo 2008 de la Fiscalía General de Diyarbakir a la Dirección de la Central de Policía de Sehitler, en Diyarbakir, el Fiscal (A. E.) pidió a la policía que citara a H. O. en su oficina en relación con una investigación.

El 29 de mayo de 2008, A. E. interrogó a H. O. en relación con la denuncia presentada por la demandante. H. O. negó la acusación de haber amenazado a la demandante y alegó que había hecho tales acusaciones para molestarle por su puesta en libertad. Afirmó que no sentía enemistad contra ella y que se había dedicado a su familia y a sus hijos.

El 3 de junio de 2008, A.E. tomó declaración al novio de la demandante, M. M. Declaró que H. O. le había llamado y preguntado la dirección de la demandante, y le había dicho que la iba a matar. M. M. y H. O. no se vieron. No presentó una denuncia contra él, sin embargo, llamó a la demandante y le informó de las amenazas.

En una carta de 20 de junio de 2008, el Gobierno informó al Tribunal de que el marido de la demandante no había cumplido su sentencia todavía pero que había sido puesto en libertad en espera de la resolución del recurso de apelación para evitar exceder el límite permitido de prisión preventiva. También declaró que la Oficina del Gobernador y la Fiscalía General habían sido informadas de la demanda de la recurrente y que habían recibido órdenes de tomar precauciones para proteger a la demandante.

Por último, el 14 de noviembre de 2008, el representante legal de la demandante informó al Tribunal de que la vida de su cliente corría peligro inminente puesto que las autoridades no habían adoptado medidas para protegerla de su ex-marido. El Registro del Tribunal transmitió esta carta el mismo día al Gobierno, pidiéndole que le proporcionara información sobre las medidas adoptadas para proteger a la demandante.

El 21 de noviembre de 2008, el Gobierno informó al Tribunal de que la policía había adoptado medidas específicas para proteger a la demandante de su ex-marido. En concreto, su fotografía y sus huellas dactilares habían sido distribuidas por las comisarías de la región de manera que pudiera ser detenido si aparecía cerca del lugar de residencia de la demandante. La policía interrogó a la demandante en relación a sus acusaciones. Ella declaró que no había sido amenazada por su marido desde hacía más de mes y medio.

Las disposiciones de la legislación interna aplicable en las que se basaron las autoridades judiciales en el presente asunto están expuestas a continuación.

Artículo 188

«Cualquier persona que mediante la fuerza o amenazas obligue a un tercero a hacer o dejar de hacer algo u obtenga de este último permiso para hacer algo (…) será condenado a entre seis meses y un año de prisión y a un multa de entre mil y tres mil liras (…)».

Artículo 191.1

«Toda persona que, fuera de las situaciones contempladas por la Ley, amenace a un tercero con causarle daños graves e injustificados será condenado a seis meses de prisión.»

Artículo 449

«Si el acto de homicidio:

a) Se comete contra la esposa, esposo, hermana o hermano, madre adoptiva, hijo adoptivo, madrastra, padrastro, hijastro, suegro, suegra, yerno o nuera (…) el autor del delito será condenado a cadena perpetua (…)».

Artículo 456.1, 2 y 4

«Cualquier persona que acose físicamente a un tercero o perjudique su bienestar o le cause daño emocional, sin intentar matarle, será condenado a entre seis meses y un año de prisión.

Cuando el acto constituya un peligro para la vida de la víctima o le cause debilidad permanente en algún órgano o sentido, o dificultad permanente para expresarse o lesiones permanentes en el rostro, o enfermedad física o mental durante más de veinte días, o le impida realizar su trabajo habitual durante el mismo número de días, el autor del delito será condenado a entre dos y cinco años de prisión.

(…)

Si el acto no da lugar a enfermedad ni impide (a la víctima) continuar con su trabajo habitual o estas situaciones no duran más de diez días, el autor del delito será condenado a entre dos y seis meses de prisión o a una fuerte multa de entre doce mil y ciento cincuenta mil liras, siempre que la persona agredida interponga una demanda (…)».

Artículo 457

«Si los actos mencionados en el artículo 456 se cometen contra las personas citadas en el artículo 449 o si el acto se comete con un arma oculta o visible o sustancia química perniciosa, el castigo incrementará entre una tercera parte y la mitad de la condena.»

Artículo 460

«En las situaciones mencionadas en los artículos 456 y 459, en las que el inicio del procedimiento depende de la interposición de una demanda (por parte la víctima), si el recurrente renuncia a su derecho antes de que una sentencia firme sea dictada el proceso se dará por finalizado.»

Artículo 1

«Si un cónyuge o un hijo u otro miembro de la familia que vive bajo el mismo techo es objeto de violencia doméstica y si la víctima o el Fiscal General comunica este hecho al Tribunal inferior encargado de los asuntos civiles, el Juez, teniendo en cuenta la naturaleza del incidente, podrá, a iniciativa propia, ordenar la adopción de una o varias de las siguientes medidas o de otras que considere apropiadas. Se ordenará al cónyuge causante:

a) no comportarse violentamente ni amenazar al otro cónyuge o a los hijos (u otro miembro de la familia viviendo bajo el mismo techo),

b) abandonar la vivienda compartida y renunciar a ella en favor del otro cónyuge y los hijos, si los hubiera, y no aproximarse a la vivienda mientras el otro cónyuge y los hijos residan en ella, ni a sus lugares de trabajo,

c) no dañar las propiedades del cónyuge (o de los hijos u otros miembros de la familia que residan bajo el mismo techo),

d) no molestar al otro cónyuge ni a los hijos (u otros miembros de la familia que residen bajo el mismo techo), mediante el uso de aparatos de comunicación,

e) entregar cualquier arma o similar a los agentes de la Ley,

f) no llegar a la vivienda compartida bajo los efectos del alcohol u otras sustancias tóxicas y no utilizar tales sustancias en la vivienda compartida.

Estas medidas serán de aplicación durante un período no superior a seis meses. En la orden, el cónyuge causante será prevenido de que, en caso de incumplimiento de las medidas impuestas, será detenido y condenado a prisión. El Juez podrá ordenar el abono de una pensión alimenticia provisional, teniendo en cuenta el nivel de vida de la víctima.

La demandas interpuestas de conformidad con el artículo 1 no estarán sujetas a costas judiciales.»

Artículo 2

«El Tribunal transmitirá una copia de la orden de protección a la Fiscalía General. El Fiscal controlará la implementación de la orden por medio de las autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de la orden de protección, las autoridades competentes deberán llevar a cabo una investigación de oficio, sin que sea necesario que la víctima presente una demanda, y transmitirán la información a la Fiscalía General sin dilación.

La Fiscalía General interpondrá una acción judicial en el Tribunal inferior de lo Penal contra el cónyuge que incumpla la orden de protección. El lugar y la celebración urgente de la vista del asunto estará sujeta a las disposiciones de la Ley núm. 3005 del Procedimiento relativo a los asuntos in flagrante delicto.

Incluso si el acto en cuestión constituye un delito separado, un cónyuge que incumple una orden de protección será condenado a entre 3 y 6 meses de prisión.»

Estas normas, elaboradas para regular la aplicación de la Ley núm. 4320, establecen las medidas a adoptar en relación a los familiares que actúen de manera violenta y los procedimientos y principios reguladores para la aplicación de estas medidas de protección de los miembros de la familia objeto de violencia doméstica.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), fue adoptada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por Turquía el 19 de enero de 1986.

La CEDAW define la discriminación contra la mujer como «… toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera». En cuanto a las obligaciones de los Estados, el artículo 2 de la CEDAW establece, en su parte aplicable, lo siguiente:

«Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

(…)

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar Leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;»

El Comité de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (a partir de ahora «el Comité de la CEDAW») ha constatado que la «violencia de género es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres para gozar de sus derechos y libertades basándose en su igualdad con los hombres» y está por tanto prohibida conforme al artículo 1 de la CEDAW. En la categoría general de violencia de género, el Comité incluye la violencia por «acto privado» o «violencia en la familia». En consecuencia, la violencia de género desencadena obligaciones para los Estados. La Recomendación General núm. 19 contiene un listado de estas obligaciones. Incluye una obligación de «adoptar todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia de género, incluidas sanciones penales, recursos civiles e indemnizaciones para protegerlas contra todo tipo de violencia.» En sus Observaciones Finales de los informes cuarto y quinto combinados de Turquía (desde ahora «Observaciones Finales»), el Comité de la CEDAW reiteró que la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, es una forma de discriminación (ver, CEDAW/C/TUR/4-5 y Corr. 1, de 15 febrero 2005, ap. 28).

Ver la Recomendación General del Comité núm. 19 sobre «Violencia contra mujeres» (1992) UN doc. CEDAW/C/1992/L.1/Add. 15 en ap. 24 (a).

Ibid, en ap. 24 (b); ver, también ap. 24 (r).

Ibid, en ap. 24 (t).

Ibid, en ap. 24 (t) (i); ver también apartado 24 (r) sobre medidas necesarias para combatir la violencia familiar.

Asimismo, en sus explicaciones de la Recomendación General núm. 19, el Comité de la CEDAW consideró lo siguiente:

«(…) 6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia.

7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención.

Comentarios sobre artículos concretos de la Convención

(…)

Artículos 2(f), 5 y 10(c)

11. Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y mental es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien en esta observación hace hincapié en la violencia real o las amenazas de violencia, sus consecuencias básicas contribuyen a mantener a la mujer subordinada, a su escasa participación en política y a su nivel inferior de educación y capacitación y de oportunidades de empleo.»

En el asunto A. T. contra Hungría (Decisión de 26 enero 2005), en el que la demandante había acusado a su pareja de hecho y padre de sus dos hijos de haber abusado físicamente de ella y haberla amenazado desde 1998, el Comité de la CEDAW ordenó a Hungría que adoptara medidas «que garantizaran la integridad física y mental de la demandante y su familia», así como que se asegurase de que se le proporcionaba un lugar de residencia seguro para vivir con sus hijos y de que recibía una pensión alimenticia, asistencia legal e indemnización en proporción al daño sufrido y a la violación de sus derechos. El Comité también hizo varias recomendaciones a Hungría para mejorar la protección de las mujeres contra la violencia doméstica como establecer investigaciones efectivas, procesos legales y judiciales, e incrementar los recursos de ayuda.

En el asunto Fatma Yildirim contra Austria (Decisión de 1 octubre 2007), relativo a la asesinato de la señora Yildirim por su esposo, el Comité de la CEDAW consideró que el Estado Parte había incumplido su obligación de diligencia debida de proteger a Fatma Yildirim. Por tanto concluyó que el Estado Parte había violado sus obligaciones conforme a los artículos 2 (a), 2(c)-(f), y 3 de la CEDAW en relación con el artículo 1 de la CEDAW y la Recomendación General núm. 19 del Comité y los derechos correspondientes de la fallecida Fatma Yildirim a la vida y a la integridad física y mental.

La Declaración de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993), en su artículo 4 (c), urge a los Estados a «ejercer su diligencia debida de prevenir, investigar y, conforme a la legislación interna, castigar los actos de violencia contra las mujeres, si estos actos son perpetrados por el Estado o personas físicas».

En su tercer informe, de 20 de enero de 2006, a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (E/CN. 4/2006/61), el Informador Especial sobre violencia contra las mujeres consideraba que existe una norma del Derecho consuetudinario internacional que «obliga a los Estados a prevenir y responder a los actos de violencia contra las mujeres con la diligencia debida».

En su Recomendación Rec (2002)5, de 30 de abril de 2002, sobre la Protección de las mujeres contra la violencia, el Comité de Ministros del Consejo de Europa estableció, inter alia, que los Estados miembros deberían introducir, desarrollar y/o mejorar, si fuera necesario, las políticas nacionales contra la violencia basándose en la máxima seguridad y protección de las víctimas, la ayuda y asistencia, la modificación de la legislación civil y criminal, la concienciación colectiva, la formación de profesionales para enfrentarse a la violencia contra las mujeres y la prevención.

El Comité de Ministros recomendó, en concreto, que los Estados miembros castigaran la violencia grave contra las mujeres como violencia sexual y violación, abuso de la vulnerabilidad de las víctimas embarazadas, indefensas, enfermas, incapacitadas o dependientes, así como abuso de posición del autor. La Recomendación también establece que los Estados miembros se aseguren de que todas las víctimas de violencia puedan iniciar procedimientos, dicten disposiciones para garantizar que los procedimientos penales puedan ser iniciados por el Fiscal, promuevan que los fiscales consideren la violencia contra las mujeres como un agravante o factor decisivo a la hora de adoptar una decisión sobre si es de interés general, se aseguren, cuando sea necesario, de que se adoptan medidas para proteger a las víctimas de manera efectiva contra amenazas y posibles actos de venganza y adopten medidas específicas para garantizar que los derechos de los niños son protegidos durante los procedimientos.

