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01/10/2022. 19:11:56

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Una Constitución para Guayaquil

director de Goberna & Derecho

Joffre Campaña
director del Centro de Estudios de Derecho Público y Gobierno GOBERNA (Ecuador)

Ecuador se encuentra en pleno proceso de rediseño político. La asamblea constituyente, patrocinada por el partido gobernante, ha extralimitado el mandato popular en virtud del cual se instauró. Esto no ha hecho más que crispar los ánimos de diversos sectores sociales. Los habitantes de la ciudad de Guayaquil, dínamo empresarial del país, han salido recientemente a manifestarse, claman por el respeto a sus instituciones autónomas.

Una Constitución para Guayaquil

En el año 2001 señalé, a propósito de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una Resolución de la H. Corte Suprema de Justicia que pretendía restringir -al igual que ahora el Presidente Correa-  la institución del amparo constitucional, que si se acepta la tesis de que la democracia dejó de ser el sistema en el cual se impone la decisión de la mayoría, y que más bien es el sistema que permite la búsqueda de consensos, no cabe duda  que el principal consenso de una sociedad es precisamente su Carta Fundamental, que no es otra cosa que el instrumento jurídico que recoge los intereses de los diferentes actores sociales de un Estado. Lo anterior significa que una Constitución no es tal si no constituye el resultado de un gran acuerdo social, que no puede ni debe ser excluyente y que en modo alguno puede perennizar la supremacía de una grupo de poder por sobre los demás.  Obrar con exclusión deslegitima el acuerdo y condena a una sociedad a vivir en permanente conflicto, con lo cual la paz social se ve absolutamente amenazada. Ejemplos cercanos los tenemos en Venezuela y en Bolivia, países que, desde esta óptica, carecen de Constitución.

Pues bien, la reciente y multitudinaria marcha de Guayaquil constituyó una evidente demostración de que el conjunto de principios, valores, hechos culturales, tradiciones y sentir de decenas de miles de residentes en la ciudad no está siendo considerado en la actuación de la Asamblea Constituyente, que luego del Golpe de Estado del 28 de noviembre de 2007 ha instaurado en el Ecuador un régimen de facto con la complicidad del Tribunal Constitucional, que ha quedado convertido en una sucursal de Carondelet.

Esta diversa perspectiva de miles de ecuatorianos, llamada a plasmarse en el anunciado "mandato de Guayaquil",  la cual ha sido menospreciada por el Presidente de la República durante sus últimas apariciones en los medios, es en realidad una magnífica oportunidad para convertirse, estructurada jurídicamente, en la Constitución de Guayaquil. No con la finalidad de conformar otra república, sino como un referente de unidad nacional.

La Constitución de Guayaquil, que deberá ser aprobada en consulta local, debe constituir el "covenant" o pacto supremo del que hablaba el profesor Daniel Lutz en su celebre texto "Origins of American Constitucionalism", cuyo carácter incluyente debe constituir el antídoto para la "tiranía de las mayorías" a las cuales se refería James Madison, responsable intelectual de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y sustentar el sistema de pesos y contrapesos concebido originalmente para evitar el sistema recíproco de opresión entre mayorías y minorías planteado por Hamilton y que desembocó en el sistema de división de poderes.

La Constitución de Guayaquil debe ser un documento al alcance de todos, entendible por todos, cuya fortaleza derive de su origen ciudadano y de su finalidad: alcanzar el máximo bienestar posible para todos, en un marco de respeto a la diversidad, de reconocimiento de la libertad, de protección de la seguridad,  de defensa de la paz y de su integración con la indisoluble nación ecuatoriana.

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