Entre los objetivos previstos por la Dirección General del Catastro se encuentra la revisión de los valores catastrales de más de 3.000.000 de inmuebles. La duda está en la calle: ¿se trata de una simple medida para acomodar el Catastro a los valores de mercado o se trata de un mecanismo encubierto para aumentar la presión fiscal y compensar el descenso en la recaudación pública con motivo de la crisis del sector inmobiliario?
La Dirección General del Catastro, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, entre los objetivos previstos para el año 2008 ha fijado la revisión de las valoraciones inmobiliarios.
Concretamente, para este año ha previsto realizar 3.250.000 notificaciones de valores catastrales urbanos, cifra muy superior a los 521.138 previstos para el 2007.
Esta revisión implicará que más de tres millones de fincas urbanas verán revisado su valor al alza o, dicho en otros términos, verán cómo se incrementa la base de referencia sobre la que calcular una serie de impuestos. Concretamente, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), el impuesto sobre el patrimonio (IP), el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) o el impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD).
Pese a las dudas que se puedan albergar sobre la influencia que esta revisión catastral tenga en la presión fiscal, es indudable que existen impuestos que inexorablemente se verán incrementados puesto que no existen mecanismos correctores que amortigüen la carga fiscal. Así, por ejemplo, el IP, el IAE o el ISD. En otros casos, será necesario esperar a ver las medidas adoptadas por los organismos públicos. Es el caso del IBI, en el que dependerá de si los ayuntamientos rebajan o no el porcentaje que aplican sobre valor catastral para calcular el importe del impuesto.
La finalidad última de la medida declarada por fuentes oficiales es que los valores catastrales se vayan actualizando lo más rápidamente posible para que no exista un gran desfase entre éstos y el valor del mercado inmobiliario. Es cierto que en los últimos años se ha asistido a un crecimiento espectacular del precio de la vivienda que, de alguna manera, debe ser reflejado en las valoraciones que de los mismos hacen las distintas administraciones. No obstante, bajo este loable objetivo de acomodación a la realidad, subyace la duda de que se esté utilizando la revisión catastral como un subterfugio para aumentar la presión fiscal y, de esta manera, compensar el descenso de ingresos en las arcas públicas como consecuencia de la crisis inmobiliaria. De hecho, según los datos de ejecución presupuestaria presentados ayer por el Secretario de Estado de Hacienda, en los dos primeros meses del año el superávit cayó un 27% y, según estas mismas fuentes, detrás de la caída se encuentra la reducción de los ingresos por IVA en un 8,2% como consecuencia de la "contracción de la actividad en los sectores de la construcción y promoción inmobiliaria".
