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26/11/2022. 23:41:15

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Referéndum Irlandés y Referéndum Europeo

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Luis Jimena Quesada
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El autor sostiene que el "no" de pueblo irlandés al Tratado de Lisboa forma parte de la lógica de la construcción europea (diseñada en torno a unos irreversibles avances marcados "desde arriba" por la elite política, desde los "padres fundadores"), que topa con ilógicos obstáculos impuestos "desde abajo" por una fracción del pueblo europeo, lo que plantea la necesidad de un referéndum a escala de toda la Unión Europea.

Luis Jimena Quesada

¿Qué hacer ahora tras el referéndum negativo registrado en Irlanda el pasado 13 de junio de 2008 con relación al Tratado de Lisboa de 2007? La cuestión no es nueva. No se trata de la primera vez que una consulta popular negativa levanta barreras insuperables (el "no" de Francia y Holanda al Tratado Constitucional de 2004) o difícilmente franqueables al proceso de integración europea (el propio primer "no" de Irlanda al Tratado de Niza de 2001, salvado positivamente mediante la reiteración de la consulta al pueblo irlandés). Como tampoco es inédito que un gobierno bloquee el funcionamiento institucional del conjunto de la Unión haciendo valer su veto ante decisiones que exigen la unanimidad (recuérdese la "crisis de la silla vacía" provocada por el gobierno galo en los años sesenta del siglo pasado y cerrada en falso mediante el Compromiso de Luxemburgo de 1966).

Si este último ejemplo puso de manifiesto lo irrazonable de que un solo gobierno pueda imponer unilateralmente su criterio al de los demás socios europeos ante cualquier asunto de interés común, el reciente referéndum negativo en Irlanda evidencia asimismo que una sola consulta popular no puede razonablemente erigirse en la decisión del conjunto de la ciudadanía europea. Volvamos entonces a la pregunta: ¿Qué hacer ahora…? Desde luego, no es concebible aislar a Irlanda, en donde se han respetado formalmente las reglas dadas por la propia Unión, es decir, que se ha sometido a ratificación -según el mismo Tratado de Lisboa- "de conformidad con sus respectivas normas constitucionales", que exigían la celebración de referéndum.

La respuesta al problema, por tanto, hay que buscarla en las propias reglas de funcionamiento de la Unión. O sea, es preciso cambiar esas reglas. Resultaba absolutamente ilógico que existiera la unanimidad como regla general en el proceso de adopción de las decisiones en el seno de las instituciones comunitarias y, con tal orientación, las sucesivas reformas de los Tratados constitutivos han introducido modificaciones (vinculantes) de semejante regla para sustituirla paulatinamente por la regla de la mayoría (en sus distintas modalidades, como la codecisión, etc.): un "pacto de caballeros" no obligatorio como fue el mencionado Compromiso de Luxemburgo no podía ser la solución. Del mismo modo, resulta totalmente irrazonable que exista todavía la unánime ratificación de todos los países miembros de la Unión para que pueda entrar en vigor cada nueva reforma de los Tratados europeos y, con tal espíritu, debería introducirse al efecto el referéndum europeo, de suerte que bastara un resultado exitoso en un número significativo de países que a su vez representara un porcentaje importante de la ciudadanía europea: por ende, en el caso que nos ocupa, está bien descartar un segundo referéndum en Irlanda, lo cual no pasa por ser la solución al problema.

En este escenario, huelgan explicaciones supersticiosas y superficiales en torno al "no" de Irlanda al Tratado de Lisboa, que no tiene nada que ver con haberse celebrado la consulta popular en "viernes 13" (no es el "día de la mala suerte" en toda Europa, para España es el "martes 13"), o con que "el pavo" de Irlanda no pasara a la fase final del maltrecho concurso de "Eurovisión" (ni siquiera otros símbolos europeos más serios, como el "euro", son compartidos por todos los países comunitarios). Claro que, en el contexto reseñado, el problema radica en cómo cambiar las reglas del juego. Esto es, ¿cómo suprimir la regla de la ratificación por todos y cada uno de los países miembros de la Unión para aprobar una reforma de los Tratados europeos si esa supresión requiere ella misma la unanimidad? Esta previsión la contenía el fallido Tratado constitucional de 2004. La respuesta puede ser sencilla en su planteamiento: hagamos una reforma de los Tratados que, para que obtenga la adhesión unánime de los países europeos, sea menos ambiciosa en cuanto a su contenido e introduzca esa nueva regla procedimental de la mayoría significativa de países y de población.

Y otra cuestión complementaria coherente con la línea aquí mantenida: ¿cómo introducir un referéndum simultáneo en toda la Unión para evitar que un solo referéndum nacional se convierta en decisión unilateral para todos? No cabría descartar una Decisión del Consejo de la Unión introduciendo el referéndum europeo, de la misma manera que en 1976 se decidió establecer las elecciones europeas (elección por sufragio universal de los miembros del Parlamento Europeo). Es cierto que ni siquiera la "Constitución europea" de 2004 previo el referéndum europeo (se limitó a introducir una "iniciativa ciudadana" legislativa -un millón de firmas- que tampoco rescató el Tratado de Lisboa). Pero una Decisión del Consejo estableciendo el referéndum europeo sería reflejo de ese institucionalismo histórico que ha hecho funcionar la construcción europea desde sus orígenes generando "dependencias de la trayectoria" que se han perfilado positivas para hacer avanzar Europa a "pequeños pasos" y mediante modestas "solidaridades de hecho" como preveía la Declaración Schuman de 1950. Así se dotará a la Unión de mayor legitimidad democrática, pues la democracia consiste en la regla de la mayoría con respeto de la minoría y no en la regla de la imposición o decisión unilateral de la minoría sobre la mayoría.

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