En relación con la violencia en la familia, el Comité de Ministros recomendó que los Estados miembros clasifiquen cualquier forma de violencia en la familia como delito penal y contemplen la posibilidad de tomar medidas que, inter alia, capaciten al poder judicial a la adopción medidas interinas para proteger a las víctimas como prohibir al autor contactar, comunicarse o acercarse a la víctima, o residir o entrar en ciertas áreas, castigar cualquier incumplimiento de las medidas impuestas al autor y establecer un protocolo de actuación obligatorio para la policía y los servicios médicos y sociales.

El Tribunal Interamericano, en el asunto Velásquez-Rodríguez estableció:

«Un hecho ilícito que viola los derechos humanos y que no resulta inicialmente directamente imputable a un Estado (por ejemplo, por ser obra de un particular o porque la persona responsable no ha sido identificada) puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por el hecho en sí mismo, sino por la falta de la diligencia debida para prevenir la violación o para tratarla como requiere la Convención.»

Velásquez-Rodriguez contra Honduras, Sentencia de 29 julio 1988, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) núm. 4, ap. 172.

Las bases legales para atribuir la responsabilidad última a un Estado por hechos privados dependen del incumplimiento de su deber de garantizar los derechos humanos, como expone el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana refleja este principio mediante la repetida consideración de la responsabilidad internacional de los Estados a cuenta de su falta de diligencia debida para prevenir la violación de derechos humanos, para investigar y sancionar a los autores o para proporcionar la reparación debida a las familias.

Firmado en la Conferencia especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, de 22 noviembre 1969. El artículo 1 dispone lo siguiente: «1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.»

La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de 1994 (Convención de Belém do Pará) expone las obligaciones de los Estados en relación con la erradicación de la violencia de género. Es el único tratado multilateral de derechos humanos que trata únicamente la violencia contra las mujeres.

Fue adoptada por la Organización de Estados Americanos (OAS) y entró en vigor el 5 de marzo de 1995

La Comisión Interamericana adopta el enfoque de la Corte Interamericana para atribuir la responsabilidad a un Estado por los hechos y omisiones de individuos particulares. En el asunto de Maria Da Penha contra Brasil, la Comisión constató que la falta, por parte del Estado, del ejercicio de la diligencia debida para prevenir e investigar una demanda de violencia doméstica justificaba la consideración de la responsabilidad del Estado según la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. Asimismo, Brasil había violado los derechos de la demandante y no había llevado a cabo su deber (inter alia, conforme al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a condenar cualquier forma de violencia contra las mujeres), como consecuencia de su falta de actuación y su tolerancia hacia la violencia infligida. Concretamente la Comisión consideró que:

«… la tolerancia por parte de los órganos del Estado no es exclusiva de este caso, sino una pauta sistemática. Es una tolerancia de todo el sistema que no hace sino perpetuar las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la mujer.

Dado que esta violación contra Maria da Penha forma parte de un patrón general de negligencia y falta de efectividad del Estado para procesar y condenar a los agresores, considera la Comisión que no sólo se viola la obligación de procesar y condenar, sino también la de prevenir estas prácticas degradantes. Esa inefectividad judicial general y discriminatoria crea el ambiente que facilita la violencia doméstica, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos.»

Asunto 12.051, Informe núm. 54/01, Inter-Am. C>H.R., Informe anual 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 Doc.20 rev. (2000)

Maria da Penha contra Brasil, aps. 55 y 56.

En once Estados miembros del Consejo de Europa, concretamente en Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, San Marino, España y Suiza, se exige que las autoridades competentes continúen con las diligencias penales aunque la víctima retire la demanda en asuntos de violencia doméstica.

En veintisiete Estados miembros, concretamente en Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Finlandia, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Francia, Georgia, Alemania, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Países Bajos, Federación Rusa, Serbia, Eslovaquia, Suecia, Turquía y Ucrania, las autoridades poseen un margen de discreción a la hora de decidir si continuar con las diligencias penales contra los autores de violencia doméstica. Un significativo número de sistemas legales distingue entre delitos procesables en privado (y para los que es necesaria una denuncia por parte de la víctima) y aquellos que son procesables públicamente (normalmente delitos más graves cuyo enjuiciamiento es considerado de interés público).

Se deduce de la legislación y jurisprudencia de los anteriormente mencionados veintisiete países que la decisión de si proseguir cuando la víctima retira su demanda corresponde a la discreción de las autoridades judiciales, quienes tendrán en cuenta, en primer lugar, el interés público de continuar con las diligencias penales. En algunas jurisdicciones como Inglaterra y Gales, al decidir si continuar con las diligencias penales contra los autores de violencia doméstica los fiscales (Fiscalía General del Estado) deben considerar ciertos factores: la gravedad del delito; si las lesiones de la víctima son físicas o psicológicas; si el acusado utilizó un arma; si el acusado ha proferido amenazas desde el ataque; si el acusado planeó la agresión; el efecto (incluido el psicológico) sobre cualquier niño que resida en la casa; las probabilidades de que el acusado vuelva a delinquir; la amenaza continua a la salud y seguridad de la víctima o alguna otra persona que estuviera o pudiera resultar involucrada; el estado actual de la relación de la víctima con el acusado; el efecto que puede acarrear sobre esta relación el continuar con el proceso en contra del deseo de la víctima; la historia de la relación, en particular si se produjo cualquier otro episodio de violencia en el pasado; y la historia criminal del acusado, concretamente cualquier episodio de violencia anterior. Para decidir el modo de proceder hace referencia directa a la necesidad de conseguir un equilibrio entre los derechos establecidos en los artículos 2 y 3 de la víctima y de los hijos.

Rumania es el único Estado que basa la continuación de las diligencias penales por completo y en cualquier circunstancia en los deseos/demandas de la víctima.

Según este informe, la Ley núm. 4320 (ver, apartado 70 supra) no ha sido todavía implementada completamente. En los últimos años ha habido un incremento de las «órdenes de protección» o requerimientos judiciales emitidos por los Tribunales de Familia. Sin embargo, algunos tribunales, en respuesta a las demandas interpuestas ante ellos por mujeres en peligro de muerte, siguen fijando vistas para dos o incluso tres meses más tarde. Bajo estas circunstancias, los jueces y fiscales tratan una demanda conforme a la Ley núm. 4320 como si fuera una forma de demanda de divorcio, mientras que la cuestión de derecho es llevar a cabo una acción urgente en nombre de las mujeres que pretenden proteger sus vidas. Una vez que el requerimiento judicial ha sido emitido, las mujeres se enfrentan a un buen número de problemas para su implementación.

En los dos años anteriores a que el Informe fuera emitido, aproximadamente, 900 mujeres recurrieron a Mor Çati e hicieron grandes esfuerzos para utilizar la Ley núm. 4320, pero de este número sólo 120 lo consiguieron. Mor Çati ha identificado graves problemas con la implementación de la Ley núm. 4320. En concreto, observó que la violencia doméstica se sigue tratando con tolerancia en las comisarías, y que algunos agentes de policía tratan de hacer de mediadores, o se ponen del lado del hombre, o sugieren a la mujer que retire la demanda. También existen serios problemas al comunicar al marido el requerimiento emitido por un Tribunal de conformidad con la Ley núm. 4320. En el caso de varias mujeres que querían trabajar con Mor Çati, los requerimientos no fueron implementados porque sus maridos eran policías o tenían relación de amistad con agentes de la comisaría en cuestión.

Asimismo, existen dilaciones incomprensibles en la emisión de los requerimientos por parte de los tribunales. Esto se deriva de la actitud de los tribunales al tratar las demandas por violencia doméstica como demandas de divorcio. Se constató que estas dilaciones se debían a sospechas de que algunas mujeres podrían interponer tales demandas sin haber sufrido violencia. Las acusaciones de que las mujeres abusan de la Ley núm. 4320 no son ciertas. Puesto que la carga económica del hogar recae casi al 100% sobre los hombres, sería imposible que las mujeres solicitaran la implementación de la Ley núm. 4320 a no ser que afrontaran un peligro de muerte. Finalmente, los requerimientos en cuestión son generalmente de reducido alcance o no son ampliados por los tribunales.

Según este informe, en Turquía se ha desarrollado una cultura de violencia y esta violencia es tolerada en varios ámbitos de la vida. Una inspección sobre las acciones legales del Tribunal inferior de lo Penal encargado de asuntos civiles (sulh hukuk mahkemesi) y de tres tribunales civiles (asliye hukuk mahkemesi) en Diyarbakir identificaron 183 demandas planteadas de acuerdo con la Ley núm. 4320 desde la fecha en la que dicha Ley entró en vigor en 1998 hasta septiembre de 2005. En 104 de estos casos, el Tribunal ordenó la adopción de varias medidas, mientras que en los 79 restantes el Tribunal consideró que no había razón para emitir ninguna orden o rechazó la demanda o dictaminó que carecía de jurisdicción.

A pesar de la importancia del problema de la violencia doméstica, muy pocas demandas fueron planteadas de conformidad con dicha Ley, porque o bien el público en general no la conoce o el nivel de confianza en las fuerzas de seguridad es muy baja en la región. Los problemas más importantes fueron causados por el retraso en la emisión de requerimientos y la falta de control en la implementación de estos requerimientos.

Asimismo, la actitud negativa de los agentes de policía en las comisarías hacia las víctimas de violencia doméstica es uno de los obstáculos que impide a las mujeres utilizar esta Ley. La mujer que acude a la comisaría por ser objeto de violencia doméstica tiene que hacer frente a actitudes que tienden a considerar el problema como un asunto familiar privado en el que la policía es reacia a interferir.

Este informe emite recomendaciones para mejorar la implementación de la Ley núm. 4320 y para aumentar la protección de las víctimas de violencia doméstica.

Este informe con los datos estadísticos fue preparado tras entrevistar a 2.484 mujeres. Se deduce que todas las demandantes eran objeto de violencia psicológica y aproximadamente el 60% eran objeto de violencia física. El mayor número de víctimas corresponde a la franja de edad de entre 20 y 30 años (43%). El 57% de estas mujeres están casadas. La mayoría de las víctimas era analfabeta o con un bajo nivel de educación. El 78% de las mujeres son de origen kurdo. El 91% de las víctimas que llamaron al servicio de emergencias son de Diyarbakir. El 85% de la víctimas no tienen ninguna fuente de ingresos independiente.

Según este informe, la información estadística sobre el alcance de la violencia contra mujeres en Turquía es limitada y poco fiable. Sin embargo, parece que una cultura de violencia doméstica ha colocado a las mujeres en doble peligro, tanto como víctimas de violencia como por el hecho de que se les niega el acceso efectivo a la justicia. Las mujeres de grupos vulnerables como las procedentes de familias con bajos recursos o que huyen de conflictos o desastres naturales padecen un riesgo mayor. A este respecto, se consideraba que los delitos contra mujeres en el sureste de Turquía han permanecido estado mucho tiempo sin sanción.

Se señalaba que los defensores de los derechos de la mujer intentan combatir las actitudes comunitarias, que toleran la violencia contra ellas y que frecuentemente son compartidas por jueces, altos funcionarios y líderes de opinión de la sociedad. Incluso después de las reformas legislativas que han eliminado la tolerancia jurídica del trato discriminatorio, las actitudes que presionan a las mujeres para que acaten ciertos códigos de conducta limitan sus opciones en la vida.

El informe establece que en ninguno de los distintos niveles del sistema jurídico penal las autoridades responden con prontitud y rigor a las denuncias de las mujeres por palizas, agresiones sexuales, hostigamiento u otras formas de violencia en el ámbito familiar. La policía es reacia a prevenir e investigar la violencia en el ámbito familiar, incluidas las muertes violentas de mujeres. Los Fiscales se niegan a abrir investigaciones de casos de violencia doméstica u ordenar medidas de protección para mujeres en situación de riesgo en su familia o comunidad. La policía y los tribunales no se cercioran de que los hombres contra los que se emiten órdenes judiciales, incluidas las órdenes de alejamiento, las acatan. Por el contrario, se muestran excesivamente indulgentes al imponer las penas, alegando que hubo «provocación» por parte de la víctima o basándose en la inconsistencia de las pruebas.

