(Sobre la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones)
En el Boletín Oficial del Estado del día 29 de junio de 2022 se publica la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, norma con la que se desarrolla la competencia exclusiva del Estado en esa materia (artículo 149.1.21 de la Constitución) y que deroga la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, a la que viene a sustituir.
Se trata de la cuarta norma que regula este sector en los últimos veinticinco años, tras la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y la ya referida, y ahora derogada, Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, y se trata de transponer a nuestro ordenamiento las previsiones efectuadas en la Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
Lo que supone que (una vez más) se produce una inexplicable demora en la transposición de un Directiva que debía haberse realizado “a más tardar el 21 de diciembre de 2020”, tal y como establecía el artículo 124.1 de la propia Directiva.
La nueva ley consta de ciento catorce artículos, agrupados en ocho títulos, treinta disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, seis disposiciones finales y tres anexos (como indica el párrafo primero del apartado IV del Preámbulo), contenido cuantitativo que podemos comparar con el de la normativa anterior, Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, que estaba integrado por 84 artículos, agrupados en ocho títulos, diecinueve disposiciones adicionales, doce transitorias, una derogatoria, once finales y dos anexos, lo que supone un significativo engorde en la normativa reguladora.
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