¿Es el teletrabajo una realidad en los ayuntamientos? Podríamos pensar que sí y todavía más con motivo de la actual pandemia sanitaria global, pero en España trabajar a distancia en una administración local no es tan sencillo como pudiera pensarse.
El pasado mes de septiembre el gobierno estatal aprobó el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Esta norma, como normativa de carácter básico, vino a mencionar expresamente la posibilidad de realizar teletrabajo en ayuntamientos; una necesidad que ha sido reivindicada por funcionarios locales desde hace mucho, aunque no fue hasta el surgimiento de la pandemia sanitaria global que padecemos cuando verdaderamente se vio que era necesario regular esta modalidad de trabajo a distancia. Y es que, como viene siendo habitual en nuestro sistema jurídico, hasta que la oportunidad no se convierte en urgente y necesaria, no se aborda su reforma.
En primer lugar, hay que decir que, aunque el citado Real Decreto-ley es verdaderamente la primera norma de nuestro país que trata con ambición el teletrabajo, esta práctica laboral ya se venía ejerciendo muchos años atrás. En el caso de los ayuntamientos, son muchos los casos conocidos de personas que han logrado que la alcaldía les permitiera realizar teletrabajo en parte de su jornada laboral. Lo cierto es que nunca se ha prohibido expresamente esta modalidad, aunque su ausencia de regulación normativa hacía que hubieran muchas reticencias para permitirlo y solo lo autorizaran aquellos ayuntamientos que habían logrado ver sus ventajas antes de que llegara el COVID-19.
Con la aprobación del Real Decreto-ley 29/2020 parece que se abre una puerta a que se pueda autorizar de forma más generalizada esta modalidad de trabajo para los funcionarios de las entidades locales, aunque hay que tomar esta afirmación con cautela. Si nos fijamos en el texto de la norma, lo que principalmente se hace es definir el concepto y regular sobre él aspectos que tampoco vienen a garantizar que, en todo caso, cualquier funcionario pueda optar a esta modalidad de trabajo si su puesto de trabajo lo permite. Quizás hubiera sido necesario establecer el derecho al teletrabajo, al menos en una parte (por pequeña que fuera) de la jornada laboral de los empleados públicos.
Por ello, es muy posible que esta regulación del teletrabajo, aunque es bienvenida porque ya introduce el concepto, acabe suponiendo que dependa, como hasta ahora, de la voluntad de cada uno de los dirigentes políticos de los ayuntamientos permitir o no el teletrabajo esos empleados públicos. De hecho, establecer un derecho al teletrabajo de todo funcionario no hubiera sido tan descabellado, ya que es más que evidente que la mayoría de puestos en ayuntamientos (que son puestos de oficina) son muy susceptibles al teletrabajo o por lo menos en parte de su jornada.
En este sentido, potenciar el teletrabajo traería muchos beneficios para el funcionario pero todavía más para el sistema en su conjunto, ya que, por ejemplo, permite disminuir la contaminación producida por los desplazamientos al centro de trabajo. Este último aspecto medioambiental también debe ser valorado por los ayuntamientos como argumento para autorizar el teletrabajo, puesto que recordemos que, como administraciones públicas, deben perseguir la satisfacción del interés general.
En cuanto a la realidad del teletrabajo en los ayuntamientos durante la pandemia sanitaria producida por el COVID-19, su situación ha sido muy variada en cada entidad local y, de nuevo, ha dependido mucho de la voluntad política de cada consistorio. Sin duda, durante las primeras semanas de confinamiento la gran mayoría de los ayuntamientos autorizaron el trabajo a distancia, en muchas ocasiones, forzados porque era más que evidente que era necesario para evitar contagios. Una vez las medidas se fueron flexibilizando, cada casa consistorial fue adoptando sus propias decisiones. Muchas, con buen juicio, prolongaron el teletrabajo durante bastante tiempo o incluso han sido valientes de seguir permitiéndolo hoy en día, aunque fuera parcialmente; ya que han visto los grandes beneficios que puede suponer, como es aumentar la productividad laboral.
Cuando se inició la pandemia, llegó a ser sorprendente ver que habían ayuntamientos que no están adaptados en absoluto para permitir el teletrabajo a sus funcionarios, y en cambio, por ejemplo, estos mismos ayuntamientos tienen quizás paneles electrónicos interactivos en sus calles que son mucho más sofisticados que lo que necesita un sistema para permitir el trabajo a distancia.
De hecho, en algunos casos la posibilidad del teletrabajo fue más sencilla para aquellas administraciones locales más pequeñas, donde los servicios de administración electrónica son proporcionados a los consultorios por parte de la Diputación Provincial y en la mayoría de los casos a estos servicios de tramitación de expedientes se podía acceder a distancia sin mayores problemas.
En efecto, en muchos ayuntamientos especialmente pequeños ya se permite trabajar desde cualquier lugar; puesto que, en muchas ocasiones, acabar siendo la única forma de poder llegar a todas las tareas necesarias para que el consistorio funcione. Esto es así porque, por ejemplo, en estos municipios las funciones de secretaría-intervención acaban siendo desarrolladas por funcionarios que quizás también lo sean en otra administración local por acumulación de funciones, ante la falta de personal de esta subescala. Por ello, tener sistemas electrónicos para poder trabajar desde cualquier lugar era ya necesario desde hace tiempo y, por tanto, en estos consistorios pequeños el teletrabajo forzoso producido por la COVID-19 no fue tan dramático de implantar.
Por concluir, aunque la regulación del teletrabajo todavía tiene mucho camino por delante, autorizar esta modalidad debe empezar a ser la tónica general en todos los ayuntamientos; ya que el teletrabajo serviría para que los empleados públicos mejoraren su salario emocional. Ello es así porque, para muchos funcionarios, permitir que la administración les permita trabajar a distancia (toda o parte de la jornada) acaba siendo incluso más valorado que una subida salarial, ya que puede llegar a suponer mucha más calidad de vida.
