Ecuador atraviesa una profunda crisis social, económica, política, democrática y de seguridad. El Estado de Derecho, los derechos y libertades fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas ya no están garantizados. Pese a los diversos estados de excepción decretados por el Gobierno el año pasado, 2022 cerró con un récord de asesinatos en Ecuador, hasta 4.450, duplicándose esta cifra frente a los 2.495 de 2021, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio del Interior. De ellos solo 308 fueron resueltos. Esto eleva la tasa de homicidios a 25,32 por cada 100.000 habitantes, cuando el país llegó a tener una tasa de 4,5 crímenes durante el mandato del ex presidente Rafael Correa, que estuvo en el cargo de 2007 a 2017 y que logró convertirlo en el segundo país más seguro de la región.
Además de que esta situación no ha dejado de empeorar en los últimos años, ciudades como Guayaquil se han convertido en el escenario del crimen organizado y la violencia callejera, pues allí se produjeron el 30% de los asesinatos del país en 2022. Fuera de la zona 8, a la que pertenece Guayaquil, la provincia de Esmeraldas se ha erigido como otro foco importante de violencia, reportándose 488 asesinatos entre enero y mediados de diciembre del 2022, según datos de la Dinased de Esmeraldas (Policía nacional de Esmeraldas). De todas las muertes intencionales, el 86% estarían relacionadas con el narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada.
Como muestra de la gravedad de la situación que sufre la población ecuatoriana, el pasado 2 de diciembre se presentó, en el marco de un evento académico en Olso (Noruega), un informe que alerta acerca de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que se están produciendo en Ecuador, elaborado por cinco ONGs europeas constituidas por ecuatorianos: CEDE (España), GRACIA (Alemania), NOFEC (noruega), ADE (Italia) y ALMA (Francia).
Dicho informe había sido expuesto previamente ante la Comisión y el Parlamento Europeo y otros organismos garantes de los Derechos Humanos, tales como las Naciones Humanas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el informe se recogen cifras esclarecedoras en torno a graves problemáticas sociales y violaciones flagrantes de los derechos humanos que están sufriendo los ciudadanos ecuatorianos y cuyo alcance no deja de aumentar. Entre ellas se mencionan: la violencia carcelaria, el recorte de libertades constitucionales y las faltas al derecho internacional que de manera reiterada se llevan a cabo por el Gobierno ecuatoriano, haciendo especial hincapié en casos como la persecución a Julian Assange y a disidentes políticos tales como la violencia psicológica infligida a los familiares de los asesinados en centros penitenciarios del país. Todo ello ha provocado que Ecuador pase de ser el segundo país más seguro de la región durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa a padecer una terrible inseguridad, tanto que a día de hoy la ciudad de Guayaquil es conocida como la nueva “Medellín de Pablo Escobar”.
Récord de violencia y preocupante inseguridad en las cárceles
En lo relativo a la crisis penitenciaria, si bien el Estado tiene obligación de proteger los derechos de las personas privadas de libertad, no se está cumpliendo con ello. Entre diciembre del 2020 y diciembre del 2022 más de 400 presos perdieron la vida en enfrentamientos violentos sin que el Estado compense su violación de dicha obligación de protección, ya sea mediante una reparación íntegra o garantizando la no repetición de tales actos. Como consecuencia la violencia no se queda en las cárceles, sino que se extiende a las calles en forma de venganza y muertes violentas. Así, en febrero de 2021 se produjo la primera gran masacre y 79 reos fueron asesinados, incluyendo desmembraciones, decapitaciones, violaciones y otras situaciones de tortura. Esto fue tan solo el punto de partida de una violencia carcelaria que se ha recrudecido desde entonces, llegando a contabilizarse hasta siete masacres carcelarias en diversos puntos del país en 2022, tales como Guayaquil, Quito y Santo Domingo. De este modo, y de acuerdo con la advertencia de Amnistía Internacional: “estar privado de libertad en Ecuador se ha convertido casi en una sentencia de muerte”.
A juicio de los analistas, las principales causas que están detrás de la crisis carcelaria son la ausencia de control efectivo por parte del Estado, el hacinamiento en los centros de detención de delincuentes, la escasez de guías penitenciarios, la falta de acceso a la higiene en los centros y los insuficientes e ineficientes programas de rehabilitación social. De hecho, las cárceles ecuatorianas están a día de hoy al doble de su capacidad y, aunque están preparadas para acoger a 20.000 presos, hay 38.000. Por consiguiente, si debiera haber 1 guía para 10 presos, hay 1 para 62. Es decir, hay un déficit del 70% de guías penitenciarios y no hay personal suficiente en áreas indispensables, como son educadores, médicos, psiquiatras o psicólogos.
Por todo ello, la CIDH ha recordado en diversas ocasiones -y por última vez en febrero del 2021- al Estado de Ecuador que el deber jurídico ineludible es realizar acciones para garantizar la vida e integridad personal de las personas que se encuentran bajo su custodia, tales como realizar controles para impedir la entrada de armas en las prisiones y especialmente investigar y sancionar los actos de violencia. Pero no es el único organismo que lo ha hecho, pues en octubre de 2022 el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas denunció la crítica situación del sistema penitenciario.