Existen numerosos obstáculos para las mujeres que necesitan acceder a la justicia y ser protegidas contra la violencia. Los agentes de policía consideran, a menudo, que su deber consiste en alentar a las mujeres a volver a casa y «hacer las paces» y no en investigar las denuncias de estas mujeres. Muchas mujeres, sobre todo en zonas rurales, no pueden formular denuncias formalmente porque el hecho de abandonar el vecindario las somete a un intenso escrutinio, fuertes críticas y, en algunos casos, violencia.

Asimismo, aunque algunos tribunales parecen haber comenzado a implementar las reformas realizadas, la discreción acordada a los tribunales permite conceder a los autores de violencia doméstica indulgencias injustificadas. Las condenas en estos casos son reducidas todavía frecuentemente a discreción de los jueces, que continúan teniendo en cuenta la «grave provocación» del delito a la costumbre, el honor o la tradición.

Finalmente, este informe hace varias recomendaciones al Gobierno turco y a la comunidad y las autoridades religiosas con miras a tratar el problema de violencia doméstica.

Este informe fue redactado para examinar las dimensiones jurídicas del fenómeno denominado «crímenes de honor». Se llevó a cabo un estudio de las Sentencias en asuntos ante el Tribunal Superior de lo Penal de Diyarbakir y el Tribunal de Menores. El propósito del estudio era identificar la proporción de asesinatos remitidos a los tribunales, la actitud del poder judicial ante ellos, las líneas de defensa de los acusados en estos asuntos, el papel de la estructura social (por ejemplo los consejos y costumbres familiares) y las razones de estos asesinatos. Con este fin, se examinaron los asuntos tratados entre 1999 y 2005 por el Tribunal Superior de lo Penal de Diyarbakir y el Tribunal de Menores. En estos siete años, fueron identificados 59 asuntos en los que se dictó Sentencia. En estos casos hubo 71 víctimas/personas asesinadas, y 81 personas fueron juzgadas como acusadas.

Según los investigadores, en asuntos en los que la víctima/persona asesinada era un hombre, se observó que los acusados alegaban, en su defensa, que la víctima/persona asesinada había golpeado, agredido sexualmente, o secuestrado a un familiar del acusado, o había intentado llevar a algún familiar del acusado a la prostitución. En asuntos en los que la víctima/persona asesinada era una mujer, los acusados alegaban en su defensa que la víctima/persona asesinada había hablado con otros hombres, había comenzado a prostituirse, o había cometido adulterio. En 46 de las Sentencias, se aplicaron atenuantes relacionados con provocaciones injustificadas. En 61 de las condenas, se aplicaron los atenuantes dispuestos en el artículo 59 del Código Penal Turco.

EL Gobierno rechazó la admisibilidad de la demanda por dos motivos.

El Gobierno declaró que la demandante no había observado el plazo límite de seis meses con respecto a los hechos que habían tenido lugar antes de 2001. Argumentó que los hechos que tuvieron lugar entre 1995 y 2001 deberían ser considerados fuera de plazo. Si la demandante no estaba satisfecha con las decisiones adoptadas por las autoridades internas tras los hechos que tuvieron lugar durante el período anteriormente mencionado, debería haber presentado su recurso ante la Comisión o, tras la entrada en vigor del Protocolo núm. 11, ante el Tribunal, en los seis meses siguientes de la adopción de cada decisión.

La demandante reclamó que había presentado su demanda en los seis meses siguientes de los hechos en litigio. En su opinión, los hechos debían considerarse en global y no separadamente.

El Tribunal reitera que el propósito de la norma de los seis meses de acuerdo con el artículo 35.1 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) es fomentar la seguridad de la Ley y garantizar que los asuntos planteados conforme al Convenio son tratados en un plazo razonable (ver Kernar contra Turquía, núm. 67215/01 [dec], de 1 diciembre 2005). De acuerdo con su jurisprudencia establecida, cuando ningún recurso interno está disponible el período de seis meses comienza a contar en la fecha del acto en litigio.

A este respecto, el Tribunal señala que desde el 10 de abril de 1995, la demandante y su madre fueron víctimas de múltiples agresiones por parte de H. O. contra su integridad física. Estos actos de violencia tuvieron como consecuencia la muerte de la madre de la demandante y causaron intenso sufrimiento y angustia a la demandante. Aunque se produjeron intervalos entre los hechos en litigio, el Tribunal considera que la violencia general a la que la demandante y su madre estuvieron sujetas durante un largo período de tiempo no puede tratarse como episodios separados e independientes y por tanto deben considerarse globalmente como una cadena de hechos relacionados.

Siendo esto así, el Tribunal señala que la demandante presentó su recurso dentro de los seis meses siguientes al asesinato de su madre por H. O., hecho que podría considerarse que le hizo ser consciente de la inefectividad de los recursos de la legislación interna, puesto que las autoridades no habían conseguido que H. O. dejara de cometer actos violentos. Dado que estas circunstancias no revelan indicio alguno de dilación de la recurrente al entablar su demanda, una vez que constató que no existía reparación para sus reclamaciones, el Tribunal considera que la fecha pertinente en relación al plazo límite de seis meses no debía considerarse ninguna fecha anterior al 13 de marzo de 2002 (ver apartado 54 supra). En cualquier caso, el ex-marido de la demandante continuó amenazando su vida y bienestar y, por tanto, no se puede decir que la violencia hubiera finalizado (ver apartados 59-69 supra).

En el concreto contexto de este caso, se deduce que las quejas de la demandante fueron presentadas dentro del plazo de seis meses exigido por el artículo 35.1 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) . El Tribunal, por tanto, rechaza la objeción preliminar del Gobierno.

El Gobierno, posteriormente, afirmó que la demandante no había agotado los recursos internos puesto que ella y su madre habían retirado sus demandas en varias ocasiones dando lugar a la interrupción de las diligencias penales emprendidas. Mantenía que la demandante no había aprovechado la protección proporcionada por la Ley núm. 4320 y que había impedido que el Fiscal acudiera al Tribunal de Familia, al haber retirado sus demandas. Declaró que, posteriormente, la demandante podía haber aprovechado los recursos civiles y administrativos cuya efectividad había sido reconocida por el Tribunal en asuntos previos (Aytekin contra Turquía, de 23 septiembre 1998 [TEDH 1998, 95] , Repertorio de Sentencias y Decisiones 1998-VII). Finalmente, basándose en las Sentencias del Tribunal en los asuntos Ahmet Sadik contra Grecia [TEDH 1996, 59] (de 15 noviembre 1996, ap. 34, Repertorio 1996-V) y Cardot contra Francia [TEDH 1991, 25] (de 19 marzo 1991, ap. 30, serie A núm. 200), el Gobierno afirmó que la recurrente no planteó, ni siquiera en esencia, sus reclamaciones de discriminación ante las autoridades judiciales nacionales y que por tanto estas demandas debían ser declaradas inadmisibles.

La demandante afirmó que había agotado todos los recursos internos a su alcance. Argumentó que había quedado demostrado que los recursos internos eran inefectivos dado que las autoridades no habían conseguido proteger la vida de su madre ni evitado que su marido les maltratara a ella y a su madre. En cuanto a la confianza del Gobierno en la Ley núm. 4320, en relación con el hecho de que no hubiera aprovechado los recursos que proporcionaba, la demandante señaló que dicha Ley entró en vigor el 14 de enero de 1998, cuando una parte significativa de los hechos en cuestión ya habían tenido lugar. Antes de la entrada en vigor de la Ley núm. 4320, no existía ningún mecanismo de protección contra la violencia doméstica. En cualquier caso, a pesar de las numerosas denuncias ante la Fiscalía General, ninguna de las medidas de protección previstas en la Ley núm. 4320 habían sido adoptadas para proteger la vida y bienestar de la demandante y de su madre.

El Tribunal observa que la principal cuestión en relación con el agotamiento de los recursos internos es saber si las demandantes no utilizaron los recursos disponibles en la legislación interna, particularmente los previstos en la Ley núm. 4320, y si se requirió a las autoridades para que continuaran con las diligencias penales contra el marido de la demandante a pesar de que las víctimas retiraran las demandas. Estas cuestiones están inextricablemente relacionadas con la cuestión de la efectividad de los recursos internos para proporcionar seguridad a la demandante y su madre contra la violencia doméstica. Por consiguiente, el Tribunal añade estas cuestiones al fondo del asunto y las examinará de acuerdo con los artículos 2, 3 y 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) (ver, entre otra fuentes, Semsi Önen contra Turquía [PROV 2002, 131672] , núm. 22876/93, ap. 77 de 14 mayo 2002).

En vista de todo lo anterior, el Tribunal señala que la demanda no carece manifiestamente de fundamento considerando el artículo 35.3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) . Señala asimismo que ésta no se enfrenta a ningún otro motivo de inadmisibilidad. Cabe pues admitirla.

La demandante se quejó de que las autoridades no habían protegido el derecho a la vida de su madre, que fue asesinada por su marido, violando el artículo 2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , que dispone en su parte aplicable lo siguiente:

«1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la Ley establece esa pena. (…)».

La demandante afirmó, desde el principio, que la violencia doméstica era tolerada por las autoridades y la sociedad y que los autores de violencia doméstica gozaban de impunidad. A este respecto, señaló que, a pesar de sus numerosas denuncias ante la Fiscalía General de Diyarbakir, ninguna de las medidas de protección previstas en la Ley núm. 4320 fueron adoptadas para proteger su vida y su bienestar ni los de su madre. En cambio, en varias ocasiones, las autoridades habían tratado de persuadirles a ella y a su madre para que retiraran las demandas contra H. O. Las autoridades internas habían permanecido totalmente pasivas frente a las amenazas de muerte proferidas por H. O. y las habían dejado a la merced de su agresor.

La recurrente señaló que, mediante escrito de 27 febrero 2002, su madre había presentado una demanda ante la Fiscalía General y había informado a las autoridades de las amenazas de muerte de H. O. Sin embargo, el Fiscal no había hecho nada para proteger sus vidas. En opinión de la recurrente, el hecho de que las autoridades no tomaran en serio la demanda de su madre era un claro indicio de que la violencia doméstica era tolerada por la sociedad y por las autoridades.

La demandante también reclamó que, aunque H. O. había sido condenado por asesinato, el castigo impuesto no era disuasorio y era inferior que la condena normalmente impuesta por asesinato. La imposición de una condena poco severa derivaba del hecho de que, en la presentación de su defensa ante el Tribunal Superior de lo Penal, el acusado alegó haber matado a la madre para proteger su honor. Era la práctica general en los tribunales penales de Turquía, mitigar las condenas en asuntos de «crímenes de honor». En asuntos relacionados con «crímenes de honor», los tribunales penales imponían castigos poco severos o directamente no imponían ningún castigo a los autores.

El Gobierno subrayó que las autoridades locales habían prestado un seguimiento inmediato y tangible de las demandas presentadas por la recurrente y su madre. A este respecto, tras la presentación de sus demandas, las autoridades las habían registrado, habían llevado a cabo exámenes médicos, habían oído a los testigos, habían llevado a cabo un estudio de los escenarios de los hechos y habían transmitido las demandas a las autoridades legales competentes. Cuando se consideró necesario e independientemente de la gravedad del incidente, el agresor había sido retenido en prisión preventiva y había sido condenado por los tribunales penales. Estas diligencias se habían llevado a cabo en el menor tiempo posible. Las autoridades habían actuado con diligencia y sensibilidad ante las demandas presentadas y no había sido demostrada negligencia alguna.

Sin embargo, retirando sus demandas, la recurrente y su madre habían impedido que las autoridades prosiguieran con sus diligencias penales contra H. O. y habían, por tanto, contribuido a la impunidad de la que gozaba el agresor. A este respecto, no se deriva del expediente que la demandante y su madre hubieran retirado sus demandas como consecuencia de ningún tipo de presión ejercida por H. O o el Fiscal a cargo de la investigación. La continuación de las diligencias penales contra el agresor dependían de las demandas interpuestas por la recurrente, ya que los actos en cuestión no habían derivado en enfermedad o incapacidad para trabajar durante diez días o más de conformidad con los artículos 456.4, 457 y 460 del Código Penal. Asimismo, en la mayoría de los casos no había sido declarado culpable porque las pruebas contra él no eran suficientes. Por consiguiente, no se podía esperar que las autoridades separaran a la demandante y su marido y condenaran a este último mientras estaban viviendo juntos como una familia, puesto que esto hubiera supuesto una lesión de sus derechos según el artículo 8 del Convenio.

