Los últimos meses de la vida pública española han sido frenéticos. A caballo de una crisis económica cuya verdadera faz solo hemos visto recientemente con toda su crudeza la mayor parte de nuestra estructura institucional se ha vuelto repentinamente contingente. De hecho, por ejemplo, la utilización continua del Decreto-ley como forma de legislar puede ser uno de los elementos más visibles de esta cuestión. Todo el peso del sistema parlamentario se desplaza a una norma de urgencia que, en muchos, casos se percibe como una mera traducción de exigencias internacionales.
La Administración Pública, lejos de ser un elemento de vertebración social, se ha convertido en un lujo innecesario. Los funcionarios en una carga que no podemos pagar y que no se justifican por su trabajo. La estructura territorial es, también, superflua, porque repentinamente nos damos cuenta de que existen duplicidades y, en consecuencia, los excesos hacen que el sistema entero entre en convulsión.
Las instituciones de control y supervisión económica resultan igualmente innecesarias a la vista de los resultados y de su escasa percepción de la situación.
El sistema de relaciones laborales transita por un terreno en el que el fin justifica los medios aunque para conseguir el fin haya que ir y venir no siempre con sentido. Más allá de la necesidad de su reconversión los agentes sociales pierden su papel y su mínima relevancia.
Podemos seguir con otros ejemplos que realmente han proyectado sobre el conjunto de muestro sistema política una situación de "prescindibilidad" que realmente resulta más que preocupante, asfixiante. Cuesta respirar en este ambiente.
La exigencia de rigor en la gestión pública, de ordenación razonable del Estado, de control y supervisión de la vida económica y de modernización y compromiso de los agentes sociales en la estructuración de un sistema de relaciones laborales que coadyuve a la consecución de un marco más ágil en el que la lacra del desempleo se reduzca paulatinamente son elementos en los que una sociedad moderna debería pensar probablemente con mayor intensidad y frecuencia que lo que parece que hemos hechos en los últimos años en los que probablemente hemos vivido como si el status quo fuera definitivo.
En este estado de cosas y con la seguridad de que es preciso reformular muchas cosas y repensar otras es, también, lo cierto que en momentos en los que está a punto de establecerse una nuevo parlamento y un nuevo gobierno es preciso pensar a la necesidad de reconquistar la estructura institucional de lo público. La labor del futuro es conseguir que esa estructura institucional sea consciente de la crisis, de sus necesidades y de sus requerimientos y conforme un punto de apoyo y de incidencia en los cambios y adaptaciones que fueran precisas para enderezar un rumbo que, en estos momentos, se presenta, cuando menos, como errático.
La cooperación y la colaboración de todos en la consecución del objetivo común debe evitar, sin embargo, la tentación de considerar que todo se puede hacer – se debe hacer- a cualquier precio.
Nos ha costado mucho la consolidación institucional del Estado para pensar ahora que el fin justifica siempre los medios. Lejos de esto es preciso que todos vayan en la misma dirección pero que vayan no que se aniquilen. Gobernar pensando que todo es prescindible es ciertamente una tentación que debemos tratar de evitar.
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