La lectura diaria de los periódicos está propiciando una percepción social de lo público como algo superfluo, caro y, finalmente, la fuente de la corrupción. Cuesta realmente admitir que existan, después de tantos años de funcionamiento democráticos, tantas situaciones de “desviación” de la actividad de interés general convertidas en situaciones de “interés particular”.
Se trata de una situación que, se diga o no, está condicionando la vida social y la percepción de que todo lo público deriva en interés privado. Cuando esto ocurre es preciso reflexionar y preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, cómo se sale de esta situación.
Llegados a este punto la cuestión inmediata es la de preguntarse dónde estaban los instrumentos de control y cómo ha sido posible eludirlos. La respuesta debe comenzar por recordar que los instrumentos de control existen. Nuestro diseño constitucional es correcto, homologable con el resto de Europa y del mundo. Luego no es un problema de diseño sino de ejercicio.
Este es el punto central: la debilitación institucional por su ejercicio y por el papel que ha representado cada una de las instituciones en nuestra historia reciente. Un breve repaso nos llevaría a indicar que el órgano de control por excelencia – el Poder Judicial- se ha difuminado en grandes debates políticos, pero no ha formado parte de la agenda política en toda la historia de la democracia. Nadie ha buscado su modernización, su actualización, su consolidación. Es más fácil mantener debates sobre la ideología de los responsables o sobre su privilegios (como ahora el aforamiento) en lugar de buscar su consolidación como auténtico y eficaz sistema de control. No es posible que la Administración de Justicia obtenga en la valoración de los ciudadanos una de las peores notas. Cuando esto ocurre no solo los jueces tienen un problema: la sociedad tiene otro más importante.
El papel que durante tantos años han significado instituciones como el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo -por poner ejemplos concretos- debe ser calificado de socialmente irrelevante. Ninguna de las cosas que estamos viviendo fueron advertidas o impedidas. En este esquema, finalmente, la institucionalización de la Administración y la conformación de un aparato serio y solvente que colabore en la realización adecuada de los intereses públicos se ha sustituido realmente por una Administración escasamente profesionalizada, sin función directiva, sin adaptaciones funcionales, sin adaptación al cambio y, finalmente, sin el papel de balance y consolidación de las políticas públicas.
En este estado de cosas surge la necesidad de reclamar la consolidación institucional. Reformar la Administración es algo más que recortar sueldos y plantillas. Reformar es adaptar a las necesidades y organizar para conseguir un futuro con el que se pueda convivir. Reformar el Poder Judicial es algo más que evitar el aforamiento de los jueces y, desde luego, exige un proceso de gestión y transformación de estructuras y de concepciones que está muy lejos de visualizarse en una sociedad tan llena de debates nominales e ideológicos. Reformar el control de los fondos públicos es apostar por la profesionalización y el trabajo de los órganos de control lejos de la utilización mediática o política y arriesgando el que no siempre se haga lo que se quiere.
Necesitamos que el futuro de la sociedad se asiente en instituciones que funcionen y que cumplan su función. La recuperación y la consolidación institucional son elementos clave de un Estado sólido y estructurado. En muchas ocasiones cuando hablamos de "reforzamiento institucional" parece que estemos pensando en grandes reformas y grandes transformaciones que pueden llegar a situarse en un plano tan lejano que hace inalcanzable el objetivo final. Sin embargo, a veces las cuestiones son más sencillas: bastaría con la normalización. Normalizar es, por ejemplo, que un juez debe ser independiente y que un funcionario es imparcial y que un interventor representa o valida el buen uso de los dineros y de los fondos públicos.
Esto nos permite indicar que la transformación no es tan compleja. Se trata de volver a la identidad de las cosas y comprender que el debilitamiento institucional es, finalmente, un debilitamiento social en el que nadie gana. Hoy nadie puede considerarse triunfador en un contexto en el que la sensación en que nada funciona como es debido y nadie cumple su verdadera función.
La consolidación institucional exige, de un lado, ideas y conceptos claros con evitación de "figuras y situaciones ambiguas". Pero, sobre todo, exige renuncias y altura de miras. Desde una concepción como la actual una estructura institucional sólida es una pérdida del "poder" diario para ir a un escenario donde cada uno tiene su papel y su relevancia y no todo debe ser suplido por una manto de una legitimación democrática que, también, ha entrado en una crisis que ciertamente es más que preocupante.
La sociedad española del siglo XXI necesita recuperar la normalidad. Necesita visualizar las instituciones y las personas que las representan con respeto y con normalidad y eso exige una fuerte legitimación social por la vía de la actividad y el ejercicio de la propia función. Sin esta consolidación institucional se llega a la percepción de que todo es o responde a criterios políticos y esto condiciona la percepción, el respeto a la función y a la de quienes la realizan.
La consolidación institucional y democrática es una de las grandes ilusiones que nos quedan por recuperar y este marco no es solo de definición de un nuevo Ordenamiento Jurídico sino, sobre todo, una apuesta por la profesionalidad, por la solvencia y el respeto de cada una de las funciones. Sin esto el futuro es más que complicado.
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