En cuanto a la demanda presentada por la madre de la recurrente el 27 de febrero de 2002, el Gobierno reclamó que el contenido de ésta no era diferente del de las anteriores y era de naturaleza general. No había un hecho tangible o indicio concreto de que su vida corriera peligro. En su demanda, la madre no solicitaba protección sino que simplemente requería un examen urgente de su queja y la sanción al marido de la recurrente. Sin embargo, tras la recepción de la demanda fechada el 27 de febrero de 2002, las autoridades la habían registrado y celebrado una vista el 27 de mayo de 2002, a la que habían seguido otras vistas. Finalmente, tras el asesinato de la madre de la demandante por H. O., este último había sido condenado y había recibido una fuerte sanción.

Con respecto a la jurisprudencia internacional, Interights declaró que cuando las autoridades nacionales no actuaban con la diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia de individuos particulares, o para investigar, procesar y sancionar esta violencia, el Estado debía responsabilizarse de tales actos. La naturaleza ius cogens del derecho a no ser sometido a tortura y del derecho a la vida requerían diligencia ejemplar por parte del Estado con respecto a la investigación y persecución de estos actos.

En el contexto de violencia doméstica, las víctimas, a menudo, eran intimidadas o amenazadas para que no informaran del delito o retiraran las denuncias. Sin embargo, el compromiso de garantizar la responsabilidad y proteger la impunidad recae en el Estado, y no en la víctima. La jurisprudencia internacional reconocía que un amplio número de personas interesadas, no sólo la víctima, podían informar e iniciar una investigación de violencia doméstica. Asimismo, la cada vez mayor jurisprudencia internacional sugería que cuando existieran pruebas suficientes y fuera considerado de interés general, el proceso contra los autores debía continuar incluso si la víctima retiraba la demanda. Estos hechos indicaban una tendencia que se alejaba del requerimiento de participación de la víctima para llevar la responsabilidad de la acusación efectiva directamente al Estado.

Mientras que una decisión de no proseguir con un asunto concreto no implicaba el incumplimiento de la obligación de la diligencia debida, una Ley o jurisprudencia que paralizaba automáticamente una investigación o un proceso de violencia doméstica cuando una víctima retiraba su demanda, sí incumplía dicha obligación. Con respecto a estas obligaciones y en relación con la Decisión Fatma Yildirim contra Austria del Comité de la CEDAW (citada en la sección de legislación internacional aplicable) se declaró que el Estado no sólo debía garantizar un marco legislativo apropiado, sino también la efectiva implementación y ejecución práctica.

El Tribunal reitera que la primera frase del artículo 2.1 impone al Estado, no sólo abstenerse de privar intencionada e ilegalmente a alguien de su vida sino dar los pasos necesarios para salvaguardar las vidas de las personas que están bajo su jurisdicción (ver, L. C. B. contra Reino Unido [TEDH 1998, 80] , de 9 junio 1998, ap. 36, Repertorio 1998-III). Esto involucra al Estado en el deber fundamental de garantizar el derecho a la vida poniendo en práctica las disposiciones penales efectivas para impedir la comisión de delitos contra las personas respaldadas por los mecanismos de aplicación de la Ley para prevenir, suprimir y sancionar los incumplimientos de tales disposiciones. También se amplía en circunstancias concretas, a una obligación positiva de las autoridades a adoptar medidas operativas preventivas para proteger a un individuo cuya vida corre peligro de sufrir actos delictivos por parte de otro individuo (ver, Osman contra el Reino Unido [TEDH 1998, 103] , de 28 octubre 1998, ap. 115, Repertorio 1998-VIII, citada en Kontrová contra Eslovaquia [PROV 2007, 130387] , núm. 7510/04, ap. 49, ECHR 2007… [extractos]).

Teniendo en cuenta las dificultades para vigilar las sociedades modernas, lo impredecible de la conducta humana y la selección operativa que debe hacerse en términos de prioridades y recursos, el ámbito de la obligación positiva debe interpretarse de modo que no imponga una carga imposible o desproporcionada para las autoridades. Por tanto, no todas las demandas por riesgo de muerte originan una exigencia del Convenio de que las autoridades adopten medidas operativas para prevenir que este riesgo se materialice. Para que se plantee una obligación positiva, debe demostrase que las autoridades conocían o deberían haber conocido en aquel momento la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de una persona concreta en manos de un tercero y que no adoptaron las medidas que, dentro de sus posibilidades, se considera que podrían haber evitado este peligro. Otra consideración relevante es la necesidad de asegurar que la policía ejerce su potestad de controlar y prevenir el crimen de manera que respete completamente el procedimiento obligado y otras garantías que legítimamente restringen el ámbito de su acción para investigar el delito y llevar ante la justicia a los delincuentes, incluyendo las garantías de los artículos 5 y 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) (ver, Osman [TEDH 1998, 103] , citada anteriormente, ap. 116).

En opinión del Tribunal, cuando hay una acusación de que las autoridades han incumplido su obligación positiva de proteger el derecho a la vida en el contexto de su anteriormente mencionado deber de prevenir y suprimir delitos contra la persona, debe demostrarse, para su reparación, que las autoridades conocían o debían haber conocido la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de uno o varios individuos por los actos delictivos de una tercera persona y que no adoptaron las medidas dentro de sus posibilidades que podrían haber evitado este riesgo. Además, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho garantizado por el artículo 2, un derecho fundamental en el esquema del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , es suficiente para un demandante mostrar que las autoridades no hicieron todo lo que razonablemente se puede esperar de ellas para evitar un riesgo de muerte real e inmediato del que tenían o debían haber tenido conocimiento. Ésta es una cuestión que sólo puede ser respondida a la luz de todas las circunstancias de un caso concreto (ibid).

En la anterior interpretación, el Tribunal establecerá si las autoridades nacionales han cumplido su obligación positiva de adoptar medidas operativas preventivas para proteger el derecho a la vida de la madre de la demandante. A este respecto, debe demostrar si las autoridades conocían o debían haber conocido la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de la madre de la demandante por los delitos de H. O. Según se deduce de la presentación de las partes, una cuestión crucial en este caso es si las autoridades locales manifestaron la diligencia debida para prevenir la violencia contra la demandante y su madre, en concreto llevando a cabo medidas penales o de otro tipo contra H. O. a pesar de que las víctimas retiraron las demandas.

Sin embargo, antes de emprender estas cuestiones, el Tribunal debe subrayar que el problema de violencia doméstica, que puede adoptar diferentes formas, desde violencia física hasta psicológica o abuso verbal, no puede limitarse a las circunstancias de este caso. Es un problema general que concierne a todos los Estados miembros y que no siempre aflora ya que a menudo tiene lugar en las relaciones personales o circuitos cerrados y no sólo afecta a las mujeres. El Tribunal admite que los hombres también pueden ser víctimas de violencia doméstica y, es más, que los niños son también a menudo víctimas directas o indirectas. Por tanto, el Tribunal deberá tener en cuenta la gravedad del problema en cuestión al examinar el presente asunto.

Volviendo a las circunstancias del caso, el Tribunal observa que la demandante y su marido, H. O., tuvieron una relación problemática desde el principio. A consecuencia de las discusiones, H. O. recurrió a la violencia contra la demandante y por ello la madre de ésta intervino en la relación para proteger a su hija. Por este motivo se convirtió en objetivo para H. O., quien la acusaba de ser la causa de sus problemas (ver, apartado 28 supra). A este respecto, el Tribunal considera importante destacar algunos hechos y la reacción de las autoridades:

(i) El 10 de abril de 1995, H. O. y A. O. golpearon a la demandante y a su madre, causándoles varias heridas y les amenazaron de muerte. Aunque la demandante y su madre, inicialmente denunciaron este hecho, las diligencias penales contra H. O. y A. O. finalizaron porque las víctimas retiraron sus demandas (ver, apartados 9-11 supra);

(ii) El 11 de abril de 1996, H. O. golpeó a la demandante de nuevo, causándole heridas graves. H. O. ingresó en prisión preventiva y se inició un procedimiento penal contra él por graves lesiones físicas. Sin embargo, tras su puesta en libertad condicional, la recurrente retiró su denuncia y los cargos contra H. O. fueron también retirados (ver, apartados 13-19 supra);

(iii) El 5 de febrero de 1998, H. O. agredió a la demandante y a su madre utilizando un cuchillo. Los tres resultaron gravemente heridos y el Fiscal decidió no procesar a ninguno de ellos puesto que no había pruebas suficientes (ver, apartados 20-21 supra);

(iv) El 4 de marzo de 1998, H. O. atropelló con su coche a la demandante y a su madre. Ambas víctimas sufrieron varias heridas, y los informes médicos indicaron que la demandante debía permanecer de baja laboral durante siete días y que las heridas de la madre eran graves. Tras este incidente, las víctimas pidieron a la Fiscalía que adoptara medidas de protección como consecuencia de las amenazas de muerte lanzadas por H. O., y la demandante inició un proceso de divorcio. La investigación policial sobre las acusaciones de amenazas de muerte concluyó que las amenazas habían sido recíprocas entre ambas partes y que la madre de la demandante había hecho tales acusaciones con el objeto separar a su hija de H. O. para vengarse, y que además había «malgastado» el tiempo de las fuerzas de seguridad. Se iniciaron diligencias penales contra H. O. por proferir amenazas de muerte y por intento de asesinato, pero tras su puesta en libertad condicional (ver, apartado 31 supra) la recurrente y su madre retiraron las demandas. Esta vez, aunque la acusación retiró los cargos contra H. O. por amenazar de muerte y pegar a la demandante, el Tribunal Superior de lo Penal de Diyarbakir le acusó de causar lesiones a la madre y fue condenado a tres meses de prisión, pena que posteriormente fue conmutada por una multa (ver, apartados 23-26 supra).

(v) El 29 de octubre de 2001, H. O. apuñaló a la demandante siete veces tras la visita a su madre. H. O. se entregó a la policía diciendo que había atacado a su mujer en el transcurso de una pelea ocasionada por la injerencia de su suegra en su matrimonio. Tras tomar declaración a H. O. la policía le dejó en libertad. Sin embargo, la madre de la demandante pidió en la Fiscalía General la que se detuviera a H. O., y también explicó que ella y su hija habían retirado sus demandas en el pasado debido a las amenazas de muerte y la presión ejercida por H. O. Como consecuencia, H. O. fue acusado por agresión con arma blanca y condenado a una multa (ver, apartados 37-44 supra).

(vi) El 14 de noviembre de 2001, H. O. amenazó a la demandante pero la Fiscalía no presentó cargos contra él por falta de pruebas concretas (ver, apartados 45 y 46 supra);

(vii) El 19 de noviembre de 2001, la madre de la demandante presentó un escrito en la Fiscalía, quejándose de las continuas amenazas de muerte y acoso de H. O., que llevaba armas. De nuevo, la policía tomó declaración a H. O. y le dejó en libertad, pero el Fiscal presentó cargos contra él por las amenazas de muerte (ver, apartados 47-49).

(viii) Más tarde, el 27 de febrero de 2002, la madre de la demandante se dirigió a la Fiscalía para informarle de que las amenazas de muerte de H. O. se habían intensificado y que se encontraban en peligro inminente. Por tanto, pidió a la policía que actuara contra H. O. La policía tomó declaración a H. O. y el Tribunal inferior de lo Penal no le interrogó sobre estas acusaciones hasta después del asesinato de la madre. H. O. negó las acusaciones y reclamó que no quería que su esposa visitara a su madre, quien llevaba una vida inmoral (ver, apartados 51-52 supra).

En vista de todos los hechos anteriores, se deduce que hubo una escalada de violencia contra la demandante y su madre por parte de H. O. Los delitos cometidos por H. O. eran suficientemente graves como para ordenar medidas preventivas y hubo amenazas continuas contra la salud y seguridad de las víctimas. Al examinar la evolución de la relación, era obvio que el autor tenía un historial de violencia doméstica y que por tanto existía un riesgo significativo de más violencia.

