MADRID (Reuters) – El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles una resolución que despeja las prospecciones de petróleo a 50 kilómetros de la costa de las Islas Canarias que Repsol pretende iniciar en el último cuarto del año.
En la resolución del Ministerio de Industria firmada por el director general de política energética y minas, se especifica que la autorización tiene validez inicial de tres años y que, al margen de otras garantías y seguros, Repsol debe constituir una garantía financiera de 20 millones de euros para cubrir responsabilidades ambientales.
El pasado mes de junio, la petrolera española salvó el último gran escollo para unas prospecciones que han levantando cierta contestación social y política en Canarias tras conocerse que el Tribunal Supremo desestimaba siete recursos interpuestos en contra del proyecto.
Previamente, Repsol había conseguido el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente con una declaración positiva de impacto ambiental que permite hasta tres sondeos de exploración, denominados Sandía, Zanahoria y Chirimoya que se realizarán mediante un barco, sin la construcción de instalaciones permanentes.
Repsol invertirá 350 millones de dólares en las dos prospecciones que prevé realizar de las tres autorizadas. En caso de que estas tengan un resultado positivo, la petrolera española destinará hasta 7.000 millones de dólares durante los cinco años previstos de desarrollo del proyecto, hasta 2019.
La fase de producción, prevista para un periodo estimado de 20 años, necesitaría de otros 5.200 millones de dólares para la extracción del crudo.
La petrolera estima una media de 330 millones de barriles recuperables de petróleo de la prospección denominada Sandía y de 107 millones de barriles en el proyecto Zanahoria, las dos prospecciones previstas.
Para la primera, la probabilidad de éxito geológico se sitúa entre el 12 y el 20 por ciento y el 14 por ciento para el segunda.
Los sondeos han provocado polémica entre distintas asociaciones medioambientales y enfrentan el rechazo frontal del Gobierno canario, que cree que podrían dañar la principal fuente de ingresos de la región, el turismo.
La Comunidad Canaria está gobernada por Coalición Canaria junto con el Partido Socialista, ambos rivales políticos de Soria hasta que fue nombrado ministro de Industria.
El proyecto está liderado por Repsol, que cuenta con el 50 por ciento de un consorcio que participan con un 30 por ciento por la australiana Woodside y con un 20 por ciento por la alemana RWE Dea.