Sin embargo, lo cierto es que la práctica de masacres carcelarias continúa experimentando una preocupante tendencia al alza sin que el Estado haya demostrado interés y capacidad en ponerle freno, ni a ello ni a los problemas de fondo que originan la violencia en las calles. Entre ellos preocupa la pobreza debido a cuestiones subyacentes como el desempleo, los problemas para el acceso a la salud y a la educación públicas, y de programas sociales para el esparcimiento de los más jóvenes. Según datos del Banco Mundial, después de haber disminuido la relación entre la población pobre y el umbral de pobreza nacional de un 35,1% en 2008 a un 21,5% en 2017, esta ha aumentado constantemente hasta alcanzar el 33% en 2020.
Un Estado ecuatoriano desinstitucionalizado
Asimismo, el informe trae a colación la grave crisis de desinstitucionalización del Estado que está padeciendo Ecuador, la cual atenta contra la democracia y es un lienzo en blanco para acabar con el Estado de Derecho de Ecuador y facilitar prácticas como el lawfare, esto es la persecución judicial contra personas contrarias al actual Gobierno.
Para entender cómo se produce este desmantelamiento de las instituciones hay que remontarse al gobierno de Rafael Correa, cuando en 2008 se creó una nueva Constitución que incorporó instrumentos de democracia popular. El Estado ecuatoriano pasó de conformarse en torno a los tres poderes o funciones tradicionales (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) a disponer de cinco al añadir dos adicionales: la Función Electoral y la Función de Transparencia y Control Social, que entre otras misiones promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público. Esta última agrupa todas las entidades de control y a un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social creado con la finalidad de contribuir a empoderar a la ciudadanía mediante su participación en el control social de la acción pública. Entre las facultades de este Consejo se encontraba el designar a las autoridades de 3 de las 5 funciones del Estado: Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, de acuerdo con un concurso de méritos y oposición y ternas enviadas por la Función Ejecutiva.
Sin embargo, tras el fin del mandato de Rafael Correa llegó al poder Lenín Moreno, quien convocó un referéndum constitucional y consulta popular el 4 de febrero de 2018 sin el dictamen previo y vinculante de la Corte Constitucional, como exige la Constitución y la ley. Mediante ello creó un órgano administrativo transitorio, al que denominó Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, y se alteró la separación de poderes al dotar a la Función Ejecutiva de atribuciones de control sobre las demás funciones, especialmente sobre la Función Judicial. El entonces Presidente eligió discrecionalmente a todos los miembros del Consejo Transitorio y sustituyó la composición completa del Consejo de la Judicatura, Fiscal General del Estado, Defensor del Pueblo, superintendentes, entre otras autoridades. En resumen, el Ejecutivo logró tener un control sobre las autoridades que pertenecían a otras funciones del Estado y es así cómo comenzó la desinstitucionalización del Estado.
Esta intención de desmantelar a las instituciones para privar a los ciudadanos de participación y control sobre las funciones públicas continúa en la actualidad, pues el gobierno del actual Presidente Guillermo Lasso está promoviendo una nueva consulta popular con el fin, entre otros, de quitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una de sus facultades, esto es la elección de autoridades de 3 de las 5 funciones del Estado. Así se pretende que el Consejo ya no elija a las autoridades de control por concurso de méritos y oposición, sino que estas competencias las tenga el poder Legislativo. Además, ese Consejo ya no va a ser elegido por votación popular, sino que los consejeros van a ser nombrados por la Fiscalía General del Estado.
Obligacion de respetar los derechos humanos en tratados internacionales
En el marco del evento de Oslo, el informe fue entregado también a representantes de Parlamentarios noruegos que se mostraron interesados en acatar la exigencia del respeto de los derechos humanos en tratados comerciales con Ecuador, como es el tratado de Ecuador con Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein firmado en el 2018.
El informe coincidió en el tiempo con el examen periódico universal de la ONU al que fue sometido Ecuador en noviembre de 2022 y en el que diversos países realizaron fuertes cuestionamientos a Ecuador por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos, especialmente a la población penitenciaria.
Debido a la grave situación de violación sistemática y reiterada de los derechos humanos que acontece en Ecuador se debe realizar un llamamiento a las autoridades europeas para que miren hacia Ecuador ya que la responsabilidad no es solo regional, sino que también está de este lado.
No en vano, dentro de los principios generales sobre los cuales se sustenta el Acuerdo Comercial de los países andinos y la Unión Europea, que ratificó Ecuador en el 2016 y que entró en vigor el 1 de enero del 2017, se encuentra la “Cláusula Democrática”. Esta establece que el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los principios que sustentan el Estado de Derecho, constituye un elemento esencial del Acuerdo.
«Un elemento esencial del Acuerdo” significa que en caso de violación del régimen democrático o de los derechos humanos por una de las partes, cualquiera de las otras partes, sin perjuicio de los mecanismos existentes entre ellas sobre diálogo político, podrá adoptar en forma inmediata medidas apropiadas de conformidad con el derecho internacional, que podría incluir la suspensión e inclusive la denuncia del Acuerdo.
Así, la concienciación y ayuda internacional es la única esperanza que les queda a los ecuatorianos y ecuatorianas para que 2023 no termine convirtiéndose en un nuevo año marcado por el terror, no solo a la violencia, sino también a que el Estado socave la democracia y los derechos fundamentales de sus propios ciudadanos.
