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04/08/2020. 13:08:06

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¡Cuánto hemos cambiado los jueces españoles en la UE! El segundo informe REDUE (2020)

Magistrada y miembro de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE) del CGPJ

Magistrada y miembro de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE) del CGPJ

Reunión de la REDUE en Águilas en 2019 con el Abogado General del Tribunal de Justicia Manuel Campos Sánchez-Bordona.

Puede que no haya actividad más nostálgica que repasar las viejas fotografías de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestro país. Si echamos la vista atrás la Constitución democrática queda a 42 años de distancia; desde el ingreso en las Comunidades Europeas pasaron ya 34, y solo unos pocos, los más románticos o, sin tantos eufemismos, los de más edad, calculan y hablan, 18 años después, en pesetas.

En el caso de los jueces, tan poco dados a otras fotografías que las institucionales, también el repaso de las instantáneas nos inspira nostalgia, pero al mismo tiempo nos permite darnos cuenta de dónde estábamos y adónde hemos llegado.

No creo que haya habido poder del Estado más convencido del cambio democrático y que, gracias al Tribunal Constitucional, con mayor entusiasmo haya aplicado los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución.

Más costó, no tanto por el desconocimiento como por la falta de entrenamiento y por el miedo ancestral hacia el exterior, la aplicación del Derecho comunitario europeo. De hecho, en los 20 primeros años de integración en Europa, los jueces españoles no fueron muy dados a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

Fue la iniciativa de un extraordinario juez español y prestigioso abogado general en el Tribunal de Justicia en Luxemburgo, Dámaso Ruiz-Jarabo, la que ayudó a familiarizar a los jueces con el diálogo judicial europeo y para hacerlo propuso al Consejo General del Poder Judicial y este órgano constitucional creó la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE). En 2006 se seleccionaron 10 magistrados, dos por especialidad jurisdiccional: civil, mercantil, penal, administrativa y social, con el fin de apoyar a los demás jueces en las tareas de conocer, interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea.

A partir de ese momento aumentaron significativamente los reenvíos prejudiciales y las preguntas de los jueces españoles cada vez eran más interesantes para nuestros conciudadanos en España y en el resto de la Unión Europea. Si en los primeros 20 años los jueces españoles remitían a Luxemburgo menos de ocho preguntas al año; en los últimos 14 años la media ha subido a las 36 cuestiones prejudiciales y sigue creciendo, hasta el punto de que en 2018 llegamos a 67 y en 2019 fueron 64 los reenvíos prejudiciales que llegaron a Luxemburgo procedentes de tribunales españoles.

Y cuantitativamente la transformación de importantes sectores de nuestro ordenamiento ha sido imparable, incluida la aplicación de la Carta de los derechos fundamentales, las libertades económicas, la intervención de los organismos reguladores de la competencia, las cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores, los derechos de los extranjeros, el alcance del derecho al asilo, etc.

En 2013 la REDUE hizo una encuesta y elaboró su primer Informe sobre la aplicación del derecho de la Unión por los jueces españoles y lo hizo con el fin de «esclarecer si […] los jueces españoles se han adaptado a las exigencias creadas por el sistema legal de la Unión para la aplicación del derecho europeo».

En 2019, una renovada Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE), integrada por 18 magistrados, confeccionó, bajo el impulso de la vocal y abogada del Estado, Nuria Díaz Abad, una nueva Encuesta en la que se abordaban las experiencias y las actitudes de los jueces españoles hacia el Derecho de la Unión Europea.

Los resultados de 2020 son similares a los de 2012 y en ambas Encuestas se aprecia una satisfacción generalizada de los jueces por nuestra pertenencia a la Unión Europea y por su compromiso en la aplicación del Derecho de la Unión.

Los resultados de la Encuesta han sido interpretados por este Segundo informe de la REDUE, (puede consultarse en el número 8/9 de la Revista Aranzadi Unión Europea, RAUE),  en el que hemos participado tres magistrados de la REDUE que tratamos de poner de manifiesto el amplio conocimiento del Derecho europeo, la continua implicación de los jueces españoles en la integración europea y la actitud abrumadoramente positiva hacia la aplicación del Derecho de la Unión y, en particular, hacia el empleo de la vía del reenvío prejudicial.

Ahora bien, los retos de la integración europea para los jueces y, en particular, para los jueces españoles son extraordinarios.

La aplicación de la Carta de los derechos fundamentales es, diez años después de su entrada en vigor, una realidad. Sin embargo, es preciso contar con la implicación del Tribunal Constitucional español y debe tenerse muy en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El espacio de libertad, seguridad y justicia ha cumplido veinte años y se ha convertido en un ámbito en el que la cooperación judicial civil y penal se va perfeccionando y adquiere cada vez mayor relevancia. El derecho de los extranjeros en España ya no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto del Derecho de la Unión Europea y la legislación nacional de extranjería o de asilo revelan una cierta incuria legislativa a la que hay que poner remedio.

La interpretación de la Directiva sobre cláusulas abusivas en la protección del consumidor ha afectado en gran medida a la posición del juez en el proceso requiriendo la jurisprudencia europea una intervención especialmente activa que contrasta con un papel tradicionalmente pasivo del juez español.

Ciertamente, también ha habido decepciones en la Unión Europea. El Brexit ha roto el encanto de una unión cada vez más estrecha, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el ultra vires ha cumplido la amenaza de los guardianes de las ancestrales soberanías y la pandemia nos ha revelado a todos, incluida Europa, más vulnerables. Sin embargo, el Tribunal de Justicia, del mismo modo que lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cada vez están más convencidos y aplican abiertamente el principio de separación de poderes y los ataques a la independencia judicial en Polonia han revelado que la esencia del Estado de Derecho es un juez independiente de los otros poderes del Estado y sometido únicamente al imperio de la ley.

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