Bajo la excusa de que la mayor parte de los contribuyentes que aportaban a planes de pensiones eran los de mayor renta, el gobierno ha limitado para el IRPF de 2021 (a presentar en 2022) las aportaciones a planes de pensiones que estos podían desgravarse de 8.000 a 2.000 € anuales. Dada la baja rentabilidad de los planes de pensiones en nuestro país y las elevadas comisiones que cobran, dicho incentivo fiscal era lo que motivaba en gran medida a los contribuyentes a que realizaran aportaciones a los mismos. Por tanto, una vez limitado en tan gran medida dicho incentivo, no es de extrañar que, como ha sido publicado recientemente, haya provocado que las aportaciones a planes de pensiones se hayan reducido en el primer semestre de 2021 en más de un 90% con respecto al ejercicio anterior.
Esta limitación que solamente busca reducir a la mínima expresión el coste en términos de recaudación que suponía dicho incentivo fiscal en el IRPF (estimándose este en 1643 millones de euros anuales según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) va en contra de las insistentes recomendaciones de la Unión Europea de que se incentive el ahorro de los contribuyentesde cara a su jubilación futura como complemento a la pensión pública.
El Gobierno, a este respecto, también justifica este cambio defendiendo que se mejoran los incentivos fiscales en el IRPF en el caso de planes de empleo de empresa para que el ahorro se traslade de los planes de pensiones privados a estos, pero, en mi opinión, es también plenamente consciente de que, en un país como el nuestro en el que la inmensa mayoría de las empresas son pymes y micropymes, estos planes no alcanzan actualmente ni al 10% de los trabajadores y tampoco tienen carácter obligatorio por lo que no es probable que su uso se generalice.
Por tanto, el incentivar que las empresas favorezcan con sus propios planes de pensiones el ahorro de sus empleados no puede producirse a costa de reducir los incentivos a los planes del sistema individual puesto que, sin duda, esto va a generar en el futuro jubilados de primera y de segunda, en función de si han tenido acceso a planes de empleo en su empresa o no.
Llegados a este punto, y analizando el efecto recaudatorio de esta medida, es necesario resaltar que el incentivo fiscal en el IRPF que existe para las aportaciones a planes de pensiones es realmente un diferimiento fiscal, esto es, en el momento en que se realizan las aportaciones se produce un ahorro fiscal en la declaración de la renta de ese ejercicio, pero, en el momento en el que el contribuyente rescate ese plan de pensiones, éste tendrá que tributar en su IRPF por el total de las cantidades recibidas como renta del trabajo, es decir y tanto si lo rescata en forma de capital o renta, el contribuyente deberá tributar como renta de trabajo no solamente por todas las apartaciones que en su día realizó y por la que redujo su factura fiscal, sino también por todos los rendimientos positivos que dicho plan de pensiones haya conseguido.
Por lo anterior, y mediante todas las aportaciones que se realizaron en el pasado, se produjo entonces una merma de recaudación que se recupera a medida que esos planes de pensiones se rescatan. Por eso, la reducción de este incentivo fiscal supone para nuestro gobierno no solamente que se ahorre el coste en términos de recaudación que supone el mismo, sino que, además, se beneficie recaudatoriamente de que, en el próximos ejercicios y con motivo de la jubilación de la generación del baby-boom, habrá una cohorte enorme de contribuyentes que rescatarán sus planes de pensiones y tendrán que tributar en el IRPF por los importes obtenidos como renta de trabajo, con el consiguiente efecto positivo que ello supondrá para las arcas públicas.
En consecuencia, la limitación de este incentivo fiscal supone que el gobierno actual y posteriores se beneficiarán en términos recaudatorios de los impuestos que no se recaudaron en ejercicios anteriores, pero al limitar dicho incentivo, no existirá una bolsa equivalente de impuestos no recaudados de los que se beneficien los gobiernos del futuro, lo que supone en definitiva que nuestro gobierno va a recaudar (y gastar) unos impuestos que, en puridad, no le corresponden.
