Con el boato y la liturgia que ocultan la nada, el bicentenario de la primera Constitución española se celebró presidido por el descendiente del primero que la violó.: el mal nacido de Fernando VII. Somos un país surrealista. También un ciego fue dueño de una cadena de televisión. Lo mejor de la celebración fue la presencia del heredero de Fernando VII, educado en el absolutismo y que, tras intentar destronar a su padre acabó heredándolo y luego abdicando en él. El perjuro, para lograr el poder declaró: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Le creyeron. Madrid también vale una misa.
La Constitución de 1812 fue un progreso respecto al esquema dictatorial anterior. Pero cuando Fernando VII logró el poder la violó y restauró la Inquisición, ahora ilegalizada, pero no del todo. Algunos jueces ejercen de inquisidores tergiversando la actual constitución y aplican leyes o instrucciones inconstitucionales para atropellar los derechos humanos.
La Constitución de 1812 conservó la esclavitud y negó la condición de ciudadano a españoles sólo por ser negros (vid. sexta carta de Juan Sin Tierra en Blanco White. El español y la independencia de América, J. Goytisolo, Ed. Taurus).
El 10.09.1810 las Cortes decretaron que los descendientes de los negros seguirán sin ser ciudadanos a menos que "hicieren servicios cualificados a la patria o se distingan por su talento, aplicación y conducta con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio, de padres ingenuos, que3 estén ellos mismos casados con mujer ingenua y a vecindados en los dominios de las Españas y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industrial útil con capital propio". ¿Estuvo dedicado a ello la celebración del bicentenario del otro día?
Así lo justificó el Sr. Argüelles:"La palabra ciudadano no puede ya entenderse en el sentido tan vago e indeterminado que hasta aquí ha tenido. Aunque término antiguo, acaba de adquirir por la Constitución un significado legal, y no se puede confundir en adelante con la palabra vecino". Ni Orwell lo hubiera dicho mejor.
La presión inglesa, tratados de 1814. acabó con la trata de esclavos. Los marinos vascos, españoles y franceses, que sucedieron a los portugueses en la trata, fueron indemnizados por "daños y perjuicios" por el fin del negocio. ¿No deberían indemnizar a los negros?. Mutatis mutandis, esa indemnización recuerda la recibida por las eléctricas cuando llegó el comercio libre" ¿no éramos los usuarios sus víctimas bajo la dictadura?.
En 1837 se abolió la esclavitud en la península pero no en Puerto Rico y Cuba porque los terratenientes españoles amenazaron con anexionarse a los USA. Cuando allí se abolió la esclavitud se quedaron si chantaje al Gobierno, los USA para evitar la competencia con sus explotaciones del Sur, donde ya no había esclavos, presionaron para acabar con ella.
´Los políticos que lograron la revolución de 1868, cuando se echó por primer vez a un Borbón, Isabel II, no consiguieron la gloria de que "la gloriosa" aboliera la esclavitud. La ley de Segismundo Moret, promulgada en 1870, , de libertad de los vientres no entró en vigor aunque sólo proponía que nacieran libres los nacidos a partir de 1879, aun siguiendo siendo esclavas sus madres. La patronal, muchos "intelectuales" y el alto clero no estaba dispuesta a semejante reforma salarial. En 1870 dice Castelar: "Diecinueve siglos de cristianismo… y todavía existen esclavos. Y solo existen en los pueblos católicos; solo existen en Brasil y en España. Se más: se que apenas llevamos un siglo de revolución y no hay esclavos en los pueblos revolucionarios".
Zorrilla preparó un proyecto para la liberación de los 31.000 esclavos puertorriqueños en 1872. Pero unos españoles ¡como Dios manda! crearon los Círculos Hispano Ultramarinos de ex residentes de las Antillas. Con sede en Barcelona, Cádiz, Madrid y Santander crearon la Liga Nacional Antiabolicionista. La ley, finalmente, se aprobó el 26.03.1873, bajo la I República Española. 30.000 esclavos fueron libres en Puerto Rico, pero no en Cuba donde los casi 500.000, no serían libres hasta el 17.02.1880, tras el primer retorno del Borbón.
Aquellos polvos discriminatorios de los derechos humanos trajeron estos lodos. Abolida la Inquisición, que recuperó el malnacido de Fernando VII, la actual constitución no la permite. Pero vive al estilo de Romanones: Que mis enemigos hagan las leyes y que me dejen hacer a mí los Reglamentos, por una Instrucción de la Dirección General de Registros y Notariados (DGRN) que es inconstitucional.
Un acusado del crimen horrendo más horrendo tiene "derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar a alguna o a algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que sólo declarará ante el Juez" (art. 520.1.a). También lo tiene a "designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración"
Quien quiera casarse con un/a español/a verá atropellada su intimidad ¡por un juez!. El art. 65 del CC dice: "el Juez o funcionario encargado del Registro, antes de practicar la inscripción, deberá comprobar si concurren los requisitos legales para su celebración", pero una deformación de esa comprobación "fundamenta" el atropello de la intimidad personal en virtud de una Instrucción inconstitucional de la DGRN, huérfana de protección de su abogado que dice: "El instructor debe deducir de las respuestas dadas a las preguntas formuladas en la audiencia reservada, si existe intención de formar una familia o si tal intención no existe".
Pero el CC sólo cita "los requisitos legales". Y del cumplimiento de las obligaciones, el único demandante legitimado es la otra parte, nunca un juez.
¿Es España un país racista?. Sin la menor duda. Si no lo fuera habría un levantamiento contra de este atropello inconstitucional. En su lugar una copiosa doctrina apoya el atropello.
Quienes defienden el matrimonio in articulo mortis de un viejo con una joven, si son españoles, lo rechazan si el/la joven no es español/a. Eso es racismo y xenofobia. El Gobierno la práctica a través de esa instrucción y, servilmente, ¡la mayoría de los jueces la aplican porque comulgan con el mismo espíritu inmundamente inhumano del racismo!.
Nadie lo dude: somos racistas. En EL PAIS veo una imagen de una tienda en Alcudia. No vale más que mil palabras; vale más que seis mil millones de palabras; las de los seis mil millones de marginados. Dice así: "AVISO. Se prohíbe la entrada sin previo aviso a perros y rumanos; de lo contrario saldrán echando hostias". Lo grave es que no perderá clientela.
Las autoridades municipales ni le han llamado la atención. Tampoco la policía nacional lo ha denunciado. El fiscal no lo ha visto. Y el juez, si hay denuncia, no habrá hecho caso. ¡Vaya si somos racistas los españoles!. Dice el art. 620.2, CP: "Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito" no hay que cumplirlo porque Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal ¿No deberían hacer algo la Embajada y el consulado rumanos?.
Pero no endosemos a otro nuestra propia responsabilidad. Dice el art. 510.1, C. P.: "Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, … la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, … serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses". ¿Dónde está el Fiscal General del Estado y todo el cuerpo fiscal en pleno?. El artículo comenta que el Gobierno propondrá una ley para sancionar estas acciones. ¡Es un engaño!.
Decía Huarte de SanJuan: "El mejor príncipe (Presidente del Gobierno) no es quien promulga muchas leyes, sino quien hace cumplir las promulgadas!.
Somos racistas; ¡sin duda!. Celebramos, pues, el bicentenario de una constitución racista.
