MADRID (Reuters) – El paro volvió a ser el problema más mencionado por los españoles en el barómetro del Centros de Investigaciones Sociológicas, publicado el viernes, poco después de que se conocieran los últimos datos de desempleo en España.
Así, el 77,1 por ciento de los encuestados mencionó el paro entre sus tres principales preocupaciones, seguida con el 39,5 por ciento que aludió a los problemas de índole económica. En tercer lugar aparecen, mencionados por un 29,8 por ciento de los encuestados, "los políticos en general, los partidos y la política".
Además, el 22,3 por ciento de los trabajadores considera muy o bastante probable perder su empleo durante los próximos 12 meses, mientras que el 60,9 de los parados ve poco o nada probable encontrar un trabajo el año que viene, ante el sombrío panorama laboral.
El paro registrado en España bajó en diciembre rompiendo una racha alcista de cuatro meses, pero la afiliación a la Seguridad Social se desplomó, lo que analistas atribuyeron a la estacionalidad del mes y a la peor cara de la crisis económica que sacude al país, aludiendo a la salida de jóvenes españoles al extranjero y el regreso de inmigrantes a su país de origen.
Mientras el desempleo bajó en diciembre en 59.094 personas – la mayor caída en este mes en toda la serie histórica – la afiliación al sistema de la Seguridad Social se desplomó en cerca de 90.000 personas, según datos del ministerio de Empleo.
Algo más de nueve de cada diez de los encuestados por el CIS (el 92,5 por ciento) describió la situación económica española como mala o muy mala, con un 72,6 por ciento que la ve peor que el año anterior.
En cuanto a las previsiones de futuro, la mitad de los españoles cree que la situación dentro de un año será peor, mientras que un 29 por ciento no espera cambios y tan sólo el 13 por ciento cree que será mejor.
Quizá por eso el 64,5 por ciento de los españoles cree que el principal objetivo de la sociedad española en los próximos cinco años debería ser luchar contra el paro. Le siguen a gran distancia la lucha contra la corrupción política (mencionada por el 16,5 por ciento) y mantener la calidad de los servicios públicos, que el 7,2 por ciento considera el principal objetivo.