Por consiguiente, las situaciones de las víctimas eran conocidas por las autoridades y la madre había presentado un escrito ante la Fiscalía General de Diyarbakir declarando que su vida estaba en peligro inminente y solicitando que la policía tomara alguna medida contra H. O. Sin embargo, la reacción de las autoridades ante la petición de la madre de la demandante se limitó a tomar declaración a H. O. sobre las acusaciones de la madre. Aproximadamente dos semanas después de este interrogatorio, el 11 de marzo de 2002, mató a la madre de la demandante (ver, apartado 54).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Tribunal considera que las autoridades locales podían haber previsto la agresión mortal de H. O. Aunque el Tribunal no puede concluir con certeza que los hechos habrían sido diferentes y que no se habría producido el asesinato si las autoridades hubieran actuado de manera distinta, recuerda que el hecho de no haber adoptado medidas que podían haber dado lugar a un cambio en el resultado o a mitigar el daño es suficiente para responsabilizar al Estado (ver, E. y otros contra el Reino Unido [PROV 2002, 258985] , núm. 33218/96, ap. 99). Por tanto, el Tribunal examinará a continuación hasta dónde adoptaron las autoridades medidas para prevenir el asesinato de la madre de la demandante.

El Gobierno reclamó que cada vez que la Fiscalía iniciaba diligencias penales contra H. O., debía interrumpirlas, de acuerdo con la legislación interna, porque la recurrente y su madre retiraban sus demandas. En su opinión, cualquier otra interferencia por parte de las autoridades habría equivalido a una injerencia en los derechos de las víctimas garantizados por el artículo 8. La recurrente explicó que ella y su madre habían tenido que retirar las demandas por las amenazas de muerte y la presión ejercida por H. O.

El Tribunal señala al principio que existe un consenso general entre los Estados Partes en relación con la continuación de los procedimientos contra los autores de violencia doméstica cuando la víctima retira las demandas (ver, apartados 87 y 88 supra). Sin embargo, parece que las autoridades reconocen su deber de buscar un equilibrio entre los distintos derechos de la víctima que están garantizados en los artículos 2, 3 y 8 en el momento de decidir el curso de la demanda. A este respecto, habiendo examinado la jurisprudencia de los Estados miembros (ver, apartado 89 supra), el Tribunal observa que existen varios factores que se pueden tener en cuenta al decidir si continuar con el proceso:

-la gravedad del delito;

-si las lesiones de la víctima son físicas o psicológicas;

-si el acusado utilizó un arma;

-si ha realizado amenazas desde la agresión;

-si planeó el ataque;

-el efecto (incluido el psicológico) sobre los hijos que viven en la casa; las probabilidades de que el acusado actúe de nuevo;

-la continuidad de las amenazas contra la salud y la seguridad de la víctima u otra persona que estuviera o pudiera estar implicada;

-el estado actual de la relación de la víctima con el acusado; el efecto que tendría sobre esta relación continuar con el proceso en contra de los deseos de la víctima;

-la historia de la relación, particularmente si ha habido otros episodios de violencia en el pasado;

-el historial criminal del acusado, concretamente cualquier acto violento anterior.

Se puede deducir de esta jurisprudencia que cuanto más grave sea el delito o mayor riesgo exista de otros delitos, más probable es que la fiscalía continúe por interés general, incluso si las víctimas retiran sus demandas.

En cuanto al argumento del Gobierno de que cualquier intento de las autoridades para separar a la demandante y su marido habría equivalido a una injerencia en su derecho a la vida familiar y teniendo en cuenta que según la legislación turca no existe obligación de proseguir con el proceso en los asuntos en los que la víctima retira la demanda si no sufrió lesiones que dieran lugar a una baja laboral de diez días o más, el Tribunal examinará si las autoridades locales buscaron un equilibrio adecuado entre los derechos de la víctima garantizados por los artículos 2 y 8.

A este respecto, el Tribunal señala que H. O. recurrió a la violencia desde el principio de su relación con la demandante. En muchos casos, ambas, la demandante y su madre, sufrieron lesiones físicas y estuvieron sujetas a presiones psicológicas, debido a la angustia y el miedo. En varias agresiones, H. O. utilizó armas, como un cuchillo o una pistola, y constantemente amenazó de muerte a la demandante y a su madre. Teniendo en cuenta las circunstancias del asesinato de la madre de la demandante, se puede afirmar también que H. O. había planeado la agresión, ya que había estado llevando un cuchillo y una pistola y había estado merodeando alrededor de la casa de la víctima en varias ocasiones antes del ataque (ver, apartados 47 y 54 supra).

La madre de la demandante se convirtió en objetivo como consecuencia de su implicación en la relación de la pareja, y los hijos de la pareja también pueden ser considerados víctimas debido a las secuelas psicológicas derivadas de la continua violencia vivida en la residencia familiar. Como se señaló anteriormente, en el caso que nos ocupa, más violencia no sólo era posible, sino incluso previsible, dado el violento comportamiento y el expediente delictivo de H. O., sus continuas amenazas a la salud y seguridad de las víctimas y el historial de violencia en la relación (ver, apartados 10, 13, 23, 37, 45, 47 y 51 supra).

En opinión del Tribunal, no parece que las autoridades locales tuvieran suficientemente en cuenta los factores anteriormente citados puesto que repetidamente decidieron interrumpir las diligencias penales contra H. O. En lugar de esto, parece que dieron mayor importancia a abstenerse de interferir en lo que percibían como un «asunto familiar» (ver, apartado 123 supra). Asimismo, no existe indicio alguno de que las autoridades consideraran los motivos que había detrás de que retirasen las demandas. Esto, a pesar de la indicación de la madre de la demandante al Fiscal de que ella y su hija habían retirado las demandas debido a las amenazas de muerte y a la presión ejercida sobre ellas por H. O. (ver, apartado 39 supra). Además, las víctimas retiraban sus demandas cuando H. O. estaba en libertad o tras su puesta en libertad condicional (ver, apartados 9-12, 17-19, 31 y 35 supra).

En cuanto a la afirmación del Gobierno de que cualquier injerencia de las autoridades internas habría equivalido a una violación de los derechos de las víctimas de conformidad con el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , el Tribunal recuerda su resolución en un asunto similar de violencia doméstica (ver, Bevacqua y S. contra Bulgaria [PROV 2008, 175979] , núm. 71127/01, ap. 83, de 12 junio 2008), en el que consideró que la opinión de las autoridades de que no se requería ninguna ayuda puesto que el asunto concernía a un «problema familiar» era incompatible con sus obligaciones positivas de asegurar el disfrute de los derechos de las demandantes. Asimismo, el Tribunal reitera que, en algunos casos, la injerencia de las autoridades internas en la vida privada o familiar de los individuos es necesaria para proteger la salud y los derechos de terceros o para prevenir la comisión de delitos (ver, K. A. y A. D. contra Bélgica [TEDH 2005, 16] , num. 42758/98 y 45558/99, ap. 81, de 17 febrero 2005). La gravedad del riesgo para la madre de la demandante hacía necesaria esta intervención de las autoridades en el presente asunto.

Sin embargo, el Tribunal lamenta señalar que las diligencias penales en el presente asunto dependían estrictamente de que hubiera denuncias de la demandante y su madre debido a las disposiciones de la legislación interna en vigor en la época; por ejemplo los artículos 456.4, 457 y 460 del ahora extinto Código Penal, que prevenía a los fiscales de continuar con las diligencias penales porque los actos en cuestión no habían ocasionado enfermedades o bajas laborales de diez días o más (ver, apartado 70 supra). Observa que la aplicación de las anteriormente mencionadas disposiciones y el hecho de que las autoridades internas no prosiguieran en repetidas ocasiones las diligencias contra H. O. privó a la madre de la demandante de la protección de su vida y su seguridad. En otras palabras, el marco legislativo en vigor en la época de los hechos, concretamente el mínimo de diez días de enfermedad o incapacidad laboral exigido, incumplía los requerimientos inherentes a las obligaciones positivas del Estado para establecer y aplicar efectivamente un sistema que sancionara cualquier forma de violencia doméstica y dispusiera garantías suficientes para las víctimas. El Tribunal por tanto, considera que, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por H. O. en el pasado, los fiscales deberían poder continuar el procedimiento como un asunto de interés general, sin tener en cuenta que las víctimas hayan retirado las demandas [ver, a este respecto, la Recomendación Rec (2002)5 del Comité de Ministros, aps. 80-82 supra].

Dejando aparte el marco legislativo que previene la efectiva protección de las víctimas de violencia doméstica, el Tribunal también debe valorar si las autoridades internas actuaron con la diligencia debida para proteger el derecho a la vida de la madre de la demandante desde otros puntos de vista.

A este respecto, el Tribunal señala que a pesar de la denuncia de la fallecida de que H. O. la estaba acosando, invadiendo su privacidad merodeando alrededor de su propiedad y llevando cuchillos y pistolas (ver, apartado 47 supra), la policía y los fiscales no detuvieron a H. O. ni adoptaron otras medidas apropiadas con respecto a la acusación de que llevaba pistola y que la amenazaba con ella (ver, Kontrová [PROV 2007, 130387] , citada anteriormente, ap. 53). Aunque el Gobierno afirmó que no había pruebas tangibles de que la vida de la madre de la demandante estuviera en peligro inminente, el Tribunal observa que no está claro, en absoluto, que las autoridades hicieran una valoración de las amenazas de H. O. y concluyeran que su detención era desproporcionada en esas circunstancias; más bien parece que las autoridades no trataron el problema en absoluto. En cualquier caso, el Tribunal subrayaría que en los casos de violencia interna los derechos de los autores no pueden suplantar los derechos de las víctimas a la vida y a la integridad física y mental (ver, las Decisiones Fatma Yildirim contra Austria y A. T. contra Hungría del Comité de la CEDAW, ambas citadas anteriormente, aps. 12.1.5 y 9.3, respectivamente).

Asimismo, a la luz de la obligación positiva del Estado de tomar medidas operacionales preventivas para proteger a un individuo cuya vida está en riesgo, podría esperarse que, frente a un sospechoso con un expediente criminal conocido de agresiones violentas, las autoridades adoptarían medidas especiales en consonancia con la gravedad de la situación con vistas a proteger a la madre de la demandante. Con este fin, la Fiscalía o el Juez del Tribunal inferior de lo Penal podría haber ordenado por propia iniciativa la adopción de una o más de las medidas de protección enumeradas en los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 4320 (ver, apartado 70 supra). También podría emitido un requerimiento judicial para prohibir a H. O. que contactara, se comunicara o se acercara a la madre de la demandante o entrara en ciertas zonas [ver, a este respecto la Recomendación Rec (2002)5 del Comité de Ministros, ap. 82 supra]. Al contrario, en respuesta a las repetidas solicitudes de protección de la madre de la demandante, la policía y el Tribunal inferior de lo Penal se limitaron a tomar declaración a H. O. y le dejaron en libertad (ver apartados 47-52 supra). Mientras las autoridades permanecieron pasivas durante casi dos semanas, aparte de tomarle declaración, H. O. mató de un disparo a la madre de la demandante.

En estas circunstancias, el Tribunal concluye que no puede considerarse que las autoridades internas actuaran con la diligencia debida. Por tanto, no cumplieron la obligación positiva de proteger el derecho a la vida de la madre de la demandante conforme al artículo 2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .

El Tribunal reitera que las obligaciones positivas que establece la primera frase del artículo 2 del Convenio también requieren que se ponga en marcha un sistema judicial eficiente e independiente por el que la causa de un asesinato pueda ser demostrada y los culpables sancionados (ver, mutatis mutandis, Calvelli y Ciglio contra Italia [TEDH 2002, 1] , [GC], núm. 32967/96, ECHR 2002, ap. 51). El objetivo esencial de esta investigación es asegurar la implementación efectiva de la legislación interna que protege el derecho a la vida y, en los casos en los que están implicados los funcionarios u organismos del Estado, asegurar que rinden cuentas por las muertes que ocurren bajo su responsabilidad (ver, Paul y Audrey Edwards, citada anteriormente, aps. 69 y 71). El requisito de prontitud y celeridad razonable está implícito en el contexto de una investigación efectiva en el ámbito del artículo 2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) (ver, Yasa contra Turquía [TEDH 1998, 90] , de 2 septiembre 1998, aps. 102-104, Repertorio 1198-VI; Çakici contra Turquía [TEDH 1999, 91] [GC], núm. 23657/94, aps. 80-87 y 106, ECHR 1999-IV). Debe admitirse que puede haber obstáculos o dificultades que impidan progresar en una investigación en una situación concreta. Sin embargo, una rápida respuesta por parte de las autoridades al investigar el uso de violencia mortal se considera esencial para mantener la confianza general en su adherencia al estado de derecho y para evitar cualquier apariencia de tolerancia de actos ilegales (ver, Avsar contra Turquía [TEDH 2001, 447] , núm. 25657/97, ap. 395, ECHR 2001-VII [extractos]).

