El uso voluntario de Internet para acceder a contenido sexual no tiene por qué tener consecuencias negativas, de todas formas, todos hemos sufrido alguna vez una exposición no deseada a este tipo de contenido. Desde páginas de descargas ilegales a webs de juegos online, con cada click corremos el riesgo de ser bombardeados con imágenes no deseables. Los adultos solemos cerrar las pestañas emergentes y seguir con nuestro día, pero, ¿qué sucede con los menores que son expuestos a este tipo de contenidos?
Actualmente, la exposición involuntaria de menores a contenido de carácter sexual en Internet no está regulada. Por tanto, si tuviésemos que resolver una cuestión de esta índole deberíamos buscar alguna figura similar, como la del exhibicionismo del artículo 185 del Código Penal o la difusión de pornografía del 186. Ambas son conductas orientadas a menores de edad, con la misma pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
Por otro lado, el artículo 183 bis CP hace referencia a aquellos casos en los que la exposición la realice una persona concreta y determinada a través de la mensajería instantánea en alguna red social o en los que una persona obligue a un menor a mirar contenidos no deseados. De todas formas, ¿qué ocurre cuando es el propio menor el que se encuentra con el material inadecuado?
En este tipo de situaciones, al igual que en muchos delitos relacionados con las TIC, al faltar un agresor directo, es complicado saber quién es el responsable: la empresa que realiza el anuncio, el gestor del sitio web en el que se visualiza… De todas formas, no nos tenemos que escudar en esta dificultad de encontrar al culpable para evitar tomar medidas.
Los casos son cada vez más numerosos
Este estudio publicado en la Revista Internacional de Psicología del Desarrollo y la Educación de la INFAD (International Journal of Developmental and Educational Psychology) en 2018, concluyó que de los 284 adolescentes españoles encuestados con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, el 85,9 % había sufrido una exposición involuntaria a contenido sexual en Internet, siendo la edad media de la primera exposición los 12,1 años, bastante por debajo de la edad mínima que exige el artículo 183.1 del Código Penal para prestar consentimiento a la hora de realizar actos de carácter sexual.
Existen numerosos estudios que destacan el impacto negativo que la exposición involuntaria a material sexual tiene en los menores; por ejemplo, el estudio de la INFAD que hemos mencionado, concluye que los resultados señalan, entre otras, una activación sexual prematura, sobresaltarse con facilidad y fantasías hacia objetos inusuales en los adolescentes afectados. De todas formas, existen también numerosos estudios con conclusiones aún más devastadoras.
Falta de apoyo social
La exposición involuntaria a contenido explícito en Internet no es considerada importante por una gran parte de la ciudadanía, independientemente del impacto que tiene en los menores. La situación está tan normalizada que en ocasiones se asesora a las familias hacer uso de un control parental u otro tipo de herramienta para que sus hijos no se vean afectados. Por ejemplo, esta es una nota técnica que la Agencia Española de Protección de Datos publicó en 2020 para asesorar a los padres.
En definitiva, queda claro que la sociedad no será capaz de reconocer por sí misma la necesidad de regular esta materia, por lo que será el legislador el que tendrá que imponer unas garantías mínimas que permita que el Derecho tome la delantera y ayude a mantener una infancia digna para los menores españoles.
La protección que el artículo 183 bis del Código Penal da a los menores no es suficiente, porque al no existir intencionalidad por parte del agresor no es aplicable. Por tanto, es necesario tomar medidas que permitan identificar a los agresores e imponer normas eficaces para que los anunciantes puedan saber cuándo no pueden lanzar ventanas emergentes con contenido sexual.
