España vive el martes una jornada de huelga de los empleados públicos que en diversos ámbitos ha sido vista como la antesala de una posible huelga general si el Gobierno opta finalmente por imponer una reforma laboral unilateral.
Los sindicatos han llamado a la huelga a los más de 2,5 millones de empleados públicos para protestar por los recortes salariales aprobados hace un par de semanas en el Real Decreto con el que el Gobierno asumió las tesis de la UE y anunció recortes extraordinarios del gasto de 15.000 millones en 2010 y 2011.
Los paros, que podrían afectar particularmente a los ámbitos sanitario y de educación, se verán complementados con una serie de manifestaciones en las principales ciudades del país bajo el lema "No a los recortes salariales y sociales".
Sin apenas apoyos en el Congreso, con amenaza de elecciones anticipadas, el opositor Partido Popular en posición de mayoría absoluta según los sondeos, amenazas sindicales de huelga general, empleados públicos descontentos y una tasa de paro superior al 20 por ciento, el Gobierno español trata de cerrar precisamente ahora una reforma laboral que los mercados consideran indispensable.
La convocatoria de huelga de los empleados públicos se produce a una semana y media de cumplirse el plazo dado por el Ejecutivo socialista a sindicatos y empresarios para pactar una reforma. El Gobierno ya ha anunciado que, en todo caso, aprobará una modificación del mercado laboral el próximo 16 de junio, aunque sea de manera unilateral.
Es en este escenario en el que se contempla la posibilidad de una huelga general que sería la primera en España desde el año 2002.
"Todas las estructuras del sindicato deben activarse para situar en el horizonte la convocatoria de una huelga general", afirma Comisiones Obreras en una publicación propia. El mayor sindicato español por afiliados ya dijo la semana pasada que considera prácticamente "inevitable" la huelga general.