El Tribunal señala que una investigación exhaustiva ha sido, efectivamente, llevada a cabo por las autoridades sobre las circunstancias que rodean el asesinato de la madre de la demandante. Sin embargo, aunque H. O. fue juzgado y condenado por asesinato y posesión ilegal de armas por el Tribunal Superior de lo Penal de Diyarbakir, el procedimiento sigue pendiente en el Tribunal de Casación (ver, apartados 57 y 58 supra). Por consiguiente, las diligencias penales en cuestión, que ya duran más de seis años, no pueden calificarse como respuesta rápida de las autoridades en la investigación de un asesinato intencionado en el que el autor ya confesó el delito.

A la luz de todo lo anterior, el Tribunal considera que las irregularidades mencionadas anteriormente hacen los recursos penales y civiles igualmente inefectivos en estas circunstancias. Por tanto rechaza la objeción preliminar del Gobierno (ver, apartado 114 supra) basada en el no agotamiento de estos recursos.

Asimismo, el Tribunal concluye que el sistema legal penal, tal y como se aplicó en el presente asunto, no tuvo un adecuado efecto disuasorio capaz de garantizar la prevención efectiva de los actos ilegales cometidos por H. O. Los obstáculos que resultan de la legislación y la no de utilización los medios disponibles debilita el efecto disuasorio del sistema judicial y el papel que se requería que jugara en la prevención de la violación del derecho a la vida de la madre de la demandante como dispone el artículo 2 del Convenio. A este respecto, el Tribunal reitera que, una vez que se ha planteado la situación ante ellas, las autoridades nacionales no pueden confiar en la actitud de la víctima para no tomar las medidas adecuadas que podrían evitar la posibilidad de que el agresor lleve a cabo sus amenazas a la integridad física de la víctima (ver, Osman contra el Reino Unido [TEDH 1998, 103] , citada anteriormente, ap. 116). Por tanto, ha habido violación del artículo 2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .

La demandante se quejó de que había sido objeto de violencia, lesiones y amenazas en varias ocasiones pero que las autoridades fueron negligentes ante su situación, que le causaba daño y miedo violando el artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) que dispone:

«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

La demandante alegó que las lesiones y la angustia que sufrió como consecuencia de la violencia infligida por su marido equivalía a tortura considerando el artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) . A pesar de la continua violencia y sus repetidas peticiones de ayuda, las autoridades no la habían protegido de su marido. Era como si la violencia hubiera sido infligida bajo supervisión del Estado. La insensibilidad y tolerancia mostradas por las autoridades frente a la violencia doméstica le habían hecho sentirse degradada, desesperanzada y vulnerable.

El Gobierno afirmó que el hecho de que la demandante hubiera retirado sus demandas y su falta de cooperación con las autoridades habían impedido que las autoridades continuaran con las diligencias penales contra su marido. También afirmaba que, además de los recursos disponibles según la Ley núm. 4320, la demandante podría haber buscado refugio en una de las casas de huéspedes previstas para proteger a las mujeres en cooperación con las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. A este respecto, la demandante podría haber solicitado su admisión en una de ellas a la Dirección del Instituto de Servicios Sociales y Protección de Menores.

Interights mantenía que los Estados debían dar los pasos adecuados para actuar inmediatamente al objeto de interrumpir los malos tratos de autores públicos o privados, que estos Estados conocían o debían haber conocido. Dada la incomprensible naturaleza de la violencia doméstica y la particular vulnerabilidad de las mujeres que tienen a menudo miedo de informar de esta violencia, está claro que se requiere una intensa vigilancia por parte del Estado.

El Tribunal subraya que los malos tratos deben alcanzar un mínimo nivel de gravedad para que puedan considerarse en el ámbito del artículo 3 (RCL 1999, 1190 y 1572) . La valoración de este mínimo es relativa: depende de las circunstancias del caso, como la naturaleza y el contexto del trato, su duración, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, edad y estado de salud de la víctima (ver, Costello-Roberts contra el Reino Unido [TEDH 1993, 17] , de 25 marzo 1993, ap. 30, serie A núm. 247-C).

En cuanto a la pregunta de si el Estado podría ser considerado responsable conforme al artículo 3 (RCL 1999, 1190 y 1572) , de los malos tratos infligidos por agentes no estatales, el Tribunal recuerda que la obligación de las Altas Partes Contratantes según el artículo 1 del Convenio de garantizar a toda persona de su jurisdicción los derechos y libertades establecidos en el Convenio, en relación con el artículo 3, exige a los Estados adoptar medidas diseñadas para asegurar que los individuos bajo su jurisdicción no son objeto de tortura o de penas o tratos inhumanos o degradantes, incluidos los malos tratos administrados por individuos privados (ver, mutatis mutandis, H. L. R. contra Francia [TEDH 1997, 28] , de 29 abril 1997, ap. 40 Repertorio 1997-III). En concreto, los niños y otros individuos vulnerables tienen derecho a la protección del Estado contra violaciones graves de la integridad física mediante la disuasión efectiva (ver, A. contra el Reino Unido [TEDH 1998, 55] , de 23 septiembre 1998, ap. 22, Repertorio 1998-VI).

El Tribunal constata que se puede considerar que la demandante pertenece al grupo de «individuos vulnerables» con derecho a protección del Estado (ver, A. contra el Reino Unido [TEDH 1998, 55] , citada anteriormente, ap. 22). A este respecto, señala la violencia sufrida por la demandante en el pasado, las amenazas vertidas por H. O. tras su puesta en libertad y el miedo a más violencia así como su trasfondo social, concretamente la vulnerable situación de la mujer en el sudeste de Turquía.

El Tribunal observa también que la violencia sufrida por la demandante, en forma de lesiones físicas y presión psicológica, era suficientemente grave para equivaler a malos tratos conforme al artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .

Por tanto, el Tribunal debe, a continuación, determinar si las autoridades internas han adoptado las medidas adecuadas para evitar la recurrencia de las agresiones contra la integridad física de la demandante.

Al llevar a cabo este examen, y teniendo en cuenta que el Tribunal proporciona la interpretación final vinculante de los derechos y libertades definidos en la Sección I del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , el Tribunal constatará si las autoridades internas han tenido suficientemente en cuenta los principios que se derivan de sus Sentencias en asuntos similares, incluso las concernientes a otros Estados.

Asimismo, al interpretar las disposiciones del Convenio y el ámbito de las obligaciones del Estado en asuntos concretos (ver, mutatis mutandis, Demir y Baykara contra Turquía [PROV 2006, 266799] [GC], núm. 34503/97, aps. 85 y 86, de 12 noviembre 2008) el Tribunal buscará el consenso y los valores comunes que emergen de las jurisprudencias de los Estados europeos y los instrumentos internacionales especializados, como la CEDAW, y tendrá en cuenta la evolución de las normas y principios de la legislación internacional a través de otros desarrollos como la Convención de Belém do Pará, que dispone obligaciones específicas para los Estados en relación con la erradicación de la violencia de género.

Sin embargo, no corresponde al Tribunal reemplazar a las autoridades nacionales ni elegir en su lugar entre el amplio abanico de posibles medidas que podrían ser adoptadas para garantizar el cumplimientos de sus obligaciones positivas conforme al artículo 3 del Convenio (ver, mutatis mutandis, Bevacqua y S. contra Bulgaria [PROV 2008, 175979] , citada anteriormente, ap. 82.) Asimismo, según el artículo 19 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) y el principio de que el Convenio pretende garantizar derechos, no teóricos o ilusorios, sino prácticos y efectivos, el Tribunal debe asegurar que la obligación del Estado de proteger los derechos de aquéllos bajo su jurisdicción se cumple de manera adecuada (ver, Nikolova y Velichkova contra Bulgaria [TEDH 2008, 18] , núm. 7888/03, ap. 61, de 20 diciembre 2007).

Volviendo a su valoración de los hechos, el Tribunal señala que las autoridades locales, concretamente la policía y la fiscalía, no permanecieron totalmente pasivos. Después de cada incidente con violencia, la demandante fue requerida para un examen médico y se iniciaron diligencias penales contra su marido. La policía y la fiscalía interrogaron a H. O. en relación a sus actos delictivos, le encarcelaron en dos ocasiones, le acusaron de realizar amenazas de muerte e infligir lesiones físicas y, tras su condena por apuñalar siete veces a la demandante le impusieron como pena el pago de una multa (ver, apartados 13, 24 y 44 supra).

Sin embargo, ninguna de estas medidas fue suficiente para impedir que H. O. continuara infligiendo más violencia. A este respecto, el Gobierno culpa a la demandante por retirar sus demandas y no cooperar con las autoridades, lo que impidió a estas últimas continuar las diligencias penales contra H. O., de conformidad con las disposiciones legales internas que requerían la implicación activa de la víctima (ver, apartado 70 supra).

El Tribunal reitera su opinión, con respecto a la demanda conforme al artículo 2, de que el marco legislativo habría permitido a la fiscalía continuar la investigación contra H. O. a pesar de que la demandante hubiera retirado las demandas basándose en que la violencia perpetrada por H. O. era suficientemente grave para justificar el proceso y que las amenazas contra la integridad física de la demandante eran constantes (ver, apartados 137-148 supra).

Sin embargo, no puede decirse que las autoridades locales actuaran con la diligencia debida para prevenir la recurrencia de las agresiones contra la demandante, ya que el marido de la demandante las perpetró sin obstáculos y con impunidad en detrimento de los derechos reconocidos por el Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) (ver, mutatis mutandis, Maria da Penha contra Brasil, citada anteriormente, aps. 42-44). A modo de ejemplo, el Tribunal señala que, tras el primer incidente importante (ver apartados 9 y 10), H. O. golpeó otra vez gravemente a la demandante, causándole lesiones como para poner su vida en peligro, pero fue puesto en libertad condicional «teniendo en cuenta la naturaleza del delito y el hecho de que la demandante había recobrado completamente la salud». Las diligencias fueron, finalmente, interrumpidos porque la recurrente retiró sus demandas (ver, apartados 13 y 19 supra). De nuevo, aunque H. O. agredió a la demandante y a su madre utilizando un cuchillo y causándoles graves heridas, la fiscalía finalizó el procedimiento sin llevar a cabo ninguna investigación positiva (ver, apartados 20 y 21 supra). Asimismo, H. O. atropelló a la demandante y a su madre, hiriendo a la hija y muy gravemente a la madre. Pasó 25 días en prisión y tuvo que pagar una multa por provocar heridas graves a la madre (ver, apartados 23-36 supra). Por último, al Tribunal le llamó especialmente la atención la Decisión del Tribunal inferior de lo Penal de Diyarbakir de imponer a H. O. únicamente una pequeña multa, que podría ser abonada a plazos, como sanción por apuñalar a la demandante siete veces (ver, apartados 37 y 44).

En vista de todo lo anterior, el Tribunal considera que la respuesta a la conducta del ex-marido de la demandante era manifiestamente inadecuada en relación con la gravedad de los delitos en cuestión (ver, mutatis mutandis, Ali y Ayse Duran contra Turquía [PROV 2008, 97637] núm. 42942/02, ap. 54, de 8 abril 2008). Por tanto observa que las decisiones judiciales en este caso revelan falta de eficacia y cierto grado de tolerancia, y no tuvieron ningún efecto perceptible preventivo o disuasorio en la conducta de H. O.

En relación con la afirmación del Gobierno de que, además de los recursos disponibles en la Ley núm. 4320, la demandante podría haber solicitado refugio en una de las casas de huéspedes dispuestas para proteger a las mujeres, el Tribunal señala que hasta el 14 de enero de 1998 fecha en la que la Ley núm. 4320 entró en vigor la legislación turca no disponía de medidas administrativas y de control específicas diseñadas para proteger a las personas vulnerables contra la violencia de género. Incluso después de esta fecha, no parece que las autoridades internas aplicaran efectivamente las medidas y sanciones dispuestas en esta Ley con objeto de proteger a la demandante de su marido. Teniendo en cuenta la cantidad global de violencia perpetrada por H. O., la Fiscalía debería haber aplicado de oficio las medidas incluidas en la Ley núm. 4320, sin esperar una solicitud concreta de la demandante para la implementación de esta Ley.

Dicho esto, incluso asumiendo que la demandante hubiera sido admitida en una de las casas de huéspedes, como sugería el Gobierno, el Tribunal señala que esto habría sido únicamente una solución temporal. Asimismo, no se ha indicado que hubiera ningún acuerdo oficial para proporcionar seguridad a las víctimas durante su estancia en estos hogares.

