La gestión de los recursos humanos de una organización, no es una asignatura optativa, sino una asignatura troncal
El viernes 9 de marzo de 2018 se firmó el Acuerdo Administración-sindicatos que rubricaba el Acuerdo alcanzado el pasado 29 de marzo de 2017. El Acuerdo contiene una referencia retributiva para los años 2018, 2019 y 2020, con un porcentaje de subida fijo más un porcentaje de incremento adicional ligado al crecimiento de la economía y, en el último año, al cumplimiento del objetivo de estabilidad.
Esto supone que, si se cumplen las previsiones del Gobierno el materia de crecimiento del PIB y de cumplimiento del requisito de estabilidad, el incremento podría llegar en los tres años al 8,79 en el total de los salarios públicos.
Este esquema retributivo se completa con un nuevo marco en materia de jornada de trabajo que se admite que la común (37,5 horas y media) se sustituiría por la de otras jornadas ordinarias o especiales. Esto se completa con la indicación de que hasta un 5% de la jornada anual pueda dedicarse al cuidado de menores.
El acuerdo se completa con una referencia a la oferta de empleo público según la cual, aquellas Administraciones que hayan cumplido el objetivo de déficit, deuda y gasto pueden reponer hasta el 100% de la tasa de reposición más un bolsa del 8% para los sectores en los que se considere preciso realizar un esfuerzo adicional que, en el caso de las Corporaciones Locales, puede llegar al 10%.
Este breve resumen nos demuestra que el Acuerdo ha permitido llegar a un terreno de devolución de los derechos debidos en el ámbito retributivo, en el ámbito de la protección y la responsabilidad en las prestaciones sociales y finalmente, en el ámbito de la oferta de empleo.
Si realmente somos sinceros, podríamos decir que son temas en los que la política de emergencia infringió un duro castigo a los empleados públicos, que sólo es posible admitir en términos de solidaridad social.
Consecuencias estructurales
El tiempo va pasando y ahora se comprueba que la solidaridad era necesaria pero que las consecuencias estructurales eran evidentes. La moral de la tropa está por los suelos, el talento se aleja de la Administración, el efecto envejecimiento es evidente y las transformaciones de actividad y de actuación son evidentes. El resultado final no puede ser otro que indicar que existe un claro deterioro de los servicios públicos al menos desde la perspectiva de la funcionarios y los empleados públicos que es, especialmente, perceptible cuando se plantea en términos de comparación. Ahora los empleados públicos y la propia sociedad comienzan a ver que hay otras políticas adicionales a la del recorte de gasto.
A partir de aquí han comenzado a surgir voces que indican que el restablecimiento de derechos no debería ser gratuito, sino que debería ir compensado con nuevas políticas. Nada hay que objetar a esta opinión, especialmente, porque lo que podría ser a cambio de, son elementos que componen la estructura del TREBEP como, por ejemplo, la evaluación del desempeño, la estructuración de la carrera -especialmente- la vertical y la vinculación de muchas políticas públicas a la fijación de objetivos.
Para la implementación de estos elementos -que forman parte del marco legal- cualquier momento es bueno. Pero si abundamos en el argumento, cabe tener presente que la responsabilidad no es del que recibe sino del que da. En términos presupuestarios el que da, es el que tiene disposición de gasto. Y, es aquí, donde nos hemos encontrado un claro déficit. El EBEP se aprueba el 2007 y desde entonces ni la AGE ha aprobado su modelo de función pública, ni la mayor parte de las Comunidades Autónomas han hecho uso de su capacidad de establecer modelos propios.
Realmente es difícil saber cuál es la causa última del abandono de la regulación del empleo público. Probablemente son un cúmulo de causas que van desde la escasa capacidad gerencial de los directivos públicos, la falta de compromiso de los gobiernos con la Administración, la falta de liderazgo real de alguna autoridad pública (nunca hemos tenido a una Margaret Thachert ni un Al Gore), ni realmente hemos hecho aproximaciones más allá de la demagogia y del costumbrismo a la reforma y la propia conformación de la función pública.
Es cierto, sin embargo, que si no puede hablarse se concurrencia de culpas, sí puede decirse que en este proceso hay – por imperativo constitucional- un responsable: el Gobierno.
Un problema que tiende a enquistarse
¿Era una buena ocasión el Acuerdo Administración-sindicatos? La respuesta es sencilla: cualquier ocasión es buena para solucionar un problema que tiende a enquistarse. La falta de legitimación de la Administración frente a la sociedad, de admisión de su relevancia y su papel, hace que las aproximaciones acaben siendo erradas. O cuestan mucho o son muchos o no hacen nada. La pregunta aquí es muy simple ¿Lo tenemos objetivado? Si lo tenemos objetivado, tan malo es saberlo como no solucionarlo. Si no lo tenemos objetivado, lo que realmente es necesario es considerar que esto de la gestión de los recursos humanos de una organización (incluso de las públicas), no es una asignatura optativa, sino una asignatura troncal. Confundir los términos nos has llevado al abandono actual.
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