El Consejo General del Poder Judicial autorizó el martes la marcha del juez suspendido de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al Tribunal Penal Internacional como asesor, según confirmó el órgano de gobierno de los jueces.
"La Comisión Permanente acuerda participar a don Baltasar Garzón Real, así como a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que desde el punto de vista orgánico no se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal", dijo la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en declaraciones a los periodistas.
El consejo tomó esta decisión el mismo día en que el Tribunal Supremo y la Fiscalía de la misma corte remitieran sendos informes al órgano de gobierno de los jueces en los que permitían que el magistrado pueda aceptar un puesto como asesor en La Haya.
Garzón fue suspendido temporalmente la semana pasada de su puesto como juez instructor de la Audiencia Nacional tras abrirse en el Tribunal Supremo un proceso en su contra por presunta prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo, sabiendo que no tenía competencia para hacerlo.
Un día antes de que se ordenara la apertura de juicio oral, Garzón solicitó ir en comisión de servicios especiales al TPI en calidad de asesor e investigador de crímenes masivos, tras una oferta del fiscal general de la corte con sede en La Haya, Luis Moreno Ocampo.
La Comisión Permanente del CGPJ decidió por unanimidad retrasar la resolución sobre el traslado al TPI a la espera de estos informes y hasta conocer si el fiscal general del TPI mantiene la oferta al magistrado y si el contrato implicaría alguna inmunidad procesal.
Además de la causa del franquismo, Garzón tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por los ingresos que percibió durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar las conversaciones entre los abogados de la trama de corrupción Gürtel y sus clientes encarcelados.
La Fiscalía, que ha solicitado que se archive el caso del franquismo contra Garzón al considerar que no hay delito, también se pronunció a favor del traslado a La Haya.
La suspensión del juez ha sido vista en los ámbitos progresistas como un triunfo de la ultraderecha, cuyos crímenes trataba de investigar Garzón, un juez que ha instruido en España numerosas causas de terrorismo y crímenes contra la humanidad.
La decisión de procesar a Garzón ha levantado polémica en la sociedad española y ha llegado también al extranjero, donde se han sucedido los apoyos a un magistrado que alcanzó notoriedad internacional por intentar sentar en el banquillo al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Garzón siempre ha defendido su inocencia y ha acusado de no ser imparcial al juez Luciano Varela, que ha sido el instructor del caso en el Supremo y ordenó el pasado miércoles la apertura del juicio oral en su contra.
