MADRID (Reuters) – La mayoría absoluta parlamentaria de la que dispone el Partido Popular le permitió el jueves volver a superar las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local presentadas por prácticamente todo la oposición, iniciando así su tramitación parlamentaria.
Según el Gobierno, la aplicación de esta ley, aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de julio, supondrá un ahorro superior a los 8.000 millones de euros. La mayor parte de este ahorro proviene de la eliminación de competencias de las entidades locales.
En el texto desaparece el conocido como coste estándar, reemplazado por la publicación obligatoria del coste efectivo de sus servicios, medida con la que se pretende avanzar en materia de transparencia.
"Se tendrán en cuenta los costes reales conforme a los datos de ejecución de gastos", señaló el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la presentación del proyecto de ley.
Asimismo, la ley busca reforzar el papel de las diputaciones provinciales en la coordinación de servicios mínimos obligatorios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, incentivando además la fusión entre ellos.
Hasta 10 partidos presentaron enmiendas pidiendo la retirada del texto. Negociaciones de última hora hicieron que el PNV retirara su enmienda, después de que el Gobierno aceptara reconocer la singularidad de su régimen foral para el País Vasco.
La mayoría de partidos de la oposición denunciaron que la ley invade las competencias autonómicas, recogidas en los estatutos. Por este motivo CiU, a pesar de haber negociado también hasta el debate, decidió no retirar su enmienda a la totalidad.
"Podemos entender que este proyecto de ley no sirve para España, pero estamos seguros de que no sirve para Cataluña. Ni sirve, ni respeta la voluntad de autogobierno de Cataluña en materia local", dijo el diputado de CiU Carlos Páramo.
Mientras el Gobierno negociaba con el PNV y CiU, el Congreso se convirtió en escenario de diferentes actos de defensa y rechazo de esta ley.
Por un lado, Montoro se reunió con alcaldes del PP, entre ellos el presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, para presentar una declaración pública en apoyo de la ley.
"Viene a dar respuesta a reivindicaciones históricas del municipalismo", reza el manifiesto, que destaca que "va a eliminar la superposición de competencias entre administraciones" y en respuesta a la oposición aseguró que "no se va a suprimir ningún servicio, pero sí se establecen mecanismos para que no haya solapamientos ni duplicidades, sino sólo una administración que los preste".
Por su parte, los socialistas escenificaron su rechazo a la ley con una fotografía frente a los leones del Congreso, con alcaldes contrarios a la ley, entre los que se encontraba el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero.
"Hoy es el día más negro del municipalismo español en la historia de la democracia", señaló Caballero.
Los alcaldes socialistas denunciaron que la norma aleja la administración del ciudadano, privatiza en gran medida los servicios que éstos reciben y desmantela los servicios sociales. Los alcaldes socialistas ya habían escenificado días antes otro acto de protesta en Madrid.
