- El camino emprendido por la ONU con esta iniciativa no ha estado -y sigue sin estarlo- exento de ciertos recelos y suspicacias
El pasado 26 de mayo de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en la ciudad de Nueva York en el marco de su septuagésimo quinto período de sesiones, aprobaba la resolución 75/282 relativa a la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos.
El camino para llegar a ese hito se había iniciado casi tres años antes -véase informe 73/590 de la Comisión Tercera de la Asamblea General, en su apartado II.E (cláusulas 18 a 23)- con la presentación en noviembre de 2018, por parte de la Federación de Rusia, de un proyecto de resolución titulado precisamente “Lucha contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos” (borrador A/C.3/73/L.9/Rev.1).
La aprobación de la iniciativa rusa permitió que la Asamblea General solicitase del Secretario General, mediante texto definitivo de la propuesta (resolución 73/187, de 17 de diciembre de 2018), un informe que recabase las opiniones de los Estados miembros sobre los problemas a que se enfrentaban en la referida lucha. De ese modo, en el verano de 2019, el nuevo informe 74/130, de 30 de julio, incluiría -junto a otras sesenta- la opinión de España informando de que “la ciberdelincuencia, como consecuencia de la progresiva utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, era una de las principales amenazas, […] constituyendo un verdadero desafío para los servidores públicos que desarrollan su actividad en el ámbito de la seguridad, en particular, y para la sociedad, en general”.
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