Práctica Jurídica

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Tras advertir que, en lo que concierne a España, los principales conflictos interpretativos de orden internacional pueden derivar de la acción paralela del TEDH y del TJUE, el autor mantiene que el operador jurídico habrá de hacer valer la jurisprudencia del TEDH si es más favorable, por imposición del propio ordenamiento jurídico de la UE. Pero ello es insuficiente, revelándose necesaria la adhesión de la UE al CEDH propugnada por el Tratado de Lisboa de 2007.

El autor sostiene que, en caso de interpretaciones jurisprudenciales divergentes entre el TC y el TEDH (de manera ostensible, en materia de reagrupación familiar y de contaminación acústica, sobre la base del derecho al respeto de la vida familiar y del domicilio -arts. 18 CE y 8 CEDH), el operador jurídico interno habrá de optar por la jurisprudencia del segundo, a tenor de las cláusulas de apertura internacional impuestas por la Constitución española (en especial, arts. 10.2 y 96.1).

La STC de los Albertos genera inseguridad jurídica y una irrazonable interpretación de la tutela judicial efectiva claramente contradictoria con la jurisprudencia europea y con el propio modus operandi de la jurisdicción constitucional. Por ello, existen serios motivos para articular una doble reacción jurídica frente a ella: en el caso de las víctimas directas, la presentación de una demanda ante el TEDH; y, en el supuesto de potenciales perjudicados (supuestos similares en estado de litispendencia), la invocación de la jurisprudencia del Pleno del TC sobre la materia anterior a 2005 con apoyo a su vez en la jurisprudencia del TEDH.

La doctrina sentada en la STC de los Albertos introduce una interpretación desafortunada del derecho a la tutela judicial efectiva que genera cuando menos dos inconsistencias jurídicas: la primera, una postura sobre la prescripción de los delitos que favorece la impunidad y, correlativamente, una ficticia consecuencia de presunción de inocencia que puede dar lugar a una especie de “efecto boomerang” ante el propio TC; la segunda, un paradójico deseo de los potenciales delincuentes de que la justicia sea tardía para ganar la prescripción de los delitos.

El autor defiende una resolución del TC que deja sin coartada alguna a los que exigen la libertad de expresión como patente de corso para perpetrar delitos de amenazas o del enaltecimiento del terrorismo.

El autor defiende un supuesto de legitimación procesal de los grupos parlamentarios que les permita defender sus derechos e intereses más allá del recinto amurallado del Parlamento.