El Congreso de los Diputados dio un primer paso el martes para refrendar la propuesta de sus dos partidos mayoritarios de modificar la Constitución de manera que asegure la estabilidad fiscal del país en respuesta a una reciente recomendación franco-alemana para la eurozona.
La Cámara Baja tomó en consideración, con el apoyo fundamental del partido gobernante, el PSOE, y del mayor partido de la oposición, el Partido Popular (PP), la reforma del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, que impedirá, mediante ley orgánica, un déficit superior al 0,4 por ciento a partir de 2020.
Un paso posterior para dar luz verde a esta modificación será cuando el viernes el Congreso debata y vote esta propuesta, pudiéndose presentar enmiendas hasta las 1400 horas del jueves.
Hasta ahora, la Carta Magna española solo ha experimentado desde su promulgación en 1978 una reforma por el procedimiento de urgencia cuando en 1992 fue adaptada al Tratado de Maastricht para que pudieran votar los extranjeros en elecciones locales.
SITUACIÓN FINANCIERA INSOSTENIBLE
El portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, defendió enérgicamente la introducción de este cambio en la Constitución española como una respuesta inmediata y contundente a las recientes turbulencias financieras que elevaron la prima de riesgo española hasta niveles máximos desde la introducción del euro, encareciendo drásticamente la financiación del país.
"Las tensiones de los mercados financieros tienen un impacto directo sobre el coste de financiación de la deuda soberana. La prima de riesgo ha llegado a superar los 400 puntos básicos a su record histórico en el mes de agosto y, en otoño, la situación puede agravarse", dijo Alonso en la sesión plenaria.
"Se trata de una situación insostenible si se prolongara en el tiempo porque si sin duda alguna podría poner en serio riesgo las políticas sociales de nuestro estado de bienestar", añadió.
Según Alonso, los ataques de los mercados financieros a la deuda pública española se traducirían en un coste de miles de millones de euros para el Estado, en el caso de mantenerse la prima de riesgo en los recientes máximos alcanzados.
En este difícil contexto financiero, el portavoz socialista afirmó que era urgente apuntalar la existente Ley de Estabilidad Presupuestaria con una regla constitucional que refuerce la solvencia del país y el compromiso de reducción del déficit.
"La decisión es la de llevar el principio de estabilidad a nuestra norma suprema, a la Constitución", indicó.
España ha puesto en marcha desde mayo de 2010 una serie de medidas económicas y fiscales a fin de reducir su déficit fiscal hasta un nivel ligeramente inferior al 3,0 por ciento en 2013 desde un pico del 11,2 por ciento del PIB en 2009.
INUSUAL CONSENSO
El PP también defendió la introducción de la norma de estabilidad presupuestaria en la Carta Magna, sumándose a la propuesta socialista en uno de los contados consensos políticos que han tenido lugar entre los principales partidos del arco parlamentario español en la legislatura que ahora acaba.
La portavoz del mayor partido de la oposición, Soraya Sáenz de Santamaría, valoró como trascendental al consenso logrado entre los dos partidos con vocación de gobierno para la propuesta de modificación del texto constitucional.
"En un momento de incertidumbre económica generalizada, la Constitución nos ofrece un marco sobre el que reconstituir la confianza para dar el máximo nivel a un compromiso político que estamos dispuestos a compartir con vocación de futuro", dijo Sáenz de Santamaría, refiriéndose al límite del déficit fiscal.
"Esta reforma es necesaria, oportuna y responsable", añadió
RUPTURA DEL PROCESO CONSTITUYENTE
El resto de las formaciones parlamentarias, excepto Unión del Pueblo Navarro – que votó a favor de la propuesta – y Coalición Canaria – que se abstuvo -, rechazaron la propuesta de modificación constitucional en base a distintos argumentos tales como de que se trata de una iniciativa innecesaria, inoportuna, precipitada y antieuropea.
Además, algunos de estos partidos opositores criticaron la ausencia de un referéndum, como establece la ley en determinados supuestos cuando se trata de introducir cambios en la Constitución española.
El portavoz del grupo nacionalista catalán, Convergéncia i Unió (CiU), fue más allá en sus críticas a los planteamientos de modificación constitucional al afirmar que supone un quebranto del proceso constituyente en España.
"Se trata de una ruptura del proceso constituyente", dijo el Josep Antoni Duran i Lleida.
Durán i Lleida recordó desde la tribuna de oradores que su partido siempre ha participado activamente en los procesos constituyentes del país, pero que en esta ocasión las dos formaciones mayoritarias han actuado al margen del consenso.
"Ustedes, señorías de las dos bancadas mayoritarias, proceden hoy a la reforma de la Constitución sin contar para nada con nosotros", expresó el portavoz de CiU.
