Una jueza estadounidense interrogó el jueves a abogados que representaban al Gobierno estadounidense y a Arizona sobre la legalidad de la nueva ley inmigratoria del estado que entraría en vigor la próxima semana, pero no ofreció un plazo para un fallo.
Washington busca una orden restrictiva preliminar que bloquee la implementación el próximo jueves de la ley que establece que la policía local y estatal deberá investigar la situación inmigratoria de cualquiera que despierte sospechas razonables de ser un inmigrante ilegal.
La jueza de distrito Susan Bolton consultó a los abogados de ambas partes en una audiencia de 90 minutos si la ley contraviene la autoridad federal sobre inmigración, y si las predicciones de sus críticos de que conducirá a discriminación racial son exageradas e injustificadas.
El Departamento de Justicia se encuentra entre los demandantes -que incluyen grupos de derechos civiles y de defensa de los derechos de los inmigrantes- que han presentado siete demandas separadas que buscan impedir que la ley entre en vigor el 29 de julio.
El fallo de Bolton podría darse a conocer en cualquier momento.
La magistrada pidió al abogado del Departamento de Justicia Edwin Kneedler que explicara cómo la ley estatal se imponía sobre la autoridad del Gobierno federal, diciendo: "¿Por qué no puede Arizona ser tan inhospitalaria como lo desee para la gente que ha ingresado ilegalmente a Estados Unidos?".
También preguntó al abogado de Arizona por la inquietud del Gobierno sobre el impacto en la política extranjera estadounidense. México y otros nueve países de América Latina se han sumado a una de las demandas contra la ley.
La lucha por la ley de Arizona ha complicado los esfuerzos de la Casa Blanca para superar el punto muerto con los republicanos en el Congreso para aprobar una reforma inmigratoria exhaustiva, una tarea ya difícil en un año electoral.
Las encuestas de opinión muestran de manera consistente que la ley de Arizona es apoyada por una sólida mayoría de los votantes estadounidenses, lo que plantea riesgos para Obama al oponerse a la medida.
El mandatario ha advertido que la ley de Arizona podría llevar a la promulgación de leyes estatales contradictorias en todo el país.
El abogado que representa al Gobierno sostuvo que el Washington es responsable por fijar leyes inmigratorias y que la medida de Arizona amenaza con socavar la política exterior estadounidense.
ARIZONA DICE QUE LLAMAMIENTOS HAN "SIDO IGNORADOS"
La gobernadora de Arizona Jan Brewer, quién convirtió la controvertida medida en ley con su firma el 23 de abril, se sentó en la sala repleta durante la audiencia del jueves.
En los exteriores del tribunal declaró a los periodistas que Bolton tenía "una muy buena comprensión (…) de los temas (…) y ciertamente entiende los peligros a los que se enfrentan los residentes de Arizona".
Arizona sostiene que el Gobierno no ha conseguido aplicar las leyes federales de inmigración, lo que obligó a los legisladores estatales a aprobar la ley para contener el flujo de inmigrantes ilegales que ingresan desde México y para reducir el tráfico de drogas y el crimen en el estado.
