Con la reciente aprobación de la Ley que reconoce y regula a las Sociedades de Beneficio e Interés Común (que se han sumado al argot emprendedor como SBIC), va a ser mucho más sencillo que las entidades de inversión de impacto puedan reconocer a proyectos afines y, en definitiva y entre muchos otros beneficios, va a aligerar la diligencia en la que se constituyen y ofrecen oportunidades a este tipo de iniciativas.
Más que un cambio legislativo aislado es, sin duda, la consecuencia de un cambio de paradigma en la opinión social sobre el papel de las empresas en España. Y es que empieza a entenderse una realidad que no siempre había sido bien vista: que las empresas pueden tener un objetivo o forma de realizar las cosas orientado a mejorar su entorno y, a su vez, pretender obtener un beneficio de ello. Quizá que empecemos a comprender este hecho es la puerta para avanzar en este sentido. Para empezar, ha supuesto que España se sitúe a la vanguardia -junto a otros países como Francia e Italia- en lo que respecta a economía de impacto, con una tendencia real de impulso al sector empresarial, ya no solo con un reconocimiento legal, sino con estímulos que podrán generarse desde el ámbito de la financiación y la compra pública.
Además, dentro de esta renovada cultura empresarial, hemos visto cómo empresas de siempre desplegaban vastas políticas de responsabilidad social empresarial; como proliferaban a diario iniciativas empresariales -startups- con un objetivo social, medioambiental o, simplemente, con altos estándares de producción sostenible. Y finalmente hemos visto a iniciativas sin ánimo de lucro como B Lab Spain que han nacido con el objetivo de certificar a aquellos que están haciendo bien las cosas. Bravo, asimismo, que iniciativas privadas (aunque sin ánimo de lucro) de este tipo hayan sido las que hayan impulsado a través de recogida de firmas, la creación de esta nueva ley. Así, la propia B Lab es la que, tras años de trabajo, más mérito podría tener por este hito único.
En general, el gran avance pasa por entender un respaldo del Estado en el reconocimiento jurídico a aquellas empresas que se desenvuelven con este tipo de intereses. Se busca, de este modo, empresas que cumplen con un triple objetivo por el que, tras generar valor económico, social y medioambiental; asumen además principios de buen gobierno corporativo, y tienen un alto estándar de calidad con sus trabajadores, y con las comunidades locales. Bien, pero ¿y qué beneficios puede esperar obtener una empresa que ha recibido el calificativo SBIC?
Habrá que esperar a la práctica para entender hasta qué punto se desenvuelven las políticas favorables a estas nuevas instituciones; tanto en España como en otros países como Francia e Italia, donde ya se ha desarrollado (recientemente) esta política de incentivo empresarial y está obteniendo un amplio desarrollo. En Francia, por su parte, para poder ser catalogado como Enterprise à misión es imprescindible tener un organismo dentro de la empresa que organice y supervise que la ejecución de su razón de ser y propósito, así como un tercer auditor que verifique el cumplimiento de estos objetivos. Un requisito severo que ha contenido la cifra de empresas que han adoptado esta figura -desde 2019- hasta las poco más de 200; y habiéndose cuadriplicado su número desde entonces. En Italia, la Societá Benefit también ha vivido una aceleración -en contrapeso al freno en el sector startup– y se calcula que a pesar de que haya existido una recesión del 8 % en la creación empresarial, este tipo de iniciativas cuenta con un crecimiento del 43 %.
Debemos observar con cautela la acogida que ofrezca el sector empresarial a esta nueva figura. Si bien es cierto que existe un movimiento hacia las iniciativas empresariales con objetivos de interés social, veremos con algo de tiempo si SBIC es realmente la opción que necesitan este tipo de sociedades para facilitar su existencia e impulsar su creación.