Por último, el Tribunal señala con gran preocupación que la violencia que sufría la demandante no terminaba y las autoridades continuaban sin hacer nada. A este respecto, el Tribunal señala que, inmediatamente después de su puesta en libertad, H. O. amenazó, de nuevo, la integridad física de la demandante (ver, apartado 59 supra). A pesar de la petición de la demandante de 15 de abril de 2008 solicitando a la Fiscalía la adopción de medidas para su protección, no se hizo nada hasta después de que el Tribunal pidiera al Gobierno que le proporcionara información sobre las medidas adoptadas por sus autoridades. Tras este requerimiento, por orden del Ministerio de Justicia, el Fiscal de Diyarbakir interrogó a H. O. sobre las amenazas de muerte lanzadas por él y tomó declaración al novio de la demandante (ver, apartados 60-67 supra).

El representante legal de la demandante informó de nuevo al Tribunal de que la vida de la demandante corría peligro inminente, dado que las autoridades seguían sin adoptar medidas para proteger la vida de su cliente (ver, apartado 68 supra). Parece que tras la comunicación de esta queja y la solicitud de una explicación a este respecto por el Tribunal, las autoridades locales adoptaron medidas concretas para garantizar la protección de la demandante (ver, apartado 69 supra).

Teniendo en cuenta la ineficacia general de los recursos sugeridos por el Gobierno con respecto a las demandas de conformidad con el artículo 3, el Tribunal rechaza la objeción del Gobierno de no agotamiento de los recursos internos.

El Tribunal concluye que ha habido violación del artículo 3 del Convenio como consecuencia de que las autoridades del Estado no adoptaron medidas de protección en forma de disuasión efectiva frente a las graves infracciones del marido de la demandante contra su integridad.

La demandante reclamó de conformidad con el artículo 14, en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , que ella y su madre habían sido discriminadas en razón de su sexo.

El artículo 14 del Convenio dispone:

«El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación».

La demandante alegó que la legislación interna del Estado demandado era discriminatoria e insuficiente para proteger a las mujeres, puesto que la vida de la mujer tenía una consideración inferior en la unidad familiar. El Código Civil anterior, en vigor en la época de los hechos, contenía numerosas disposiciones que hacían distinciones entre hombres y mujeres, considerando al marido como cabeza de familia, teniendo prioridad sus deseos como representante de la unidad familiar, etc. El entonces Código Penal también trataba a la mujer como ciudadana de segunda clase. La mujer se consideraba en primer lugar propiedad de la sociedad y del hombre de la familia. El indicador más importante de esto era que los delitos sexuales estaban incluidos en la sección titulada «Delitos relacionados con la moral general y el orden familiar», mientras que, de hecho, los delitos sexuales contra las mujeres eran agresiones directas contra los derechos y libertades individuales de la mujer. Debido a esta percepción, el Código Penal imponía suaves condenas a las personas que habían asesinado a sus mujeres por razones de honor familiar. El hecho de que se condenara a H. O. a 15 años de prisión es consecuencia de esta clasificación en el Código Penal.

A pesar de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno en los Códigos Civil y Penal, en 2002 y 2004, respectivamente, la violencia doméstica infligida por el hombre sigue siendo tolerada y los agresores siguen gozando de impunidad por parte de los organismos judiciales y administrativos. La demandante y su madre habían sido víctimas de violaciones de los artículos 2, 3, 6 y 13 simplemente por el hecho de que eran mujeres. A este respecto, la demandante llamó la atención del Tribunal sobre la improbabilidad de que ningún hombre fuera víctima de violaciones similares.

El Gobierno afirmó que no existía discriminación por razón de sexo en este asunto, ya que la violencia en cuestión fue mutua. Asimismo, no podía reclamarse que hubiera discriminación institucional como consecuencia de la legislación penal o familiar o de la práctica jurídica o administrativa. Tampoco podía argumentarse que la legislación interna contuviera ninguna distinción formal y explícita entre hombres y mujeres. No había sido demostrado que las autoridades internas no hubieran protegido el derecho a la vida de la demandante por ser mujer.

El Gobierno, además, señaló que tras las reformas llevadas a cabo en 2002 y 2004, concretamente la revisión de algunas disposiciones del Código Civil y la adopción de un nuevo Código Penal, y la entrada en vigor de la Ley núm. 4320, la legislación turca disponía de garantías suficientes, reuniendo criterios internacionales, para la protección de la mujer contra la violencia doméstica. El Gobierno concluyó que esta demanda debería declararse inadmisible por no haber agotado los recursos internos o por ser manifiestamente infundada puesto que nunca habían expuesto estas acusaciones ante las autoridades internas y, en cualquier caso, carecían de fundamento.

Interights declaró que el hecho de que el Estado no proporcionara protección contra la violencia doméstica sería equiparable a no cumplir su obligación de proporcionar la misma protección por razón de sexo. También señaló que el hecho de que la violencia contra las mujeres fuera una forma de discriminación ilegal tenía cada vez un mayor reconocimiento internacional tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el Interamericano.

En su reciente resolución del asunto D. H. y otros contra la República Checa ([GC], núm. 57325/00, de 13 noviembre 2007 (PROV 2007, 329300) , aps. 175-180) el Tribunal expone los siguientes principios sobre la cuestión de la discriminación:

«175. El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que discriminar significa tratar de modo diferente a personas en situaciones similares, sin una justificación objetiva y razonable (Willis contra el Reino Unido [TEDH 2002, 37] , núm. 36042/97, ap. 48, ECHR 2002-IV; y Okpisz contra Alemania [PROV 2005, 235170] , núm. 59140/00, ap. 33, de 25 octubre 2005). (…) También está aceptado que una política general o una medida que tiene efectos perjudiciales desproporcionados en un grupo concreto puede ser considerada discriminatoria independientemente de que no se dirija concretamente a este grupo (ver, Hugh Jordan contra el Reino Unido [TEDH 2001, 330] , num. 24746/94, ap. 154, de 4 mayo 2001; y Hoogendijk contra Países Bajos [dec], núm. 58461/00, de 6 enero 2005), y esta discriminación potencialmente contraria al Convenio puede ser consecuencia de una situación de facto(ver, Zarb Adami contra Malta [PROV 2006, 177080] , núm. 17209/02, ap. 76, ECHR 2006…)…

177. En cuanto a la carga de prueba en este ámbito, el Tribunal ha establecido que una vez que el demandante ha demostrado una diferencia en el trato, corresponde al Gobierno demostrar que era justificada (ver, entre otras fuentes, Chassagnou y otros contra Francia [TEDH 1999, 16] [GC], núms. 25088/94, 28331/95 y 28443/95, aps. 91-92, ECHR 1999-III; y Timishev, citada anteriormente, ap. 57).

178. En cuanto a la cuestión de qué constituye prima facie una prueba capaz de cambiar la carga de prueba sobre el Estado demandado, el Tribunal estableció en Nachova y otros (citada anteriormente, ap. 147) que en los procedimientos anteriores no hubo barreras procesales en cuanto a la admisibilidad de pruebas o fórmulas predeterminadas para su valoración. El Tribunal adopta conclusiones que, en su opinión, se basan en la libre evaluación de todas las pruebas, incluidas las deducciones derivadas de los hechos y de la presentación de las partes. De acuerdo con la jurisprudencia establecida, la prueba puede derivarse de la coexistencia de deducciones suficientemente fuertes, claras y congruentes o de presunciones de hechos similares irrefutables. Asimismo, el nivel de persuasión necesario para alcanzar una conclusión concreta y, a este respecto, la distribución de la carga de prueba están intrínsecamente relacionados con la especificidad de los hechos, la naturaleza de la alegación hecha y el derecho del Convenio en juego.

179. El Tribunal también ha reconocido que los procedimientos de conformidad con el Convenio no se prestan en todos los casos a una aplicación rigurosa del principio affirmanti incumbit probatio (quien alega algo debe probar dicha alegaciónAktas contra Turquía [extractos] [PROV 2003, 69246] , núm. 24351/94, ap. 272, ECHR 2003-V). En algunas circunstancias, cuando exclusivamente las autoridades tienen conocimiento, completo o en gran parte, de los hechos en cuestión, debe considerarse que les corresponde a ellas proporcionar una explicación satisfactoria y convincente sobre la carga de prueba (ver, Salman contra Turquía [TEDH 2000, 379] [GC], núm. 21986/93, ap. 100, ECHR 2000-VII; y Anguelova contra Bulgaria [PROV 2002, 158627] , núm. 38361/97, ap. 111, ECHR 2002-IV). En el asunto Nachova y otros, citado anteriormente, ap. 157, el Tribunal no descartó solicitar al Gobierno demandado que refutara una acusación discutible de discriminación en algunos casos, incluso aunque consideraba que era difícil hacerlo en este caso concreto, en el que la acusación era que un acto de violencia se había debido a un motivo de prejuicio racial. Señaló, a este respecto que, en los sistemas legales de muchos países, prueba del efecto discriminatorio de una política, decisión o práctica, prescindiría de la necesidad de demostrar la intención en relación a la discriminación alegada en el empleo o la provisión de servicios.

180. En cuanto a si las estadísticas pueden constituir prueba, el Tribunal en el pasado estableció que las estadísticas, en sí mismas, no pueden revelar una práctica que pueda clasificarse de discriminatoria (Hugh Jordan, citada anteriormente, ap. 154). Sin embargo, en asuntos más recientes sobre la cuestión de discriminación en los que los demandantes alegaron una diferencia en el efecto de una medida general o situación de facto (Hoogendijk, citada anteriormente; y Zarb Adami, citada anteriormente, aps. 77-78), el Tribunal se basó exhaustivamente en las estadísticas presentadas por las partes para demostrar una diferencia en el trato entre dos grupos (hombres y mujeres) en situaciones similares.

Por tanto, en la Decisión Hoogendijk el Tribunal afirmó: «Cuando un demandante puede demostrar, basándose en estadísticas irrefutables, la existencia de un indicio prima facie de que una norma concreta aunque formulada de manera neutral afecta de hecho claramente a un mayor porcentaje de mujeres que de hombres, corresponde al Gobierno demandado demostrar que esto es consecuencia de factores objetivos sin ninguna relación con la discriminación por motivos de sexo. Si la responsabilidad de demostrar que una diferencia en el impacto para hombres y mujeres no es en la práctica discriminatoria no corresponde al Estado demandado, en la práctica será extremadamente difícil para los demandantes probar la discriminación indirecta.»

El Tribunal señala, al principio, que cuando considera el objeto y el propósito de las disposiciones del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , también tiene en cuenta los antecedentes de la legislación internacional en cuanto a la cuestión legal ante él. Estando compuestos por un grupo de normas y principios aceptados por la gran mayoría de Estados, los criterios comunes internacionales o de la legislación interna de los Estados europeos reflejan una realidad que el Tribunal no puede ignorar cuando es interpelado para clarificar el alcance de una disposición del Convenio que un medio más convencional de interpretación no ha podido establecer con suficiente grado de certeza (ver, Saadi contra Italia [PROV 2008, 6415] [GC], núm. 37201/06, ap. 63, ECHR 2008…, citada en Gemir y Baykara, citada anteriormente, ap. 76).

A este respecto, al considerar la definición y el alcance de la discriminación contra las mujeres, además del significado más general de discriminación como se determinaba en su jurisprudencia (ver, apartado 183 supra), el Tribunal tiene que considerar las disposiciones de los instrumentos legales más especializados y las decisiones de los organismos legales internacionales sobre la cuestión de la violencia contra mujeres.

En este contexto, la CEDAW define la discriminación contra mujeres de conformidad con el artículo 1 como «… cualquier distinción, exclusión o restricción por razón de sexo que tiene como efecto o por objeto perjudicar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, basándose en la igualdad de hombres y mujeres, de los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito político, económico, social, cultural, civil o cualquier otro».

El Comité de la CEDAW ha reiterado que la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, es una forma de discriminación contra las mujeres (ver, apartado 74 supra).

La Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos reconoció expresamente el nexo entre la violencia por razón de sexo y la discriminación incidiendo en la resolución 2003/45 en que «cualquier forma de violencia contra la mujer tiene lugar en un contexto de discriminación de jurey de facto contra la mujer y el más bajo estatus concedido a la mujer en la sociedad y se agrava por los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al buscar reparación del Estado».

