Incluye Sentencia
La sentencia tiene su origen en los daños derivados de la anulación de las licencias de actividad y obras concedidas en 2003 para construir un apartotel en un solar destinado para uso escolar.
La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pamplona ha condenado al Ayuntamiento del Valle de Egüés a indemnizar a la sociedad Apartamentos Gorraiz con 6,96 millones de euros, al tiempo que absuelve a Construcciones Flores, codemandada en la misma causa.
Apartamentos Gorráiz había solicitado a ambos una indemnización de más de 20 millones de euros por daños derivados de la anulación de las licencias de actividad y obras que le habían sido concedidas en mayo y junio de 2003 para construir un apartotel en un solar que le vendió Construcciones Flores y que estaba en realidad destinado a uso escolar.
Unas licencias que carecían de cobertura en las determinaciones pues eran para un uso no previsto en el planeamiento, según advirtió la Cámara de Comptos, por lo que el pleno municipal las anuló en febrero de 2004 atendiendo un requerimiento del departamento de Administración Local que consideró el apartotel previsto "manifiestamente contrario" al plan.
De hecho el fallo precisa que la actuación de la Administración Local demandada fue "arbitraria, totalmente irrazonada e irrazonable", y en la misma hubo "un error evidente y manifiesto" por lo que el demandante "no tiene el deber jurídico de soportar el daño" que se la ha producido.
Este daño se ha cuantificado en 6,96 millones de euros por los gastos que asumió la empresa demandante pero, sin embargo, se rechazan otras indemnizaciones reclamadas en concepto daño moral, pues no se ha constatado una agresión al prestigio comercial, y de lucro cesante o ganancias dejadas de obtener por una actividad no autorizada, pues se trata de previsiones cuya materialización no está contrastada.
Además la sentencia, que es recurrible, desestima la reclamación presentada por Apartamentos Gorraiz frente a Construcciones Juan Bautista Flores como vendedora de la parcela al entender que para reclamarle una responsabilidad patrimonial el daño sufrido por la demandante se tendría que haber derivado de la actuación de la codemandada y la magistrada no lo aprecia así.
