La situación política en el Estado español como consecuencia del adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno hace unas semanas, ha supuesto la disolución de las Cortes con la consiguiente paralización de diferentes iniciativas legislativas que estaban pendientes de aprobación.
Este es el caso de la proposición de Ley de Bebés Robados y Desaparición Forzada Infantil, la cual ha sido sometida a numerosas enmiendas y cuya aprobación se ha dilatado en el tiempo de manera intencionada, dado que había mayoría suficiente para que hubiera salido adelante. En concreto, hay que remontarse a alrededor del año 2018, cuando CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo) junto con un buen número de asociaciones presentaron un borrador de ley a un grupo de representantes dentro del Congreso de los Diputados, quienes decidieron impulsarla a través de una propuesta de ley que obtuvo los votos necesarios para aprobar su tramitación. Sin embargo, posteriormente debió pasar una serie de trámites antes de que saliera adelante y hoy, cinco años más tarde, dicha propuesta cae de nuevo en el olvido tras la disolución de las Cortes.
El problema al respecto, tal y como denunciamos desde la Plataforma Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles TE ESTAMOS BUSCANDO, es que esta situación legislativa supone empezar de cero y una mayor victimización y sufrimiento para todas las víctimas del territorio nacional, muchas de las cuales tienen hoy 80 o 90 años y aún no saben nada del paradero de sus hijos.
Un problema no sólo acontecido en el franquismo
El origen del problema de los bebés robados se remonta al comienzo de la Guerra Civil española y continuó en la dictadura, el post franquismo e incluso la democracia. Es decir, no tuvo lugar sólo dentro de un marco de tiempo temporal como fue el franquismo, sino que continuó mucho más allá incluso del año 1978, cuando se erigió la Constitución Española y las Cortes. De acuerdo con ello es inevitable plantearse la pregunta: ¿quién puede pensar que tras más de 40 años de dictadura se consiguió un estado de derecho pleno en 1978?
Además, se habla de bebés robados o desaparición forzada infantil y se da a entender erróneamente que las únicas víctimas son los niños, cuando las primeras víctimas son las madres, que son las víctimas primarias. Se está obviando en este sentido que cuando en un centro médico, ya fuera público o privado, se le robaba el bebé a una mujer no sólo se estaba cometiendo ese delito de desaparición forzada infantil, sino que además se sumía a la madre en un estado de falsedad, eliminando su identidad como madre y su realidad jurídica, que perdura incluso después de descubrir que su bebé había sido robado y no estaba muerto, como le habían explicado.
Es por ello que denunciamos la comisión de delitos como el de alteración de la filiación, exigiendo responsabilidad para aquellos que han decidido ocultar, alterar o modificar la verdadera identidad biológica de nuestros hijos e hijas entregándolos a terceros, negándoles su verdadera filiación y ocasionando que vivan con documentación e identidad falseada. Además, denunciamos delitos internacionales como la desaparición forzada infantil y los crímenes de lesa humanidad, así como delitos de tortura el día del parto, falsedad documental o suposición de parto.
Lo más dramático y doloroso al respecto para las madres es que no hay prueba más evidente de que los bebés han sido robados, y por tanto de la comisión del delito, que la Administración Pública te certifique en su día tras el parto que tu hijo o hija ha nacido muerto y que 40 años más tarde te certifique la misma Administración que no se encuentra en ningún cementerio.
Sin embargo, pese al dolor y desesperación que conlleva para las víctimas una situación como el que te despojen de tu hijo o hija, nos vemos abocadas a sufrir otro padecimiento mayor como es el que la incertidumbre se alargue en el tiempo sin que exista reparación alguna por parte del Estado español. No hay mayor impotencia para las víctimas que el ver cómo el Estado está desoyendo un asunto de derechos humanos e incumpliendo un buen número de tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos que han sido firmados y están vigentes en España.
El alcance del problema de los bebés robados ha traspasado el ámbito nacional y ha adquirido una dimensión internacional porque están interviniendo agentes como las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otros muchos colectivos que han solicitado al Estado español acciones para afrontarlo.
De hecho, en Argentina o Irlanda hay ayudas legislativas para las miles de víctimas de bebés robados, ayudas que pedimos aquí. Tan solo reclamamos al próximo Gobierno que salga de las urnas que queremos un proyecto de Ley, que tiene un recorrido más corto que una propuesta de Ley y el tiempo se agota, sobre todo para las madres más ancianas.
Es triste ver cómo para el Estado español somos invisibles, no existimos. Necesitamos amparo de nuestro propio Estado de Derecho, pero no lo encontramos porque de todos los textos legislativos propuestos estos últimos años por distintos colectivos de bebés robados para la reparación de las víctimas, entre ellos el presentado en 2017 por la Plataforma Internacional Te Estamos Buscando, ninguno ha prosperado. Y la única pregunta para la que no encontramos respuesta ni consuelo es ¿por qué no podemos ser amparadas como víctimas?
No podemos seguir viviendo con esta tortura después de tantos años de lucha. La victimización continuada en el tiempo está provocando un daño irreparable a nuestra salud física y emocional. Estamos sin amparo de ningún tipo, sin ayudas por la falta de reparación, las madres seguimos siendo las grandes olvidadas, las grandes desaparecidas junto a nuestros hijos e hijas.