Asimismo, la Convención de Belém do Pará, que es el único tratado regional multilateral de derechos humanos que se ocupa únicamente de la violencia contra la mujer, describe el derecho de toda mujer a no sufrir violencia englobando, entre otros, el derecho a no padecer cualquier otra forma de discriminación.

Por último, la Comisión Interamericana caracterizó también la violencia contra la mujer como una forma de discriminación consecuencia de que el Estado no ejercía la diligencia debida para prevenir e investigar la denuncia de violencia doméstica (ver, Maria da Penha contra Brasil, citada anteriormente, ap. 80).

Se deduce de las normas y decisiones anteriormente mencionadas que el hecho de que el Estado no proteja a las mujeres contra la violencia doméstica lesiona su derecho a la igualdad de protección legal y que ésta carencia no necesita ser intencionada.

El Tribunal observa que aunque la legislación turca en vigor en la época de los hechos no hacía una distinción explícita entre hombres y mujeres en el disfrute de derechos y libertades, debía ser desarrollada de acuerdo con los criterios internacionales en relación a la posición de la mujer en una sociedad democrática y plural. Como el Comité de la CEDAW (ver, las Observaciones Finales aps. 12-21), el Tribunal agradece las reformas llevadas a cabo por el Gobierno, concretamente la adopción de la Ley núm. 4320 que proporciona medidas específicas para la protección contra la violencia doméstica. Por tanto, parece que la supuesta discriminación en cuestión no se basaba en la legislación per se sino que resultó de la actitud general de las autoridades locales, como la manera en que las mujeres eran tratadas en las comisarías cuando informaban de violencia doméstica y la pasividad judicial para proporcionar protección efectiva a las víctimas. El Tribunal señala que el Gobierno turco ha reconocido estas dificultades prácticas al tratar el asunto ante el Comité de la CEDAW (ibid).

A este respecto, el Tribunal señala que la demandante presentó informes y estadísticas preparadas por dos destacadas ONGs, la Asociación de Abogados de Diyarbakir y Amnistía Internacional, con intención de demostrar la discriminación contra las mujeres (ver, apartados 91-104 supra). Teniendo en cuenta que las consideraciones y conclusiones alcanzadas en estos informes no habían sido cuestionadas por el Gobierno en ningún momento del procedimiento, el Tribunal las considerará junto con sus propias conclusiones en el presente asunto (ver, Hoogendijk, citada anteriormente; y Zarb Adami, [PROV 2006, 177080] citada anteriormente, aps. 77-78).

Habiendo examinado estos informes, el Tribunal constata que el mayor número de víctimas indirectas de violencia doméstica se da en Diyarbakir, donde la demandante residía en la época de los hechos, y que las víctimas eran mujeres que padecían principalmente violencia física. La gran mayoría de estas mujeres eran de origen kurdo, analfabetas o de bajo nivel de educación y generalmente sin ninguna fuente de ingresos (ver, apartado 98 supra).

Asimismo, parecía haber graves problemas para la implementación de la Ley núm. 4320, en la que el Gobierno confiaba como un recurso para las mujeres contra la violencia doméstica. La investigación llevada a cabo por las organizaciones anteriormente mencionadas indica que cuando las víctimas denuncian violencia doméstica en las comisarías, los agentes de policía no examinan su quejas sino que pretenden asumir el papel de mediadores intentando convencer a las víctimas de que vuelvan a casa y retiren la demanda. A este respecto, los agentes de policía consideran el problema como un «asunto familiar en el que no deben interferir» (ver, apartados 92, 96 y 102 supra).

También se deduce de estos informes que se producen dilaciones excesivas en la emisión de requerimientos judiciales por los tribunales, de conformidad con la Ley núm. 4320, porque los tribunales los tratan como demandas de divorcio y no como denuncias urgentes. Las dilaciones también son frecuentes en la comunicación de los requerimientos judiciales a los agresores, dada la actitud negativa de la policía (ver, apartados 91-93, 95 y 101 supra). Asimismo, los autores de la violencia doméstica no parecen recibir sanciones disuasorias, ya que los tribunales suavizan las condenas basándose en la costumbre, la tradición y el honor (ver, apartados 103 y 106 supra).

Como consecuencia de estos problemas, los informes anteriormente mencionados sugieren que las autoridades toleraban la violencia doméstica y que los recursos aludidos por el Gobierno no son efectivos. Consideraciones y preocupaciones similares fueron expresadas por el Comité de la CEDAW al señalar «la persistencia de la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, en Turquía» e invitar al Estado demandado a intensificar sus esfuerzos para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. También subrayó la necesidad de implementar completamente y vigilar cuidadosamente la efectividad de la Ley sobre Protección de la Familia y de las políticas relacionadas con la prevención de la violencia contra las mujeres, de proporcionar protección y servicios de ayuda a las víctimas y de sancionar y rehabilitar a los delincuentes (ver, las Observaciones Finales, ap. 28).

A la luz de todo lo anterior, el Tribunal considera que la demandante ha demostrado, apoyándose en información estadística incuestionable, la existencia de un indicio prima facie de que la violencia doméstica afectaba principalmente a mujeres y que la pasividad judicial general y discriminatoria en Turquía creaba un clima que contribuía a la violencia doméstica.

El Tribunal ha demostrado que el sistema legal, tal y como se comportó en el presente asunto, no tenía un efecto disuasorio adecuado capaz de garantizar la prevención efectiva de los actos ilegales de H. O. contra la integridad personal de la demandante y de su madre y, por tanto, violó sus derechos conforme a los artículos 2 y 3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .

Teniendo en cuenta su consideración anterior de que la pasividad judicial general y discriminatoria en Turquía, si bien no intencionada, afectaba principalmente a las mujeres, el Tribunal afirma que la violencia sufrida por la demandante y su madre podría considerarse violencia de género que es una forma de discriminación contra la mujer. A pesar de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno en años recientes, la completa indiferencia del sistema judicial y la impunidad de que gozaban los agresores, como se constata en el presente asunto, indican que existía un compromiso insuficiente para adoptar una acción adecuada para combatir la violencia doméstica (ver, en concreto, el artículo 9 de la CEDAW, citado en el apartado 187 supra).

Teniendo en cuenta la inefectividad de los recursos internos para proveer amparo jurídico a la demandante y a su madre en el disfrute de sus derechos garantizados por los artículos 2 y 3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , el Tribunal considera que existían circunstancias especiales que eximían a la demandante de su obligación de agotar los recursos internos. Por tanto, rechaza la objeción del Gobierno de no agotamiento de estos recursos en relación con la demanda conforme al artículo 14 del Convenio.

En vista de lo anterior, el Tribunal concluye que ha habido violación del artículo 14, en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , en el presente asunto.

Basándose en los artículos 6 y 13 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , la demandante reclamó que las diligencias penales presentadas contra H. O. fueron inefectivas y no les proporcionaron protección suficiente a ella y a su madre.

El Gobierno rechazó este argumento.

Teniendo en cuenta las violaciones constatadas según los artículos 2, 3 y 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) (ver, apartados 153, 176 y 202 supra) el Tribunal no considera necesario examinar los mismos hechos en el contexto de los artículos 6 y 13.

El artículo 41 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) estipula:

«Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.»

La demandante reclamó 70.000 liras turcas (TRL) (35.000 euros, aproximadamente) en concepto de daños y perjuicios como consecuencia del fallecimiento de su madre y 250.000 TRL (125.000 EUR, aproximadamente) en concepto de daño moral. Explicó que tras el asesinato de su madre fue privada de una ayuda económica que le correspondía. El asesinato de su madre y la continua violencia infligida por su ex-marido le habían ocasionado angustia y estrés, así como un daño irreparable a su bienestar psicológico y autoestima.

El Gobierno declaró que las cuantías reclamadas no estaban justificadas en las circunstancias del caso. Por el contrario, afirmó que las cuantías eran excesivas y que ninguna concesión por este concepto debía conducir a un enriquecimiento injusto.

En cuanto a la reclamación por daños y perjuicios, el Tribunal señaló que mientras la demandante ha demostrado que en numerosas ocasiones había buscado refugio en casa de su madre, no ha sido probado que de alguna manera dependiera de ella económicamente. Sin embargo, esto no excluye una concesión en concepto de los daños y perjuicios ocasionados a una demandante que ha demostrado que un miembro cercano de la familia ha sufrido violación del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) (ver, Aksoy contra Turquía [TEDH 1996, 72] , de 18 diciembre 1996, ap. 113, Repertorio 1996-VI, en la que la reclamación por daños y perjuicio hecha por la demandante antes de su fallecimiento con respecto al lucro cesante y a los gastos médicos ocasionados por el arresto y la tortura fueron tenidos en cuenta por el Tribunal al indemnizar al padre de la demandante, quien continuó con la demanda). En el presente asunto, sin embargo, la reclamación por daños y perjuicios se refiere a supuestas pérdidas acumuladas tras el fallecimiento de la madre de la demandante. El Tribunal no está convencido de que la madre de la demandante incurriera en ninguna pérdida antes de su fallecimiento. Por tanto, el Tribunal no considera apropiado en las circunstancias del caso hacer ninguna concesión a la demandante en concepto de daños y perjuicios.

Por otro lado, en relación con el daño moral, el Tribunal señala que la demandante ha sufrido indudablemente angustia y aflicción como consecuencia del asesinato de su madre y el hecho de que las autoridades no adoptaran medidas suficientes para prevenir la violencia doméstica de su marido y le impusieran una sanción disuasoria. Resolviendo en equidad, el Tribunal concede a la demandante 30.000 EUR en concepto del daño moral sufrido por ella como consecuencia de la violación de los artículos 2, 3 y 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .

La demandante también reclamó 15.500 TRL (aproximadamente 7.750 EUR) por las costas y gastos incurridos ante el Tribunal. Esto incluía los honorarios y costas ocasionados para la preparación del caso (38 horas de trabajo jurídico) y asistencia a la vista ante el Tribunal de Estrasburgo, así como otros gastos, como teléfono, fax, traducción o aparcamiento.

El Gobierno declaró que, en ausencia de documentos que apoyaran la reclamación de la demandante por este concepto, debía ser rechazada.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un demandante tiene derecho al reembolso de las costas y gastos sólo si se demuestra que ha incurrido en los realmente necesarios y por una cuantía razonable. Habida cuenta de la información de que dispone del presente caso y de los criterios anteriores, el Tribunal considera razonable conceder la cuantía de 6.500 EUR en concepto de costas y gastos por el procedimiento llevado a cabo ante él, menos 1.494 EUR recibidos como ayuda legal del Consejo de Europa.

El Tribunal considera apropiado basar el tipo de los intereses de demora en el tipo de interés marginal de la facilidad de préstamo del Banco Central Europeo, incrementado en 3 puntos porcentuales.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD

Rechaza, la objeción preliminar del Gobierno relativa al incumplimiento de la norma de los seis meses;

Une al fondo de la demanda conforme a los artículos 2, 3 y 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) las objeciones preliminares del Gobierno sobre el no agotamiento de los recursos internos y las rechaza;

Declara, admisible la demanda;

Declara, que ha habido violación del artículo 2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) en relación al fallecimiento de la madre de la demandante;

Declara, que ha habido violación del artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) en relación con la falta protección proporcionada por las autoridades a la demandante contra la violencia doméstica perpetrada por su ex-marido;

Declara, que no hay necesidad de examinar las demandas conforme a los artículos 6 y 13 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) ;

Declara, que ha habido violación del artículo 14 en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) ;

Declara,

(a) que el Estado demandado debe abonar al demandante dentro de un plazo de 3 meses a partir de que la sentencia sea firme de acuerdo con el artículo 44.2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , las siguientes cuantías, que serán convertidas a liras turcas con el tipo de cambio vigente en la fecha del acuerdo:

i) una cuantía total de 30.000 EUR (treinta mil euros), más cualquier impuesto que pueda ser cargado, en concepto de daño moral;

ii) 6.500 EUR (seis mil quinientos euros) menos 1.494 EUR recibidos vía asistencia legal del Consejo de Europa, más cualquier impuesto que pueda ser cargado a la demandante, en concepto de costas y gastos;

(b) que a contar desde el vencimiento del antedicho plazo hasta el pago, estas cantidades se verán incrementadas por un interés a un tipo marginal equivalente al del préstamo del Banco central europeo aplicable durante este período, incrementado en tres puntos;

Rechaza, el resto de las reclamaciones de indemnización.

Hecha en inglés, y notificada por escrito el 9 de junio de 2009, en aplicación de los artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal.

Firmado: Josep Casadevall, PresidenteSantiago Quesada, Secretario

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