- La Sala explica que ya ha abordado y resuelto cuestiones similares a las planteadas en el recurso, relativas a la aplicación por la Junta Electoral Central del citado artículo 6.2 de la LOREG
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Parlament de Cataluña contra el acuerdo de la Junta Electoral Central, de 20 de enero de 2022, que dejó sin efecto la credencial del diputado de la CUP Pau Juvillà por la concurrencia de la causa de inelegibilidad sobrevenida prevista en el artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), por haber sido condenado por sentencia no firme por delito de desobediencia.
El Supremo recuerda al respecto que la sentencia 2/2021, dictada el 14 de diciembre de 2021 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Juvillà a la pena de multa de tres meses con una cuota diaria de 12 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno y administración, sean en el ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional por tiempo de seis meses, por considerarle responsable de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 410.1 del Código Penal, precepto incluido en el Título XIX de dicho Código, cuya rúbrica es la de «delitos contra la Administración Pública».
La Sala explica que ya ha abordado y resuelto cuestiones similares a las planteadas en el recurso, relativas a la aplicación por la Junta Electoral Central del citado artículo 6.2 de la LOREG que indica que son inelegibles “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación pena”, y el artículo 6.4 que añade que “las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad”.
El tribunal reproduce, por razones de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, su jurisprudencia en estos casos, que apoya la competencia de la Junta Electoral Central para declarar la inelegibilidad sobrevenida de un diputado y, además, descarta que ello vulnere el derecho al acceso y permanencia en el cargo público del parlamentario, “pues la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el art. 6.2 b) en relación con el art. 6.4. de la LOREG es un elemento de la configuración legal del derecho de participación política del art. 23.2 CE (Constitución Española), que, como es sabido, reconoce y garantiza este derecho con los requisitos que garanticen las leyes; requisitos que, en su configuración de las condiciones de elegibilidad e incompatibilidad, deben ser efectivos”.
