La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial está a punto de tomar un decisión en el proceso que se le sigue al Juez, Rafael Tirado, por una presunta falta grave en el caso de la niña Mari Luz Cortés. Los magistrados se encuentran, por tanto, ante una magnifica oportunidad para aparcar sus diferencias y sacar a la justicia fortalecida de este terrible suceso.
A punto de cumplirse cuatro meses de la muerte de la niña, Mari Luz Cortés, la justicia española no logra recuperar majestad que de suyo le corresponde. La opinión pública, horrorizada al comprobar los insondables laberintos de la maldad humana, sigue a la espera de que las máximas instancias de nuestro país reaccionen vigorosamente depurando las responsabilidades penales y administrativas que se desprendan de tan execrable crimen.
Y es que la muerte de la niña de Huelva ha desnudado, de la A a la Z, las carencias que arrastra nuestra justicia. A la congestión en los juzgados se suman la interinidad del personal, la politización en el gobierno de los jueces, la falta de medios materiales y lo que es peor: la incapacidad de los grandes partidos nacionales por llegar a un gran pacto de Estado en materia de justicia, que garantice una mayor independencia en la labor que desempeña la rama judicial.
Un nuevo capítulo se escribe en estos días, cuando la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece que se decantará por multar económicamente al Juez, Rafael Tirado, por incurrir en una falta muy grave de desatención. El problema aquí no es que se decida, conforme a derecho, sancionar pecuniariamente al titular de juzgado número 1 de Sevilla. Lo que causa perplejidad es que el órgano de gobierno de los jueces siga abordando este caso como si se tratara de un juego de poder entre conservadores y progresistas.
Las dos facciones cometen el mismo error. Utilizar este caso como un arma arrojadiza, sin percatarse de que su deber es sobreponerse a sus pequeñas miserias. Los unos se niegan a que el juez, Rafael Tirado, sea la cabeza de turco que pague la precariedad material de nuestra justicia y los otros pretenden todo lo contrario; es decir, enviar un mensaje a los medios de comunicación -y por tanto a la opinión pública- de que alguien debe lavar con su desprestigio las vergüenzas de la judicatura. Ambas partes, en mi opinión, se equivocan.
Y además lo hacen por partida doble si, como reseñó el diario El País el pasado martes 24 de junio, se plantean pronunciarse a finales de julio, precisamente cuando España entra en la molicie veraniega, como si se avergonzaran de algo.
La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial debe iluminar este callejón, echando mano de la luz que le brinda el derecho. La grandeza de esta comisión quedará a la vista de todos sólo si logra una sentencia unánime, indubitada y de cara a la ciudadanía; en la que se demuestre que la judicatura se encuentra unida y sin complejos para afrontar las responsabilidades que le ha confiado el Estado de Derecho.
Qué mejor homenaje a Mari Luz y su familia que usar su tragedia como piedra de toque y su dolor como aglutinante en torno a la reconstrucción de la confianza perdida. Después de todo lo ocurrido, es lo mínimo que la justicia puede hacer por ellos.
