La Unión de Oficiales, asociación representativa entre mandos de la Guardia Civil, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos de la Junta de Seguridad del País Vasco por la «cesión de competencias en puertos y aeropuertos» en favor de la Ertzaintza.
La asociación recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según el escrito consultado por Europa Press, los puntos 3 y 4 del acta de la reunión de la Junta de Seguridad celebrada el 24 de julio de 2024.
La Junta de Seguridad se celebró en la sede del Ministerio del Interior en Madrid y el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, explicó en rueda de prensa que se había acordado que la Ertzaintza asumiera competencias de orden público y de protección de personas y bienes en puertos y aeropuertos, sin afectar a las funciones «exclusivas» de Policía y Guardia Civil sobre extranjería, control de fronteras, contrabando o fraude fiscal.
La Unión de Oficiales pone el foco en la «ejecución y aplicación de dichos acuerdos por los que a partir del 3 de febrero de 2025 la Ertzaintza ejerce en todos los puertos del País Vasco, incluida la lámina de agua, como policía integral».
A juicio de esta asociación, los acuerdos entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco «no tienen fuerza de ley ni rango suficiente para modificar lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni en la Ley Orgánica 3/1979 de Estatuto de Autonomía para el País Vasco».
Otro recurso por competencias de mossos
El pasado 7 de febrero, esta misma asociación ya presentó otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña por la cesión de competencias en medio ambiente aprobada en la última Junta de Seguridad con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Aquel otro recurso contencioso-administrativo, consultado por Europa Press, sostiene que el punto quinto del acta de la Junta de Seguridad sobre la cesión de competencias en medio ambiente no tiene fuerza de ley ni rango suficiente para modificar lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En la reunión bilateral celebrada a principios de diciembre, el Ministerio y la Generalitat acordaron que los Mossos d’Esquadra asuman las investigaciones de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que tengan lugar en Cataluña, aunque respetando aquellas investigaciones de «dimensión supra o extracomunitaria», que entonces sí serán asumidas por unidades como el Seprona de la Guardia Civil.
La Junta de Seguridad acordó otros puntos como que los Mossos se integraran en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), así como que la Guardia Civil y la Policía Nacional sean activados desde el Sistema de Emergencias 112 para disponer de una «respuesta policial mucho más rápida».
