La creciente demanda por energías más limpias ha hecho que la producción de hidrógeno verde sea cada vez más importante, necesitando de una regulación normativa que respalde el desarrollo de la tecnología y los proyectos de hidrógeno verde en España.
En el contexto español, existen dos aspectos importantes a tener en cuenta en relación con el hidrógeno verde: la necesidad de una regulación adecuada que permita un desarrollo eficiente de proyectos de hidrógeno verde y la posibilidad de inyectar hidrógeno verde en una red de gas para reducir la dependencia de conexiones directas entre productor y consumidor final.
Esta normativa incluye información crucial como la naturaleza del gas renovable, la fuente energética utilizada para su producción, las fechas de inicio y finalización, así como el país expedidor. También incluye detalles sobre el proceso o tecnología utilizada en la producción, información sobre la instalación de producción y el número de identificación del productor de gas renovable según conste en el registro de instalaciones de producción de gas renovable.
Y, por otro lado, existe un proceso de altas, supervisión y reclamaciones. Por consiguiente, los actores involucrados en esta industria están comprendiendo lo que deben esperar en cuanto a este aspecto.
Pero, al margen de lo anterior, queda por definir muchas otras áreas del poliedro que conciernen a la tramitación de los proyectos de hidrógeno verde y las líneas de conexión. En este contexto, la normativa esencial incluye la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, Real Decreto 6/2022 de 29 de marzo, Real Decreto 14/2022 de 1 de Agosto, Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)» y el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Dentro de toda la normativa destacamos los avances introducidos en la Ley 34/1998, por medio del Real Decreto 6/2022 de 29 de marzo, y el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, que dispone que las líneas directas de conexión de una planta de producción de gases renovables con el sistema gasista destinada a la inyección de gas en él quedarán excluidas de la planificación en materia de hidrocarburos y se declaran de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa y ejercicio de la servidumbre de paso.
Además, los dispuestos por el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por medio del Real Decreto 14/2022 de 1 de agosto y el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, que dispone que las líneas directas de conexión de una planta de producción de gases renovables con el sistema gasista destinadas a la inyección de gas en él, son susceptibles de reconocimiento en concreto de utilidad pública.
Lo cual ya dota de cierta tranquilidad en cuanto al acometimiento de inversiones en proyectos de hidrógeno verde tanto en conexión directa como en conexión a la red de transporte de gas.
A nivel autonómico, destacamos el Decreto-Ley de 11 de enero que declara la producción de hidrógeno a partir de energía eléctrica procedente de instalaciones aisladas de generación de energías renovables en Extremadura como de interés general. Este decreto destaca la no necesidad de ninguna autorización administrativa sustantiva y la declaración de utilidad pública e interés social para la expropiación forzosa del suelo destinado a los proyectos de producción de hidrógeno, incluyendo el suelo para la implantación de la instalación aislada de generación de energía renovable y sus infraestructuras auxiliares.
Como conclusión, podemos decir que estamos en el buen camino, y hay que seguir impulsando el desarrollo normativo, tanto para el tipo de proyecto de producción de hidrógeno verde asociado a una planta de producción de energía eléctrica renovable (fotovoltaica, eólica, etc.), como respecto a proyectos relacionados con la movilidad, como pueden ser las hidrolineras, o hidrogeneras, que al estar, muchas de ellas, en núcleos urbanos provoca que tengan impactos normativos mucho más profundos, que requieren de una intervención mucho mayor de distintos órganos de la Administración Pública para dotarlas con las herramientas y formación necesarias y así poder ayudar a tramitar todos estos proyectos.
