MADRID (Reuters) – Apenas unas horas después de la consulta ciudadana no vinculante en la que 1,8 millones de catalanes se mostraron favorables a un proceso de independencia, las llamadas al diálogo y a una reforma constitucional que abra la puerta a una salida política se multiplicaron el lunes.
Tras varios meses de comunicación solo a través de los tribunales o de los medios de comunicación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el de Cataluña, Artur Mas, se han emplazado a un encuentro todavía no concertado o desvelado.
Tras una reunión de su Ejecutiva para analizar el resultado de las simbólicas urnas, el principal partido nacional de la oposición, el Partido Socialista, instó al presidente del Gobierno a abandonar su "inmovilismo" y unirse en una reforma constitucional"
"Hoy España está más débil por la inmovilidad de (Mariano) Rajoy", dijo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras acudir a una reunión del Partido Socialista de Cataluña (PSC) en Barcelona.
Sánchez aprovechó la ocasión para reiterar que su partido ha propuesto una reforma constitucional en la que espera que participe el gobernante Partido Popular.
"El señor Rajoy tendrá que decidir si quiere afrontar esa reforma (constitucional) … hacia una España federal (…) o si prefiere quedarse en el inmovilismo", dijo Sánchez.
Tanto el PSC como su socio nacional han defendido hasta ahora el derecho de los catalanes a manifestar su opinión sobre la independencia, pero solamente dentro de un marco legal que actualmente no permite la Constitución española de 1978.
Tras suspender el Tribunal Constitucional las dos consultas planteadas en Cataluña, incluida la del domingo, el propio presidente catalán, Artur Mas, defendió la víspera que el resultado avalaba la negociación para un referéndum legal y acordado.
"El problema no es de tiempos, casi ni de contenidos, es de voluntad de acuerdo, de disposición al diálogo y, por desgracia, a día de hoy el gobierno catalán y el de España han sido incapaces de tener una relación mínimamente sensata, solo se hablan a través de los tribunales y son incapaces de resolver el problema", dijo el líder del PSC, Miquel Iceta, para añadir que la propuesta de su partido era esa reforma constitucional.
El líder del PSOE reiteró que esa reforma tendría un carácter federal.
"Mi ambición es ser el nuevo presidente del Gobierno para hacer de España una España federal", dijo Sánchez.
Desde La Moncloa no hubo una reacción a una consulta que el Ejecutivo desoyó por ilegal y que considera un acto de propaganda sin ninguna consecuencia, aunque algunos miembros del gobernante Partido Popular siguieron echando leña al fuego por boca de su secretaria general.
"Lo que vimos ayer es un simulacro inútil, estéril y al margen de la legalidad", dijo María Dolores de Cospedal. El sábado Rajoy habló de "recuperar la cordura" tras el 9N.
Desde el Gobierno catalán, en espera de una comparecencia de Mas el martes y a pesar de manejar un doble discurso, se apeló a una voluntad más dialogante.
El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, habló de "voluntad negociadora" y "civismo", aunque también advirtió de que "tener una actitud dialogante no quiere decir que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer". Homs se refería aquí a la opción de convocar unas elecciones anticipadas en forma de plebiscito en el caso de que no se pueda pactar una consulta vinculante con el Gobierno central.
Desde el grupo independentista de izquierdas ERC – claro favorito en unas eventuales elecciones regionales y extraño aliado temporal del gobernante CiU en la consulta – se instó a unas elecciones anticipadas inmediatas.
El gobierno presidido por Artur Mas tiene una frágil posición en el parlamento y ha tenido que prorrogar los presupuestos por falta de apoyo. Un eventual respaldo del PSC -juntos concentran 70 de los 135 escaños en el Parlament – permitiría aprobar las cuentas y agotar la legislatura.
Según datos todavía provisionales facilitados por la Generalitat catalana, un total de 2,23 millones de catalanas acudieron el domingo a votar, con un 80,76 por ciento de los votos en forma de doble sí: "Sí, quiero que "Cataluña sea un estado" y Sí, quiero que "ese estado sea independiente". Un 10,1 por ciento votó "sí" a la primera y "no" a la segunda, mientras que un 4,5 optó por el "no" a las dos.
Aunque el sentimiento de identidad catalana y la pretensión de mayores competencias autonómicas son claramente mayoritarias en Cataluña, el movimiento independentista se ha visto desbordado en los últimos años precisamente por la falta de diálogo entre el gobierno regional y el central y por el permanente cruce de acusaciones y sentencias.
El punto de inflexión de las reivindicaciones independentistas se remonta a la "afrenta" que supuso que el Tribunal Constitucional tumbase en 2010 parte de un ansiado Estatuto de autonomía que fue refrendado en 2006 por el Parlamento nacional.
La amibición de ser una "nación" que negó entonces el tribunal podría ser alcanzable si se reforma la constitución y, para eso, es necesario un voto vinculante y a nivel nacional.
